Como un claro signo de la nueva etapa de la democracia mexicana debe entenderse la convocatoria que el presidente Ernesto Zedillo formuló el primero de septiembre para el diseño de una ``política económica de Estado'', que asegure el crecimiento a largo plazo. Convocó a todas las fuerzas políticas representadas en el Congreso a trabajar para que México cuente no sólo con una política de gobierno, sino con una política de Estado para el crecimiento económico como medio para alcanzar la justicia social.

Nadie puede negar que el país estrena una nueva correlación de fuerzas políticas y que la disputa por espacios de poder, dentro de un marco democrático de equidad y transparencia, es una realidad. Por tanto, si el objetivo de la política económica de Estado es alcanzar la justicia social, todos estamos convocados: partidos, sindicatos, organismos empresariales, organizaciones sociales, agrupaciones políticas, instituciones de educación superior, intelectuales, académicos y la sociedad civil en su conjunto. No hay mejor manera de entrar en la ``normalidad democrática'' que reflexionando, debatiendo y consensuando para ampliar, con inteligencia, la capacidad de maniobra del país en el marco de un sistema económico globalizado.

El 6 de julio nos enseñó que cuando gana la nación nadie pierde. Por eso hoy podemos pensar que la democracia, cuando es conducida con madurez, responsabilidad y patriotismo, deviene en el más firme soporte a la viabilidad económica del país.

La competencia política en el contexto de un sistema equitativo de pesos y contrapesos y de mecanismos institucionales para ``administrar'' el conflicto, brinda certeza económica y define como objetivos centrales de la política económica: privilegiar el crecimiento, distribuir equitativamente la riqueza, ampliar la capacidad de generación de empleos, por medio del control de la inflación, el incremento en el ahorro interno y con un sistema financiero estable.

Para que todo esto sea posible una cuestión será clave: la actitud con la que concurran los actores; una visión o una postura intransigentes o la incapacidad para reconocer las capacidades del ``otro'' reducirían el potencial transformador de la convocatoria, empantanando la propuesta en disputas menores.

El mensaje más trascendente del presidente Zedillo el día del Informe es el que subyace en su convocatoria para construir una política de Estado: avanzar en la conformación de un acuerdo social incluyente. La respuesta a esta convocatoria, más allá de la que ofrecerá el Congreso, correrá por cuenta de la sociedad. El desafío será cómo participará la sociedad en algo que en esencia le corresponde: la definición de su futuro.