``Cuidarnos las espaldas'', la prioridad en la PGR, asevera

Juan Manuel Venegas, Ciro Pérez Silva y Oscar Camacho Guzmán Ť Debido a que el actual sistema de justicia penal ``propicia impunidad, incremento de la criminalidad, inseguridad pública y desconfianza social'', el procurador general de la República, Jorge Madrazo Cuéllar, propuso a los diputados de la 57 Legislatura ``una profunda reforma al sistema de justicia'' que destrabe los obstáculos a la actuación del Ministerio Público y garantice el equilibrio entre los derechos de las víctimas y los victimarios.

De persistir el actual modelo, agregó, se tornará cada vez ``más denso el círculo perverso mediante el cual el Ministerio Público acusa al juez de dictar sentencias absolutorias o de no encausamiento penal debido a oscuros intereses y la respuesta de los jueces de que tales determinaciones se deben a las inconsistencias, fragilidad y deficiencia de las investigaciones''.

En su comparecencia de ayer ante el pleno de la Cámara de Diputados, Madrazo Cuéllar abordó cada uno de los grandes problemas que enfrenta la institución de la que es titular, de los cuales ninguno tiene pronta solución, reconoció, y expuso algunas de las medidas que viene impulsando para ``la depuración'' de la Procuraduría General de la República (PGR), dependencia en la que ``es una prioridad cuidarnos las espaldas'' y establecer las garantías ``para que no se nos vaya a dar una puñalada por la espalda''.

En ese contexto, explicó que la participación de ``algunos militares'' en las funciones de la PGR se debió a que a su llegada el 2 de diciembre del año pasado, ``no encontré el personal civil que pudiera desplegar con honorabilidad y con eficacia las tareas para las cuales invité a colaborar'' a los miembros del Ejército Mexicano, del que ``estoy muy agradecido por el apoyo que he recibido''.

Por ello, calificó como el ``caso más doloroso'' la consignación de Jesús Gutiérrez Rebollo, cuyo recuerdo de ``su traición'' provocó el único momento de exaltación en toda la comparecencia de Madrazo: ``Con él compartimos el pan y la sal --azotó la mano derecha sobre el atril--, pero no vamos a actuar con sentimientos de venganza, sino con sentimientos de justicia y hemos presentado cargos ¡y presentaremos más en contra de ese general corrupto!''.

En otro orden, y ante la insistencia de la diputada perredista María de la Luz Núñez Ramos, el procurador general de la República indicó que se revisarán los avances en el caso de la matanza de 17 campesinos en Aguas Blancas, Guerrero, y dejó abierta la posibilidad de que la dependencia retome la investigación.

Mayor protección a las víctimas

Desde su presentación ante el pleno camaral, Madrazo Cuéllar delineó el paquete de reformas que pretende impulsar no sólo en el ámbito de la procuración de justicia, sino que incluyó la esfera de la impartición de justicia, concentrando su atención en el procesamiento penal. Mencionó que debe revisarse y adecuarse la articulación de la función del Ministerio Público como instancia de acusación y la función de jueces y tribunales como instancias de resolución.

``Huelga decir que en las actuales circunstancias el sistema ha propiciado impunidad, incremento de la criminalidad, inseguridad pública y desconfianza social. El círculo perverso mediante el cual el Ministerio Público acusa al juez de dictar sentencias absolutorias o de no encausamiento penal debido a oscuros intereses, y la respuesta de los jueces de que tales determinaciones se deben a la inconsistencia, fragilidad y deficiencia de las investigaciones ministeriales, se vuelve cada día más denso en detrimento de la justicia, de los justiciables y de la sociedad entera'', sostuvo el funcionario.

Se refirió entonces a su propuesta de modificación al artículo 19 constitucional, mediante el cual se exige al Ministerio Público ``que de lo actuado aparezcan datos suficientes que acrediten los elementos del tipo penal del delito que se impute al detenido''. En esos términos, dijo, ha provocado que en la práctica los jueces requieran al Ministerio Público la comprobación fehaciente de la comisión del delito y de la probable responsabilidad del acusado.

``Esta situación está generando la desnaturalización de la averiguación previa y del mismo proceso jurisdiccional'', dijo, ya que aunado al artículo 20 constitucional, provoca que en los hechos el Ministerio Público asuma el papel de juez y parte, y que el proceso jurisdiccional sólo sirva para ratificar, rectificar o revocar lo actuado por la autoridad ministerial. ``Esto nada tiene que ver con un derecho penal moderno y democrático''.

Madrazo Cuéllar advirtió que la revisión del sistema de enjuiciamiento penal supone abandonar dogmas y mitos que en nada coincide con la realidad de una delincuencia cada día más organizada y beligerante; supone analizar plazos y términos que están apartados de los imperativos de la cotidianidad; supone actualizar los equilibrios de un sistema que debe seguir garantizando los derechos del presunto responsable, pero armonizados con los de las víctimas y los de la sociedad que, con toda razón, está harta de la impunidad.

Luego, en la sesión de preguntas y respuestas, la diputada panista María de la Soledad Baltazar Segura manifestó su ``preocupación'' por la propuesta de Madrazo, ya que ``al parecer se duele de la disposición constitucional y pretende modificarla para otorgar mayor flexibilidad al órgano acusador en el ejercicio de la acción penal, lo cual significaría una regresión''.

A la observación de la legisladora panista, Madrazo reviró, aclarando que ``nada está más alejado'' de sus pretensiones que buscar que el proceso penal deje de ser un proceso de garantías: ``No, lo que yo he tratado de comunicar es que reflexionemos juntos acerca de los balances y los equilibrios que deben tener todos los actores y los protagonistas de una causa penal. Sí, garantizar los derechos del presunto responsable y del procesado, pero también los de la víctima y también los de la sociedad que exige que no exista impunidad, que se cierren los espacios de la impunidad''.

Y se quejó: ``En realidad lo que está pasando con el proceso jurisdiccional es que más que enjuiciar al presunto responsable se enjuicia la actividad del Ministerio Público, y yo creo que preservando totalmente los derechos fundamentales de los procesados se pueden dar alientos constitucionales y legislativos para este mejor balance del proceso. Esta es una propuesta y la invitación es que la reflexionemos juntos''.

Baltazar Segura le tomó la palabra y en su réplica al funcionario le indicó que los legisladores ``esperaremos su iniciativa de ley'' para buscar los equilibrios en el proceso penal que reclamó Madrazo.

La ineficaz policía mexicana

Uno de los puntos que más abordaron Madrazo y los legisladores de PVEM, PT, PAN, PRD y PRI fue el de la urgente conformación de una policía más profesional y capacitada. En este rubro, el procurador no tuvo más que reconocer que la policía federal es ineficaz ``porque no sabe hacer una verdadera investigación''.

La policía mexicana --dijo el funcionario-- ``está acostumbrada al pitazo, a la detención sin orden judicial y sin flagrancia o sin que fuese un caso urgente; a no presentar al detenido ante el Ministerio Público, sino llevarlo a una casa de seguridad, a trabajarlo o a calentarlo, y eso es cometer actos de tortura, de intimidación y de extorsión y de amedrentamiento a sus familias''.

Esos actos se siguen cometiendo ``debido a que la investigación científica del delito no ha despegado'' y por eso la importancia de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada que, según Madrazo, permitirá avanzar en el ``trabajo de inteligencia en materia de narcotráfico, secuestros, robo en carreteras, tráfico de personas y de órganos'', entre otros delitos que considera dicha legislación.

Ese trabajo ``es todavía muy incipiente, pero ya empezamos'' y se espera que pronto rinda sus primeros resultados, sobre todo en materia de profesionalización y capacitación policiaca.

Por cierto, cuando se refirió al alcance de la mencionada ley contra el crimen organizado, el procurador de la República reconoció que antes, cuando fue titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la calificó de injusta y violatoria de las garantías constitucionales. Sin embargo, ahora que ``me he sentado en el despacho del procurador, me he dado cuenta que esa ley, sus medidas, son necesarias..., esas y otras'', para hacer frente a los grupos organizados para el delito.

Y por lo que hace a la depuración o renovación de personal en la Procuraduría, Madrazo destacó que esa es otra de las grandes reformas que impulsará en su paso por la institución. Para iniciarla, destacó la creación del Centro de Control de Confianza ``capaz de desplegar un conjunto de cinco exámenes que con objetividad puedan discernir sobre el grado de confiabilidad de un servidor público''.

A raíz de la creación de ese centro y la desaparición del Instituto Nacional para el Combate a las Drogas (INCD), ``cuya penetración por el narcotráfico y deterioro interno eran evidentes'', han sido destituidos e inhabilitados 270 servidores públicos, de los cuales 192 han sido consignados por su presunta responsabilidad en la comisión de diversos ilícitos.