Jorge Legorreta
Institucionalidad policiaca en crisis

Las instituciones de seguridad atraviesan una grave crisis. Las inteligencias de los cuerpos policiacos se encuentran rebasadas por la delincuencia. Hay claras muestras de la incapacidad de las corporaciones de seguridad para reducir la ola de violencia que nos envuelve cotidianamente: asaltos a bancos, a menajes de ex embajadores, a familiares de altos funcionarios, a cientos de automovilistas y peatones, así como los crecientes secuestros a empresarios.

Nada se resuelve, sólo aparecen como respuesta los silencios posteriores a las denuncias. Sin distinción de clases sociales, los ciudadanos nos encontramos a merced del hampa. La inseguridad se ha convertido en parte indisoluble de nuestras relaciones sociales.

A esta situación hay que sumar las dudas sobre la credibilidad de los mandos policiacos y las tendencias que toman las acciones de los cuerpos de seguridad.

La tarde del lunes pasado hubo en la colonia Buenos Aires un acto más de violencia, donde delincuentes armados y pertrechados en las azoteas dieron muerte a un policía. Al otro día, los cuerpos de tres jóvenes de la misma colonia fueron descubiertos, en las minas de arena de Tláhuac, con los rostros desfigurados. En la opinión pública se provocó una confusión cuando los titulares de la Policía trataron de negar la vinculación de ambos hechos, y más precisamente cuando el general Salgado afirmó al noticiario 24 horas del martes que ``absolutamente nada'' tuvo que ver su corporación en tales muertes. Tal declaración la puso en entredicho el testimonio radiofónico, en Monitor matutino del miércoles, de la hermana de uno de los jóvenes asesinados, asegurando que vio cuando miembros del grupo Jaguares de la policía del DF se llevaron a su hermano la tarde del lunes, el cual resultó a la postre uno de los jóvenes masacrados.

Los hechos incursionan en el ámbito político. Dejar crecer la confusión y las dudas sobre la participación de la policía en tales hechos, aumentaría peligrosamente la no credibilidad y la irritación social contra nuestros cuerpos de seguridad, independientemente de quienes estén al frente de ellos. Por eso es urgente esclarecer los hechos: ¿eran o no delincuentes los jóvenes asesinados?

¿Quiénes fueron las corporaciones policiacas que participaron en su detención y ejecución? De comprobarse tal actividad delictiva de los jóvenes asesinados, como al parecer son los inmediatos propósitos de las autoridades, estaríamos ante una descomposición de las estructuras y el marco jurídico de la impartición de la justicia.

Si efectivamente los jóvenes fueron delincuentes detenidos y acribillados por la propia mano de la policía, estaríamos comprobando la incapacidad de los órganos de procuración de la justicia para ejercer sus funciones. Es muy probable que el acto sea de venganza, pero también que fuera motivado por la impotencia de los miembros de la policía al ver a los delincuentes detenidos nuevamente en la calle. Los vecinos de la Buenos Aires comentan que más tardan los operativos en detener al delincuente, que éste en salir libre.

Así, los operativos no sólo estarían fracasando para eliminar la delincuencia, pues los robos continúan; también podrían seguir alimentando las acciones ilegales de una policía que no ve otra alternativa que ejecutar directamente a los delincuentes.

Tales acciones no hacen más que vulnerar aún mas nuestras instituciones de seguridad. Es cierto que todos anhelamos la erradicación de la violencia y la delincuencia, pero no a costa de permitir que la policía se convierta en ejecutante directa, sea por venganza o por la impotencia provocada por las redes de corrupción que mantienen la impunidad de los delincuentes.

La procuración y la impartición de la justicia deben prevalecer en sus instituciones, como las Procuradurías y los Ministerios Públicos. Si no funcionan, como parece ser, hay que proceder de inmediato a legislar las reformas jurídicas sustanciales para eliminar los vacíos que permiten tal impunidad. Ahí se tiene otra de las tareas de nuestra Cámara de Diputados, de los asambleístas y del nuevo gobierno del DF.