Más que renuncias, importa saber qué ocurrió, señala Cárdenas

Triunfo Elizalde, Elizabeth Velasco, Andrea Becerril y Antonio Castellanos Ť ``El general Enrique Salgado Cordero debe renunciar a su cargo en tanto se investiga y aclara la ejecución sumaria de tres presuntos delincuentes, aprehendidos por elementos del Grupo Jaguares'' en la colonia Doctores, pide David Fernández, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez.

Todo pareciera indicar, añadió, que estamos frente al inicio de una acción de ``escuadrones de la muerte''. Hizo saber que los hechos anteriores ya fueron comunicados ``de inmediato a Bacre Ndiaye, relator especial de la ONU en contra de Desapariciones Forzadas y Ejecuciones Extrajudiciales.

Con él coinciden en criticar la actuación de la Secretaría de Seguridad Pública, ``por la violación flagrante de los derechos humanos y la propia seguridad de los habitantes del Distrito Federal'', Oscar González, Rocío Culebro y Sergio Aguayo, dirigentes de la Academia Mexicana de Derechos Humanos, de la Red Todos los Derechos para Todos, y de Acción Cívica, respectivamente.

Para el embajador González, ``este es el momento de revisar el desempeño, objetivos, estrategia y resultados de los operativos policiacos que tanta inconformidad han despertado entre la ciudadanía capitalina. El triple homicidio, hayan sido o no delincuentes, a manos de elementos policiacos es un aviso que no puede ignorarse, una señal nada positiva contra la sociedad metropolitana. Se requiere de una respuesta oficial rápida que clarifique quién es el responsable directo de esos operativos. ¿Dónde está quien los ordena, y por lo mismo es el responsable directo de los resultados que nos preocupan?''.

``Estamos frente a una ejecución sumaria, extrajudicial, pero sumaria'', dijo Roció Culebro, y agregó: ``Este triple asesinato es el reflejo de la descomposición total del aparato que se supone debiera brindar seguridad e impartir justicia; lo que se ha logrado es intimidar, horrorizar y exigir que se paren esas acciones que atentan contra los derechos humanos y violan las garantías individuales constitucionales. Me pregunto ¿qué pretexto pondrá ahora la Secretaría de Relaciones Exteriores para seguir no autorizando la visita a México del relator especial de la ONU, en materia de Ejecuciones Extrajudiciales?''.

Por su parte, Sergio Aguayo, de Acción Cívica, al opinar en torno de la ejecución sumaria de que fueron objeto los tres individuos encontrados en un paraje de la delegación Tláhuac, expresó: ``Se trata de una salvajada. Es la consecuencia de jugar con la fuerza bruta como forma de solución a la delincuencia, la cual es inaceptable... nos encontramos ante una situación en la que uno no sabe qué pensar o creer de la policía; su actuación está totalmente al margen de la ley que ella debiera respetar como representante del orden, y miren, al parecer actúa matando extrajudicialmente a quienes aprehende''.

Piden renuncias y más renuncias

Especialistas en derecho constitucional y penal de la UNAM condenaron enérgicamente el asesinato de los tres jóvenes localizados la víspera en la delegación Tláhuac, y además de exigir la renuncia del procurador general de Justicia del DF, de los jefes de las corporaciones policiacas capitalinas y hasta del propio regente, exigieron que se inicie una averiguación previa en su contra.

Subrayaron que los operativos militares, las razzias y las acciones represivas e ilícitas de los elementos de las corporaciones policiacas han provocado en la ciudad de México ``un peligroso estado de anarquía y signos evidentes de ingobernabilidad''.

``Parece que el presidente Ernesto Zedillo no sólo perdió el control de las Cámaras, sino del país entero'', apreció Emilio Krieger, maestro emérito de la UNAM y miembro de la Barra Nacional de Abogados.

Sostuvo que por la manera ilícita en que se han desempeñado las corporaciones policiacas existen fundamentos para solicitar la renuncia del regente, Oscar Espinosa; del procurador capitalino, Lorenzo Thomas; del secretario de Seguridad Pública, Enrique Salgado, y del jefe de la Policía Judicial capitalina, Luis Gutiérrez Flores.

El maestro de derecho penal y constitucional de la UNAM Eduardo López Betancourt coincidió con los señalamientos de Krieger, y agregó que ``por su ineptitud y torpeza'' las autoridades de justicia capitalinas ``han provocado un peligroso estado de anarquía, un auténtico desgobierno que implica necesaria y urgentemente el relevo de esos funcionarios''.

López Betancourt, también presidente consultivo nacional de la Barra de Abogados, expresó su desacuerdo por la forma en que se han realizado los operativos policiacos, los cuales son anticonstitucionales.

En tanto, el constitucionalista de la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derechos de la UNAM, Francisco Berlín Valenzuela, dijo que es lamentable que en un estado de derecho ocurran estos asesinatos.

Teresa Jardí, directora del Departamento de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana, dijo que este tipo de acciones son muy similares a las de los Escuadrones de la Muerte en Guatemala y El Salvador. ``No sólo debe iniciarse una investigación sobre estos hechos, sino cesar también al regente (Espinosa Villarreal) por ser el responsable de instrumentar estas terribles políticas de seguridad ordenadas por el presidente Zedillo''.

Condena de legisladores

Legisladores del PRI y de la oposición consideraron como una barbarie el asesinato de tres jóvenes de la colonia BUenos Aires.

El presidente de la Comisión de Defensa del Senado de la República, Alvaro Vallarta, dijo que todos los crímenes son aborrecibles y que éste, de manera particular por las condiciones en que se dio, y exigió aplicar todo el peso de la ley a los responsables.

Con él coincidió el senador Eduardo Andrade, quien tuvo a su cargo la Comisión de Derechos Humanos en la Legislatura que acaba de concluir. Dijo que se requiere una investigación a fondo y la aplicación estricta de la ley.

Sobre el tema, el senador del PRD Héctor Sánchez fue más a fondo y advirtió que si el secretario de Seguridad Pública no da una explicación razonable de lo que pasó con los jóvenes asesinados, debe renunciar. Barbaries de ese tipo, aun si se tratara realmente de delincuentes, no son la alternativa para resolver los problemas, expresó.

Sánchez precisó que a su juicio hay una gran prepotencia en los policías, ``quienes a lo mejor lo hacen cubriéndose en sus jefes que son militares''. Lo más grave es que Salgado Cordero se quiera desligar en lugar de investigar a fondo, precisó.

Sobre las medidas que deberá tomar el jefe de gobierno electo, Cuauhtémoc Cárdenas, dijo que primero tendrá que depurar los cuerpos policiacos, a fin de que quienes estén al frente de la corporaciones cuenten con la plena confianza del jefe de gobierno del DF. ``No debe quedar intacta la estructura ni se debe dejar a todos, tampoco hacer un reajuste masivo, pero sí una depuración''.

Miriam Posada García Ť El jefe de gobierno electo, Cuauhtémoc Cárdenas, consideró que es ``muy grave'' que hechos como la ejecución de tres jóvenes se produzcan en la ciudad de México, y sería más grave aún si se comprobara que elementos policiacos están involurados en el caso, ``pues quiere decir que los mandos no tienen capacidad de mandar y es responsabilidad de las autoridades políticas poner orden en estas situaciones''.

Manifestó su preocupación por los hechos violentos ocurridos en la colonia Buenos Aires y que culminaron con la ejecución de tres jóvenes, pero reiteró que la situación se torna aún más grave si se comprueba que fueron elementos de la policía capitalina.

En este momento, dijo, lo importante no es pedir la destitución ni del secretario de Seguridad Pública, Enrique Salgado Cordero, ni la del procurador capitalino, Lorenzo Thomas Torres; ``yo no puedo decir si alguno de estos funcionaros es responsable o no de lo que pasó, pero sí puedo señalar que lo importante es aclarar lo que ocurrió, que situaciones como estas no se repitan en ningún lugar del país, y que los responsables deben ser sancionados con todo el rigor, porque al privar de la vida a cualquier persona están pasado sobre la ley''.

En relación a los operativos, Cárdenas advirtió que durante su administración ``no habrá ninguna acción que se desarrolle al margen de la ley, y si la hay en este caso correponde a quienes son atropellados en sus derechos a presentar las denuncias correspondientes y a las autoridades dar la respuesta''.