ASTILLERO Ť Julio Hernández López

Lo que hoy se está defendiendo en Campeche --con soldados, policías y porros-- es la impunidad de Jorge Salomón Azar García, quien durante seis años gobernó acusado de alta corrupción y de hacer negocios sucios con personajes como Carlos Cabal Peniche.

Azar García, sin otro mérito político para llegar al gobierno de Campeche, más que la amistad de Luis Donaldo Colosio Murrieta, fue durante seis años una verdadera pesadilla para sus paisanos: grosero y frívolo en sus relaciones con los ciudadanos y con la clase política tradicional, voraz en el uso del presupuesto público para negocios grupales, familiares y personales, y solícito socio del salinismo y sus peores ramificaciones empresariales.

Promovido y sostenido por el colosismo-salinismo, Azar García debería estar hoy --al haberse extinguido la fuente original de su poder, y al haber terminado su

periodo constitucional de gobierno-- enfrentando judicialmente las múltiples acusaciones de los campechanos, y no manipulando a su sucesor, José Antonio González Curi, ni organizando la contra- ofensiva a Layda Sansores. Sin embargo, la persistente y fuerte presencia del salinismo en el gobierno actual --y la virtual cesión de derechos políticos que el zedillismo hizo en algunos gobernadores en funciones para que le garantizaran triunfos electorales a cualquier costo--, le ha dado a Jorge Salomón una vigencia y una beligerancia peligrosa y perniciosa.

Gobernadores que songuardaespaldas de sus antecesores

En efecto, necesitado como estuvo el zedillismo de triunfos electorales que atenuaran la catástrofe del 6 de julio, entregó las decisiones importantes a gobernadores de los llamados duros, quienes han ejercido el poder con una vocación rapaz y han estado dispuestos a organizar con éxito operativos fraudulentos para ganar comicios.

De las siete elecciones estatales en juego el pasado 6 de julio, el PRI ganó sólo en los cuatro estados (Sonora, San Luis Potosí, Campeche y Colima) donde entregó las candidaturas a los grupos con poder económico y con control político, aunque los candidatos no embonaran en el proyecto zedillista y aunque sus perfiles fueran a contrapelo de los discursos oficiales de avance democrático.

Así, el PRI ganó las elecciones de gobernador en tres estados donde los candidatos garantizaron la continuidad del grupo en el poder, es decir, del gobernador en funciones: Armando López Nogales, en Sonora; José Antonio González Curi, en Campeche, y Fernando Silva Nieto, en San Luis Potosí, son garantía de complicidad y subordinación a los intereses de Manlio Fabio Beltrones Rivera, Salomón Azar García y Horacio Sánchez Unzueta, respectivamente. (En Colima, la candidatura priísta triunfante no fue entregada al languideciente y enfermo gobierno de Carlos de la Madrid Virgen, sino al turbio grupo con fuerza económica y política que es el de la Universidad estatal.)

Rompiendo de esa manera la vieja regla de la política mexicana que establecía que ``gobernador no pone gobernador'', el zedillismo alteró gravemente las reglas de la convivencia política priísta, en la que los grupos esperaban disciplinadamente la ritual alternancia que daba el poder a distintos grupos.

De manera correlativa, ese zedillismo políticamente inexperto sentó las bases para cacicazgos abiertos de los gobernadores salientes que, al tener plenamente comprometidos a los venideros --por haber promovido sus candidaturas ante el centro, por haber financiado sus campañas, y por haber organizado los operativos electorales que les dieron el triunfo--, lo menos que pueden esperar es que sus grupos políticos tengan una continuidad en el poder, y que las finanzas gubernamentales no sean auditadas con rigor: López Nogales fue presidente del PRI que financió Beltrones Rivera; González Curi fue presidente municipal a la sombra de Salomón Azar, y Silva Nieto fue secretario de Educación y de Gobierno de Sánchez Unzueta.

González Curi, velador de los negocios de Salomón Azar

En ese entorno --el de los sospechosos comunes-- la repelencia a las protestas de Layda Sansores es entendible: toda la fuerza pública, dominada por Azar y su delegado González Curi, está puesta al servicio no de la institucionalidad --dañada durante un sexenio por el saqueo y el abuso--, sino de una defensa mafiosa de los negocios y de la impunidad puestos en riesgo por una lucha democratizadora.

Layda enfrenta, así, el empecinamiento presidencial --que le negó la candidatura priísta, y la sentenció irremisiblemente a la derrota, por haberse comportado como senadora de una manera insumisa-- y las complicidades estatales de la mancuerna Azar-González Curi. Tanto Layda como los partidos de genuina oposición --PRD y PAN-- han enfrentado en el sureste el entramado de intereses y resistencias tejido por los gobernadores del área y tolerado por comodina conveniencia desde el centro. La lucha en el estado de Campeche representa, en ese contexto, una batalla local contra los mismos fenómenos del salinismo todavía vigente: el uso del dinero público para negocios privados, la aniquilación del adversario, y el manejo de los intereses económicos y empresariales para la conformación de cárteles político-económicos vinculados con negocios tales como el mismo narcotráfico.

Astillas: La primera formulación política trascendente de Mariano Palacios como presidente del PRI le ha mostrado diáfanamente al servicio pleno e indiscutido del poder que de tan fea manera le instaló en el cargo. Pretender la eliminación de las trabas que la pasada asamblea priísta estableció para que a la Presidencia de la República, y a las gubernaturas, no lleguen candidatos propuestos por el tricolor que carezcan de antecedentes de representación popular, es ni más ni menos que cumplir marcialmente con una orden presidencial, a contrapelo de la institucionalidad (el candado contra la tecnocracia fue acuerdo y mandato de asamblea, no sujeto a interpretaciones de un presidente del CEN) que ese partido debería privilegiar dado su nombre oficial, y al costo ya anunciado de divisiones internas. Todo sea por darle al dedo supremo no sólo la oportunidad de poner presidentes del PRI, sino también candidatos presidenciales que no tengan experiencia política suficiente como, por ejemplo, el secretario de Hacienda, Guillermo Ortiz...