La fundación del Frente Zapatista de Liberación Nacional y la segunda Asamblea del Congreso Nacional Indígena, efectuadas ambas en días pasados en esta capital, son hechos relevantes para el desarrollo político del país para la creación de condiciones que permitan enfrentar la iniquidad, la marginación, la opresión y la discriminación que padecen millones de mexicanos, empezando por los indígenas, así como para avanzar en la conformación de una nación más consciente y respetuosa de su propia diversidad cultural.

En las reuniones arriba mencionadas convergieron preocupaciones y demandas de distinta índole: la de rencauzar con urgencia el diálogo de paz en Chiapas y traducir las gestiones pacificadoras en acciones concretas -particularmente legislativas- que permitan la superación de las condiciones que hicieron inevitable el alzamiento indígena de 1994; la de vincular la acción reivindicativa del conjunto de los pueblos indios del país y la de éstos con las organizaciones de la sociedad civil no indígena, y buscar fórmulas que hagan posible la participación de los marginados mexicanos -indígenas o no- en las grandes decisiones nacionales.

Con todo y lo positivo que resulta, el planteamiento de una organización política pacífica que dé cauce, en el ámbito nacional, a la acción política de los sectores sociales que se identifican con las demandas del zapatismo chiapaneco, y que lo haga al margen de la acción partidaria y sin buscar el poder, suscita varias interrogantes insoslayables, tanto en lo que se refiere al programa político del nuevo frente y en lo que respecta a su vida interna y la operatividad de sus formas organizativas, como en lo tocante a la articulación del FZLN con los esfuerzos que se realizan en los ámbitos de la política partidaria para edificar una sociedad más incluyente, más tolerante, más justa y más democrática. En esa perspectiva, sería preocupante que se produjera un desencuentro entre el zapatismo civil y quienes, desde el campo de acción de los procesos electorales, buscan objetivos semejantes o idénticos a los que propugna esta nueva organización.

Encontrar respuestas a esas incógnitas requerirá, sin duda, de imaginación, tiempo y voluntad. Cabe esperar que, en el curso de la práctica, el FZLN pueda ir encontrando las respuestas pertinentes, y que su inserción en la lucha social pacífica sea fructífera y enriquecedora, y que su presencia se constituya en un factor propicio para la solución del conflicto chiapaneco, la superación de las lacerantes condiciones que enfrentan los indígenas mexicanos y la construcción de una nación realmente plural, democrática y justa.

Está prevista para hoy la ejecución del ciudadano mexicano Mario Benjamín Murphy Rodríguez en Jarratt, Virginia, Estados Unidos. Una vez más, los mexicanos asistimos a la inminencia de la aplicación de esa práctica inhumana, bárbara y violatoria de los derechos humanos en la persona de un connacional, y una vez más es necesario que el país manifieste su repudio ante esa forma de asesinato legalizado, degradante para la humanidad y para los Estados que la practican.

Esta postura irrenunciable debe ser expresada, en todas las maneras posibles y por todas las vías -siempre en el marco de la civilidad-, por todos los individuos, entidades, organizaciones, partidos e instituciones de México ante las autoridades de Washington y de Richmond. Es preciso que en el país vecino se entienda que la ejecución de un ser humano -independientemente de su nacionalidad, de su raza y de su historial delictivo- es un acto que agravia a México y a la comunidad internacional y que lesiona principios elementales de ética, de humanismo y de derecho.

Al mismo tiempo, la exasperante circunstancia por la que atraviesa el connacional mencionado debe alertar sobre el peligro de que se abran paso, en la sociedad mexicana, posturas que favorecen la implantación de la pena de muerte o que pretenden justificar las ejecuciones de presuntos delincuentes.

En esta perspectiva, resultan inadmisibles los sucesos violentos que han ocurrido en la ciudad de México, en los que han sido victimados supuestos criminales, ya sea por ciudadanos que han decidido ejercer la ``justicia por su propia mano'' -y que, al hacerlo, se han colocado en una situación tan delictiva como la que atribuyeron a sus víctimas-, o en ejecuciones extrajudiciales cometidas, hasta donde los indicios y los testimonios permiten suponer, por elementos de corporaciones policiacas.

En forma paralela, una parte importante de los medios informativos ha venido haciendo eco a posturas irracionales de algunos sectores de la población que, a guisa de respuesta a la creciente violencia delictiva, pregonan la instauración de la ``justicia por propia mano'', buscan justificar los homicidios de supuestos infractores de la ley y abogan, a fin de cuentas, por la aceptación social de la barbarie.

Las apologías de vengadores anónimos que responden al crimen con el crimen, la validación de acciones extralegales y las persistentes descalificaciones contra las comisiones Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), con el falso argumento de que ``protegen a los delincuentes'', pueden socavar las bases del estado de derecho, desfigurar la convivencia social y destruir el sistema de valores cívicos del país. En esta perspectiva indeseable, parte de la responsabilidad recaería, inevitablemente, en quienes promueven y publicitan las actitudes primitivas y equívocas arriba mencionadas.

A toda persona, más allá de si ha cometido o no un delito, deben respetársele, en todo momento y bajo cualquier circunstancia, la vida y las garantías constitucionales. La condición de sospechoso, indiciado o sentenciado no priva a nadie de sus derechos fundamentales y sólo en estricto apego a las disposiciones legales es que puede ser detenido y, en caso de comprobarse su culpabilidad, castigado conforme marca la ley. Las instancias defensoras de los derechos humanos tienen la obligación de velar por el respeto a esas garantías inalienables y, al hacerlo, benefician y protegen a toda la sociedad.

Si la sociedad mexicana se permitiera a sí misma justificar, de una o de otra forma, la Ley del Talión contra delincuentes reales o supuestos; si la ética social de nuestro país admitiera el irrespeto a cualquiera de los derechos humanos, así fuera en casos excepcionales, y si en la opinión pública nacional cobrara carta de naturalidad la idea de que la muerte es una sanción plausible y admisible, ello no sólo trastocaría grave e irremediablemente nuestro sistema legal, sino que dejaría al país sin argumentos ante la barbarie institucionalizada que se practica en Estados Unidos contra los condenados a muerte.