HORAS CONTADAS
Jesús Aranda y Antonio Vázquez Ť A unas horas de que el mexicano Mario Murphy Rodríguez sea ejecutado en Estados Unidos, el secretario de Relaciones Exteriores, José Angel Gurría, solicitó personalmente clemencia al gobernador de Virginia, George Allen, a fin de que acepte conmutarle la pena capital y que el connacional la cumpla en México. ``No estamos todavía resignados en este caso'', dijo.
Gurría explicó que en Virginia no hay una junta de clemencia -como en otros estados en los que existe la pena capital- y que, por tanto, el gobernador Allen es el ``primero y el último recurso'' a favor de Murphy.
El canciller dijo ayer en entrevista que había hablado telefónicamente con personal de la oficina del gobernador de Virginia, a fin de insistirle en el respeto a los derechos de Murphy y de la Convención de Viena y, además, para reiterarle la invitación del gobierno mexicano para que Murphy cumpla con su condena aquí, esto en caso de que le sea conmutada la sentencia.
Indicó además que la cancillería ha solicitado la intervención del Departamento de Estado para que, junto con algunos legisladores estadunidenses, intercedan en este asunto, además de sendas cartas enviadas por el embajador de México en Washington, Jesús Silva Herzog, y el gobernador de Baja California, Héctor Terán Terán, con peticiones de clemencia.
``Hemos hecho -dijo- todos los recursos legales en colaboración con los abogados de Murphy, pero la decisión está finalmente en el gobernador de Virginia.''
La ejecución de Murphy -que sería en silla eléctrica-, originario de Tijuana y reside en Estados Unidos desde que tenía tres años, está programada para este miércoles a las 21:00, hora local -20:00, de México-, en la prisión de Jarrat, acusado de la muerte de un cocinero.
En ese hecho participaron cuatro personas más, siendo Murphy el único extranjero y el único condenado a la pena de muerte.
El sentenciado a muerte permanece recluido en la prisión de máxima seguridad de Boydton, cerca de la frontera de Virginia con Carolina del Norte.
Según afirmó el canciller Gurría en la entrevista, son 35 los connacionales condenados a muerte en Estados Unidos y en todos los casos el gobierno de México colabora de cerca con los abogados defensores de los reos. En este sentido, apenas la semana pasada se pospuso la ejecución del mexicano Javier Suárez Medina, programada inicialmente para el 16 de septiembre.
Jim Cason y David Brooks, corresponsales, Washington, 16 de septiembre Ť La última palabra sobre si continúa viviendo o muere este miércoles el mexicano Mario Benjamín Murphy la tiene el gobernador de Virginia, George Allen, y esa decisión no se espera sino hasta unas cuantas horas antes de la ejecución, programada para las 21:00, hora local.
Mientras tanto, los esfuerzos de sus abogados y el gobierno mexicano continúan para tratar de obtener la conmutación de la sentencia a muerte del joven mexicano, quien a los 19 años participó en un homicidio por contrato en el estado de Virginia.
Esta mañana, el canciller mexicano, José Angel Gurría, junto con altos funcionarios de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Enrique Loaeza y Miguel Angel González Félix, presentaron una vez más los argumentos contra la ejecución de Murphy en una teleconferencia con Mark Christie, asesor legal del gobernador de Virginia.
El pasado lunes, el embajador Jesús Silva Herzog envió una carta al gobernador George Allen reiterando la solicitud de conmutar la sentencia, y señaló que en México no se aplica la pena de muerte, por lo que ``ningún ciudadano de Virginia, ni de Estados Unidos, sería ejecutado en el país, aun si fuese culpable de un crimen atroz''.
Conmuta el gobernador una sentencia
Incluso ayer, el gobernador Allen conmutó la sentencia de otro condenado a muerte, el estadunidense William Saunders, acción que, según observadores, no vislumbra algún bien para Murphy.
Un político como Allen, que apoya la pena capital, no puede presentar un perfil público de ser ``suave con el crimen'' en este contexto, se argumenta, por lo que personas cercanas al caso de Murphy no percibieron como un factor positivo el que el gobernador haya conmutado la sentencia de otro reo en estos momentos.
Además, el gobernador ha permitido la realización de 20 ejecuciones, y con la decisión de ayer sólo ha conmutado la sentencia de dos personas durante su gestión.
Sin embargo, el hecho de esta última conmutación provoca preguntas que tienen que ver con la ambigüedad de la aplicación de la pena de muerte. Según información obtenida por La Jornada de fuentes cercanas a estos casos, Saunders, como Murphy, fue acusado del asesinato de una persona. Saunders, como Murphy, tenía 19 años cuando cometió el delito. Pero lo parecido entre ambos acaba allí. Saunders, beneficiado ayer por la clemencia del gobernador, tiene un historial de delitos mayores y menores de todo tipo, varios con lujo de violencia, incluso ataque a un policía.
El historial de Murphy, antes del asesinato, sólo incluye dos delitos menores y dos infracciones de tránsito. Peor, durante su estancia en los reclusorios, Saunders fue disciplinado en más de 30 ocasiones, Murphy sólo en cuatro.
La pregunta, por lo tanto, es cómo un gobernador determina quién sí amerita la clemencia y quién debe morir dadas estas circunstancias. Algunos aquí se preocupan ya que desde México la percepción era que hay una justicia para los estadunidenses y otra para los extranjeros, como el mexicano Murphy.
De acuerdo con Greg Crist, vocero del gobernador Allen, ``los tiempos de la decisión sobre el caso de Saunders no tienen nada que ver con el caso Murphy''. Comentó que ``los casos son sustancialmente diferentes''. Añadió que ``la decisión del gobernador no tendrá ningún efecto, ninguno, sobre el caso de Murphy. Cada caso es evaluado por sus propios méritos individuales''.
Mientras, Murphy está decidiendo a quién invitar a presenciar su ejecución, y hasta esta tarde su abogado William Wright informó a La Jornada que aún no ha llegado a una decisión sobre los testigos. Con todos los recursos legales a su alcance agotados, las últimas horas únicamente son para esperar la decisión del gobernador.