ASTILLERO Ť Julio Hernández López

El pasado 3 de septiembre, la oficina de prensa de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) ordenó la inserción pagada --en primera plana de un periódico de circulación nacional, con un costo de 97 mil pesos--, de un complaciente boletín informativo.

En el texto inusualmente pagado, que se publicó en cien líneas, tanto la presidenta de la citada comisión, Mireille Roccatti Velázquez, como el gobernador de Durango, Maximiliano Silerio Esparza, aparecieron como generosos defensores de un caso que originalmente habían pretendido sepultar entre la burocracia y la indolencia, el de la joven suicida Yéssica Yadira Díaz Cázares.

La orden de inserción número 40 de la CNDH, dirigida a Patricia Cerda, reportera del diario Excélsior (reportera y diario, dicho sea de paso, sin sombra de culpa alguna en este episodio) y firmada por Roberto Rodríguez Baños, director general de Comunicación Social de la citada comisión, buscaba difundir con un enfoque exitoso los acuerdos de Roccatti y Silerio.

Pero, sobre todo, los afanes publicitarios buscaban que los ojos de la señora Nilda Patricia Velasco de Zedillo se posaran sobre esa gacetilla con la que ambos pretendían decirle --falsamente-- a la esposa del Presidente de México, que sus deseos de justicia estaban cumplidos.

Al principio, la CNDH daba por cerrado el caso

El 30 de julio del presente año, según el oficio 24269, firmado por Mario I. Alvarez Ledezma, primer visitador general de la CNDH, el asunto de Yéssica Yadira era simplemente uno más de los que son condenados al fuego lento de la burocracia.

El señor primer visitador general le decía en ese oficio a doña María Eugenia Cázares Barragán, quien desde Durango había narrado el calvario de su difunta hija y pedía simplemente justicia, que la Comisión de Derechos Humanos del estado --que como muchas otras más, en la decadencia internacional de esas instancias, está entregada al mando político del gobernador correspondiente, es decir, a sus intereses y compromisos-- ya había tomado cartas en el asunto y emitido una recomendación que estaba ``en seguimiento''.

Pero eso sí, altamente comprensivo, el visitador Alvarez Ledezma le aconsejó a la mamá de la joven violada el 16 de marzo, y muerta por propia mano el 16 de junio del presente año, que en caso de que el procurador general de Justicia del estado de Durango --acusado de proteger a los violadores-- no aceptara la recomendación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos --integrada al mismo círculo de complicidades oficiales-- la CNDH ``le orienta para que interponga por escrito el recurso de impugnación'' ante la misma comisión estatal mencionada.

Es decir, en lenguaje menos complicado, la CNDH le decía a doña María Eugenia que se regresara con el caso de su hija mancillada a Durango y que, allá, siguiera tocando puertas y haciendo antesalas con los mismos acusados de proteger el crimen que denunciaba.

Y es que, con fundamento en artículos y más artículos de constituciones y leyes, ``este organismo nacional tiene por concluido el presente expediente, y lo remite a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Durango, a fin de que sea dicha instancia la que dé el seguimiento al cumplimiento de la recomendación ya citada''.

El discreto encanto de dar marcha atrás

Sin embargo, los peritos y doctores en derecho tuvieron que dar marcha atrás en sus apresuradas conclusiones elusivas, y el 15 de agosto la CNDH urgió a la madre de Yéssica Yadira a que, por favor, les autorizara, por vía telefónica, a dar por establecido el recurso de impugnación que les permitiera retomar el asunto sobre el que estaban ya la opinión pública en general y la oficina de la esposa del Presidente en particular.

Ya no era necesaria la impugnación por escrito, pues con una llamada telefónica bastaba, y ya no era necesario recurrir ante los mismos coludidos duranguenses, sino que la Comisión Nacional de Derechos Humanos tendía su manto protector.

Recomendación fast track

De allí siguió una inusitada celeridad que desembocó en lo que el reportero Triunfo Elizalde --de La Jornada, quien dio pleno seguimiento al caso-- denominó ``recomendación fast track'': en unos días, la CNDH y el gobierno de Durango se dieron por plenamente enterados del asunto, realizaron diligencias, tomaron decisiones y pusieron en escena el acto final de la obra.

Aunque con tan mala suerte que el propio reportero Elizalde conoció y documentó las evidencias de que la comisión nacional y el gobierno de Durango se habían puesto de acuerdo para montar un final aparentemente justiciero para la madre dolida pero, sobre todo, redituable para que las burocracias aparecieran como eficientes y cumplidas.

Unas horas antes de que la CNDH diera a conocer los términos de su resolución, el gobernador Silerio Esparza se había reunido en la ciudad de México con los familiares de Yéssica Yadira para ofrecerles como decisión propia lo que la oficina de la doctora Roccatti anunciaría como orden.

Y así se emitió la recomendación 75/97, cuyo pomposo resumen de cien líneas consideró la CNDH que valía la pena reproducir pagado en la primera plana de un diario.

El declive de la CNDH

El episodio narrado muestra con claridad algunos de los rasgos que ahora delinean el actuar de la oficina nacional defensora de los derechos humanos: como en cualquier oficina de gobierno, sin autonomía ni decoro, el retorcimiento de lo que sea necesario, el reculamiento y la celeridad para satisfacer el asomo del interés jerárquico en un asunto que ya había sido desechado, y el recurrimiento a las tareas publicitarias de orden menor, como es el pago de gacetillas, para difundir resultados que normalmente se publicitan gratuitamente por el interés que en sí contienen y no por la intención cupular de agradar a la vista superior.

Ya los manoseos de Jorge Carpizo y de Jorge Madrazo habían mostrado a la CNDH como una instancia crecientemente limitada en sus funciones y dañinamente utilizada como plataforma política, pero con Mireille Roccatti se ha llegado a extremos lamentables: lo mismo declaraciones desafortunadas que la muestran como convalidadora de políticas de gobierno, que un tono apagado y errático que finalmente a quienes favorece es a los violadores de los derechos humanos.

Llegada al cargo con el sambenito de ser una posición más ganada por el grupo político del estado de México, Roccatti ha conseguido la inoportuna hazaña de llevar la defensa oficial de los derechos humanos a un bajísimo nivel de ineficiencia, justamente cuando más se necesita de su brillo y éxito.

Sin embargo, pareciera que esa opacidad de la institución es exactamente la característica deseada en las alturas grupales desde donde se deciden tantos equívocos: a veces las designaciones en favor de una propia sólo por ser tal, a veces la apresurada y torpe conclusión de asuntos como los duranguenses, y a veces la difusión onerosa de falsos oropeles a falta de genuinos buenos resultados.