Ejecutan a Murphy; México protestará y EU ofrece disculpas

Jim Cason, enviado, Greensville, Virginia, 17 de septiembre Ť Mario Murphy fue ejecutado esta noche, a las 21:09 horas, poco después de que el gobernador de Virginia declinó conmutar su sentencia y el mismo día en que la administración de Bill Clinton ofreció disculpas al gobierno de México por el hecho de que Murphy no fue notificado de sus derechos para obtener asistencia consular como extranjero residente en Estados Unidos.

``Hoy es un buen día para morir'', fueron sus últimas palabras, y según testigos volteó a ver a los presentes, ante los que declaró: ``Los perdono a todos ustedes y espero que Dios haga lo mismo''.

Integrantes de la Red Internacional por los
Derechos de los Trabajadores Migratorios y sus
familias protestan frente a la embajada de EU
por la ejecución del mexicano Mario Benjamín
Murphy Rodríguez. Foto: Cristina Rodríguez

El negocio de la muerte en Virginia es muy clínico. Exactamente a las 21 horas Mario fue sujetado a su camilla. Testigos lo describieron ``alerta, despierto, y aparentemente en calma'' cuando fue inmovilizado en la camilla y las jeringas introducidas en sus brazos.

Antes se le acercó un micrófono e hizo su última declaración.

Poco después, a Mario Murphy, de 25 años, se le inyectó un somnífero, una segunda inyección detuvo su respiración y una tercera paró su corazón. A las 21:15, un vocero del Departamento de Correccionales de Virginia salió para encontrarse con la prensa, que esperaba en el estacionamiento ubicado en la entrada de este reclusorio, para informar que la ejecución se había llevado a cabo ``de acuerdo con la orden de la corte''.

El abogado de Murphy, seis oficiales estatales y cuatro periodistas fueron los testigos de la ejecución esta noche; representantes del gobernador George Allen escucharon el procedimiento a través de una línea telefónica abierta desde Richmond, la capital.

Justicia inequitativa

``El castigo no está en acuerdo con el crimen'', declaró Sonia Valle, una tía de Murphy, quien formó parte de una pequeña vigilia integrada por familiares y religiosos frente a las rejas de la prisión, antes y durante la ejecución.

La madre de Murphy, Silvia Rodríguez, Valle, y otros dos familiares visitaron a Mario en su celda hoy, y su tía indicó que se manifestó ``preparado para enfrentarse con lo que ocurriría''. Silvia Rodríguez no pudo hablar por el llanto, pero otros familiares expresaron su ira contra el gobernador y el sistema judicial estadunidense.

Esta noche, la familia prendió velas y rezó para esperar los últimos momentos. Pero un poco más temprano, varios de sus integrantes se preguntaban por qué Mario Murphy fue ``singularizado'' para morir, mientras los otros participantes en el crimen que motivó su ejecución no recibieron el mismo castigo. ``Para los mexicanos, para los negros, no hay justicia en Estados Unidos'', declaró Sonia Valle.

Allen: no hay bases para intervenir

La casa de la muerte se encuentra en una esquina de este amplio reclusorio estatal. Es una de las cárceles de más alta seguridad del estado, como puede verse por las rejas de seis metros de alto con alambre de púas en la parte superior alrededor del inmueble. Es una de las llamadas ``prisiones modernas'' que no se puede ver desde las carreteras que cruzan por las cercanías, y si no fuera por las rejas y púas, se confundiría con oficinas de una gran empresa. No hay pueblo cerca y, según algunos, las ejecuciones se realizan aquí precisamente por su ubicación remota, menos accesible a los que protestan o que favorecen la pena de muerte.

Largas horas de espera para la última esperanza: la conmutación de la sentencia por el gobernador Allen solicitada por los abogados, los familiares, el gobierno de México, Amnistía Internacional, grupos religiosos y opositores a la pena de muerte en este país y en el exterior. Pero la esperanza acabó poco después de las 19 horas, cuando el gobernador Allen declaró: ``He concluido que no existen bases para que yo intervenga, y no impediré que la sentencia impuesta por la Corte de Circuito de la ciudad de Virginia Beach sea llevada a cabo tal y como está programada''.

Murphy fue sentenciado a muerte por participar en 1991 en un asesinato por contrato, lo cual confesó. Pero sus abogados y el gobierno de México habían alegado ante la Suprema Corte de Justicia, el Departamento de Estado y el gobernador que su juicio se efectuó en violación a la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares, la cual otorga el derecho a todo extranjero detenido en un país firmante a comunicarse y obtener la asistencia de sus autoridades consulares.

Dos notas diplomáticas, enviadas al Departamento de Estado por México sobre la violación del tratado, nunca recibieron respuesta. Pero hoy, funcionarios de esa dependencia informaron a La Jornada que después de una investigación del caso habían concluido que ``no hay evidencia de que la notificación requerida le haya sido ofrecida a Murphy antes de su condena'', y un vocero añadió: ``Nos estaremos comunicando para ofrecer nuestras disculpas formales al gobierno de México''.

La Suprema Corte rechazó revisar el caso la semana pasada. Y hoy el gobernador determinó lo siguiente al llegar a su decisión, relatado en un declaración de seis páginas: ``El señor Murphy recibió un juicio justo (...) no existe evidencia de discriminación con base en el origen nacional o etnicidad (...) la sentencia de muerte a Murphy fue un castigo que corresponde al crimen (...) el asunto de la Convención de Viena no le negó a Murphy un juicio justo''.

La declaración de Allen también se refirió al vecino país. ``Respeto la posición de México. Pero, igual que los ciudadanos de Estados Unidos tienen que respetar y cumplir con las leyes de cualquier país que visiten, nosotros esperamos que los visitantes de otros países a Virginia cumplirán con nuestras leyes, y sufrirán las mismas consecuencias que sufren los criminales de Virginia cuando violan nuestras leyes''.

Añadió: ``Estoy en conocimiento del ofrecimiento del gobierno de México de tomar la custodia de Murphy (si se conmutara su castigo), pero la primera cuestión que tengo que considerar es si debo o no intervenir para negar que la sentencia de la Corte del Circuito de la ciudad de Virginia Beach sea llevada a cabo''.

Atestiguar la maldad del Estado

El gobierno mexicano envió a Mónica Velarde, de su consulado en Washington, para asistir a la familia de Murphy.

``El gobierno de México ha luchado contra esto hasta el último momento a través de los niveles más altos'', afirmó esta tarde el abogado del mexicano, William Wright, a La Jornada. Señaló que él y otros estarían en la casa de la muerte, pero que los testigos de las ejecuciones ``casi siempre dicen lo mismo: `fue muy clínico'. Pero lo que no atestiguan son las horas antes de la ejecución'', indicó. ``La maldad que hace el Estado debe ser atestiguada'', agregó al explicar su presencia y la de otros en estos casos.

Amnistía Internacional subrayó el fracaso de Estados Unidos en cumplir con sus obligaciones internacionales. ``Cómo pueden esperar los estadunidenses de viaje en el extranjero que sus derechos sean protegidos bajo la Convención de Viena sin asegurar un cumplimiento recíproco en su casa?'', preguntó William Schulz, director ejecutivo de AI-Estados Unidos en un comunicado de prensa.

``La continuada violación de la Convención de Viena por estados individuales de este país y la no acción del Departamento de Estado en casos en que los derechos han sido negados, erosionarán el respeto para la ley internacional y pondrán en peligro a los derechos humanos de todos, incluyendo los estadunidenses en el extranjero'', añadió, y expuso que en las filas de la muerte en Estados Unidos hay otros 60 extranjeros, cuyos derechos bajo esa convención han sido comprometidos.

Un vocero del Departamento de Correccionales informó esta noche que el cuerpo de Mario Murphy será trasladado a las oficina del forense en Richmond, Virginia, donde la familia podrá tomar posesión del cadáver.

Jorge Alberto Cornejo, corresponsal, Tijuana, BC, 17 de septiembre Ť Frente a la garita internacional de San Ysidro, California, un grupo de activistas pro derechos humanos efectuó este día una última súplica al gobierno del estado de Virginia para que conmutara la pena capital al tijuanense Mario Benjamín Murphy Rodríguez, quien finalmente fue ejecutado hoy.

Miembros del comité de base Patria, Movimiento y Triunfo del Partido de la Revolución Democrática y familiares del mexicano participaron en la solicitud de clemencia en una protesta en contra de la pena capital.

El reducido grupo de manifestantes se hizo escuchar mediante aparatos de sonido dirigidos hacia las oficinas regionales del Servicio de Inmigración y Naturalización (SIN) de Estados Unidos, ubicadas en la garita internacional.

A su vez, el alcalde de la ciudad, José Guadalupe Osuna Millán, condenó la determinación del gobernador de Virginia, George Allen, de ejecutar al joven nacido en esta frontera hace 25 años.

El pasado fin de semana el gobernador de la entidad, Héctor Terán Terán, envió una carta a su contraparte de Virgina solicitando que reconsiderara su postura y concediera la conmutación de la pena capital por prisión para el tijuanense.

Murphy Rodríguez fue condenado a muerte en octubre de 1992, a la edad de 21 años, tras ser declarado culpable de participar en el asesinato de James Radcliff, ocurrido hace siete años en Virginia Beach.

El joven tijuanense es uno de los 30 mexicanos condenados a muerte en el vecino país del norte y de realizarse su ejecución se sumará a los cuatro mexicanos que han recibido la pena capital durante este siglo, todos los anteriores han sido ejecutados en Texas.

Protesta de Amnistía Internacional

Manuel Enríquez, corresponsal, Querétaro, Qro. Ť Susan Walts, presidenta de Amnistía Internacional (AI), hizo hoy un llamado a todas las organizaciones civiles, no gubernamentales y a la sociedad en general para redoblar esfuerzos en contra de la pena de muerte.

``Rechazamos categóricamente, en todos los casos y en todas las circunstancias, la pena de muerte'', declaró al ser interrogada sobre el caso de Mario Benjamín Murphy, mexicano ejecutado anoche por las autoridades de Virginia.

Luego de visitar al gobernador priísta saliente, Enrique Burgos García, y al mandatario panista electo, Ignacio Loyola, la responsable de AI dijo que para el caso de Murphy se ``accionó la membresía que tiene en todo el mundo para pedir clemencia'' por su vida y se enviaron miles de cartas en ese mismo sentido.

Defender la vida, explicó Susan Walts, también es materia de derechos humanos, por lo que ``nuestra posición es muy clara'' al respecto, insistió.

Por otra parte, la agencia Notimex dio a conocer que la Arquidiócesis Primada de México manifestó su repudio a la ejecución del mexicano.

El coordinador de la comisión de justicia y paz de la arquidiócesis, Javier Acuña, en nombre de la Iglesia Católica, expresó su ``horror'' por la práctica de la pena de muerte que ejercen varios estados del vecino país del norte.

Exigió al gobierno estadunidense que establezca mecanismos legales de clemencia para los mexicanos sentenciados a la pena máxima.

Asimismo, la agencia informó sobre organismos defensores de los derechos humanos en tres estados de la frontera norte del país que condenaron la ejecución de Murphy Rodríguez.

En Piedras Negras, Coahuila, así como en Reynosa, Tamaulipas, y Tijuana, Baja California, los organismos coincidieron en que la justicia estadunidense ``se ensaña con los mexicanos'', a quienes sin mediar otro aspecto que su origen, les aplican penas ``bárbaras'', que a delincuentes anglosajones no se les impone.

Por último, defensores de los derechos humanos de México aseguraron que seguirán pugnando para que se dé más atención a los casos de connacionales condenados a muerte en diferentes prisiones de Estados Unidos y se pueda obtener clemencia en cada caso.

Salvador Guerrero Chiprés Ť La ejecución de Mario Murphy generará ``una protesta'' del gobierno de México ante el de Estados Unidos porque en ese país ``a pesar de que en el nivel federal hay conciencia sobre la obligación de cumplir con las convenciones internacionales, esto no es respetado por los gobiernos estatales ni municipales'', anunció el secretario de Relaciones Exteriores, José Angel Gurría.

Lamentó ``profundamente'' que ni el esfuerzo conjunto de las organizaciones no gubernamentales opuestas a la pena de muerte, el empeño del Departamento de Estado y de la secretaría a su cargo por medio del consulado y la embajada, hayan podido detener la ejecución de Murphy.

``Creo que es extraordinariamente doloroso para México y todos los mexicanos. La cancillería agotó todos sus recursos. Debo decir que encontramos mucho apoyo del Departamento de Estado'' luego de que ``quedó claro'' que hubo una omisión en el proceso al retrasar el contacto del acusado con la representación diplomática mexicana.

Subrayó que la SRE ``trata de evitar que este tipo de cosas sigan sucediendo'' contra los 35 mexicanos condenados a la pena capital en Estados Unidos. Murphy merecía que se respetara la Convención de Viena, además de su derecho a pedir la permuta de la pena y de solicitar clemencia.

El funcionario informó que durante la tarde estuvo en contacto con el gobierno del estado de Virginia y con el Departamento de Estado, ``hablé con las más altas autoridades''.

El Departamento de Estado, según le comentaron al titular de la SRE, ``manifestó preocupación'' al gobernador de Virginia, George Allen, porque no se hubiesen observado los lineamientos del artículo 36 de la Convención de Viena sobre protección consular, en el sentido del tardío contacto entre Murphy Rodríguez y el consulado mexicano.

``Todos los países debemos informar a cualquier detenido extranjero su derecho a entrar en contacto con el consulado de su nación'', subrayó el funcionario en un diálogo con los medios.

El canciller recordó que el contacto entre Murphy y el consulado ocurrió años después de la detención.

Ante la embajada de Estados Unidos aquí, integrantes de la Red Internacional por los Plenos Derechos de los Trabajadores Migratorios y sus familias condenaron la ejecución. Alrededor de veladoras, varios oradores expresaron repudio por el ``historial racista de su sistema jurídico''.