La Jornada 18 de septiembre de 1997

Fin a redadas: PRD; ``fase explosiva'': PAN; hay que renovar instituciones: PRI

Alonso Urrutia y Víctor Ballinas Ť El coordinador de la mayoría perredista en la Asamblea Legislativa, Martí Batres, subrayó que la aplicación de los operativos contra la delincuencia han llegado a una situación de agravio inadmisible para la sociedad. Al fijar la postura del PRD en la comparecencia del regente Oscar Espinosa, Batres aludió a la ejecución de tres jóvenes y pidió el fin de las operaciones anticonstitucionales por su ineficacia y abuso de autoridad.

Por su parte, Miguel Hernández Labastida, líder de la bancada panista, advirtió que la inseguridad pública ha entrado ``en una fase crítica y explosiva'' que ha derivado en ``la condena de inocentes y la impunidad de culpables''. En su crítica al ``pésimo desempeño'' de las corporaciones policiacas, acusó a las autoridades de ``franca complicidad'' con los delincuentes.

Durante la exposición de posturas partidistas ante el informe del gobierno capitalino, el presidente del PRI capitalino, Manuel Aguilera, mencionó que hay una ``ineludible responsabilidad política, moral y legislativa'' para renovar las instituciones y leyes en materia de seguridad a fin de endurecer el combate a la delincuencia.

El tema de la seguridad pública ocupó gran parte de las exposiciones partidistas, en una inédita comparecencia en la que coexistió un ejecutivo priísta con una mayoría legislativa de oposición. En su oportunidad, Batres censuró la gestión de Espinosa, especialmente por su actitud frente al problema de la inseguridad pública, por el manejo financiero del gobierno capitalino y por su política social.

Batres dijo que, pese a tener el presupuesto de seguridad pública más elevado de su historia, la capital ha tenido un ``crecimiento dramático'' de la delincuencia, el más alto de su historia. ``Esto quiere decir que los recursos o no llegan a su destino o el ritmo de crecimiento de la delincuencia supera con creces el de la prevención''.

Tras recordar que el DDF hizo caso omiso de las críticas al programa Respuesta Inmediata de Máxima Alerta (RIMA) y sólo cambió el nombre a sus operaciones, recordó las condiciones en que se ejecutó a los tres jóvenes de la colonia Buenos Aires y la agresión e intimidación a periodistas.

El perredista dijo que su partido exige ``el fin de aquellos operativos anticonstitucionales que se realizan sin órdenes de aprehensión y el castigo a los culpables de las ejecuciones. En lugar de detener sin órdenes de aprehensión, la policía debería ejecutar las miles que se encuentran rezagadas''.

Del tema de la seguridad pasó al de la economía, pues ``el combate a la delincuencia debe pasar por revertir el rumbo excluyente de la política económica del actual gobierno''. Asimismo, criticó el manejo de las finanzas de la actual administración, que recibió una hacienda ``sana'' y entrega otra comprometida por la deuda pública.

En su oportunidad, Hernández Labastida dijo que con sus acciones el gobierno capitalino da la impresión de estar desesperado ante la inseguridad, porque lejos de disminuir los índices de delincuencia éstos han crecido en forma ``alarmante'', pues en tres años han aumentado 72 por ciento.

Las operaciones policiacas no han logrado su cometido y sólo han sido censurados por organismos de derechos humanos, dijo, y propuso reformar la Ley de Seguridad Pública para que termine la ``anarquía'' con que operan las corporaciones policiacas.

En otro orden, dijo que el actual sistema económico ha demostrado que ``sólo produce miseria para las mayorías y riqueza para unos cuantos. La vida social se encuentra en grave crisis, por lo que lo fundamental es preguntarnos si después de tres años se ha mejorado algo''. Los niveles de desempleo son más elevados y la crisis económica aún no termina porque 51 por ciento de las industrias continúan sin flujo financiero y sin mercado, agregó.

Manuel Aguilera dedicó su intervención a definir la actitud de la nueva minoría que encabeza: ``Nuestra responsabilidad es contribuir lealmente a la gobernabilidad. No venimos a apostar por el fracaso de la ciudad''.

Dijo que el DF está dominado por dos instancias políticas promotoras de políticas urbanas diferentes pero, destacó, se ha dado una transición ``impecable, revelador de los nuevos tiempos de civilidad''. Aseguró que el PRI no concibe la oposición como método de lucha que ``busca el aniquilamiento del adversario con ideología contestataria. Los errores e inconsecuencias de nuestros adversarios no serán nuestro objetivo. Nos proponemos ser artífices de la construcción y no protagonistas de la destrucción''.

José Narro, del PT, señaló que la una ciudad está cada vez más dividida y polarizada. Marginación y desempleo tienen efectos sociales como la delincuencia, y la actual política económica ``ha destruido las bases mínimas de convivencia social y agudizado los conflictos sociales''.

La coordinadora del PVEM, Sara Castellanos, dijo que el regente sólo expuso la visión de la crisis gubernamental que confirma la propia crisis y lamentó que las fronteras entre la defensa de la ley y su violación sean tan endebles que con frecuencia se cometen abusos.