Protección policiaca a bandas, hipótesis en el caso Buenos Aires

Alberto Nájar Ť La Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) abrió una nueva línea de investigación sobre la balacera en la colonia Bueno Aires. Esta se refiere a la protección que efectivos de la Secretaría de Seguridad Pública brindaban a bandas locales dedicadas a la venta de droga y al asalto a mano armada.

Fuentes de la dependencia indicaron que no se descarta la posibilidad de que un conflicto entre estas bandas pudiera ser el móvil de la balacera del pasado 8 de septiembre y la posterior ejecución de tres jóvenes de la zona. Hasta ayer habían rendido su declaración 80 efectivos del Grupo Especial de Disuasión, Jaguares, así como 150 Zorros.

También se revisaron 200 armas entregadas por los policías que participaron en la balacera; las pruebas periciales que se practican incluyen el análisis del tipo de raspado que dejan en los casquillos, sobre todo después que se comprobó que las balas usadas en la Buenos Aires y las que se utilizaron en el triple homicidio son las mismas.

Los dictámenes periciales en este sentido terminarán de recabarse a lo largo de la próxima semana, pues los exámenes que se practican a las armas son minuciosos. De hecho, las balas que se disparan tienen una huella particular que no se repite en ninguna otra arma y que en el argot policiaco se denomina raspado; este elemento es el que se busca en los exámenes periciales. Sin embargo, las investigaciones van más allá de comprobar la propiedad de las armas utilizadas en la ejecución. Fuentes de la PGJDF indicaron que la nueva línea de investigación se refiere principalmente a la participación de efectivos de la SSP que podrían proteger a las bandas locales y que un ajuste de cuentas entre éstas pudiera haber provocado la ejecución y desaparición de seis personas.

Hasta el momento se tiene claro que en los hechos participaron mandos medios de la SSP, aunque no se descarta la posibilidad de que funcionarios superiores --incluidos los militares-- supieron o tomaron parte en el asunto.

Así, una de las hipótesis es que los jóvenes asesinados no fueron capturados para consignarlos ante las autoridades superiores, sino que los policías los atraparon por consigna de alguien ajeno a la SSP o a la PGJDF.

Debido a la confusión que prevalece entre los testimonios recabados, no se determina aún el nivel de participación de los uniformados, pues existen datos contradictorios, como los denunciados por familiares de Juan Carlos Romero Peralta --de 17 años y ejecutado en Tláhuac-- ante los medios de comunicación, de que él viajaba en un automóvil Golf blanco al momento de su aprehensión, pero ante el Ministerio Público declaran que el vehículo era un Jetta del mismo color, confusión poco creíble entre habitantes de una de las colonias donde el modus vivendi es la venta de partes de automóviles.