Diputados, es hora de arreglar la casa

La 57 Legislatura enfrenta graves problemas debido a que ni el reglamento interno ni la Ley Orgánica establecen qué hacer en caso de que ninguna fracción parlamentaria tenga mayoría absoluta. Y si bien diputados y senadores fueron posponiendo la readecuación de la ley, en realidad sólo era una forma de eludir la responsabilidad y mantener, hasta donde las circunstancias lo permitieran, el control de la mayoría priísta. Hoy, sin embargo, los hechos obligan a elaborar un nuevo marco jurídico para el funcionamiento del Legislativo, acorde con la realidad del país.

ELENA GALLEGOS

En los tiempos de la reforma del Estado y de la multiplicación de las mesas --lo mismo en Bucareli que en San Lázaro o Xicoténcatl-- en las que se iba a discutir el futuro del país, la urgencia de reformar la Ley Orgánica del Congreso saltó al primer plano.

Los partidos --los grandes y los chicos-- se dieron a la tarea de formular sus proyectos. Lo hizo el PRI, el PAN y el PRD. Lo hicieron los demás. Legislaturas atrás aquella necesidad comenzó a convertirse en una especie de cantaleta . Cada tres años, en ambas cámaras, se hacían compromisos para, ``ahora sí'', darse el marco jurídico que la transformación del país iba reclamando.

Por discursos no quedó. Muchas palabras, intervenciones y debates se virtieron y vivieron tanto en San Lázaro como en la casona de Xicoténcatl. Tampoco por proyectos. Estos se quedaron en los cajones y el destino y la pluralidad los alcanzaron y los rebasaron.

Lo cierto fue que, a fin de cuentas, los legisladores en turno de la mayoría --no obstante la presión de las oposiciones-- fueron dejando para quienes los sucedían la responsabilidad de revisar y modificar el marco jurídico que normaba el Congreso. Al término de la Legislatura, la disculpa se repetía: no se puede imponer a los que vienen el marco regulatorio.

En el fondo no era sino una manera de eludir la responsabilidad y mantener, hasta donde fuera posible, las formas del control de la mayoría absoluta priísta.

Un reglamento con 53 años

Y ya no tan en el fondo, los miembros de esa mayoría absoluta nunca creyeron que empezarían por perder el apellido; que se iban a quedar sólo en mayoría, mientras que el PAN se hacía el remolón en espera de que en un futuro cercano, esas normas que privilegiaban y sobrerrepresentaban a la mayoría priísta, iban a terminar sirviéndoles a ellos. Ya se hacían en el poder.

Pero hace muy poco, en los tiempos de la reforma del Estado, que nunca pasó de la confección de una ambiciosa agenda y la multiplicación de las mesas, se creyó que, por lo menos, sí podría dotarse al Congreso de una nueva ley con sus respectivos reglamentos. Ni eso.

--``¡Imprevisión!'', acepta el ex diputado Jorge Moreno Collado, quien en la pasada Legislatura encabezó el Instituto de Investigaciones de San Lázaro, fue miembro de las comisiones de Justicia y Gobernación y se metió, junto con Ignacio González Rebolledo, a elaborar el proyecto del PRI para la reforma de la Ley Orgánica del Congreso. Ambos confeccionaron también una propuesta de reglamento para la Cámara de Diputados.

Conocedor del tema, Moreno Collado admite que aun antes de la nueva realidad, en San Lázaro ya se hacía urgente el cambio de las normas que regulan la vida del Legislativo.

El reglamento al que todavía se alude data de 1934 y en él se recoge la experiencia parlamentaria de finales del siglo XIX y principios del XX, cuando este país era otro.

La Ley Orgánica fue formulada a finales de los setenta y sometida a modificaciones en 1994, sólo para incluir algunas prácticas parlamentarias (como los discursos que pronuncian representantes de las distintas fracciones previos al Informe de Gobierno) y para enmendar algunos puntos que habían quedado desfasados en el reglamento. Se suponía que el siguiente paso era adecuar dicho reglamento, pero tampoco se hizo.

Luego reconviene: ``La nueva composición ha generado muchísimos problemas porque la Ley Orgánica prevé una Gran Comisión que se integra sólo si hay una mayoría absoluta y, bueno, pues en esta Legislatura no la hay, pero no contempla nada en contrario o adicional. El problema es que las oposiciones han estado haciendo una interpretación interesada y convenenciera de esta Ley.''

Ex diputado y ex funcionario de la Secretaría de Gobernación, Moreno Collado aún se enfurece al recordar los argumentos y propuestas que levantó el llamado bloque opositor los últimos días de agosto, que llegó a proponer la composición paritaria de la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política:

``Buscaron contraponer dos artículos de la Ley Orgánica: el 39 y el 45. En el primero se establece que la Gran Comisión es la que designa a los miembros de la mayoría que, además del coordinador, debían integrar la Comisión de Régimen Interno. Pero en el 45 se precisa que este órgano se integra con los coordinadores de cada grupo parlamentario más otros tantos diputados del grupo mayoritario en la Cámara. No precisa que este grupo deba tener mayoría absoluta.

``Pensar que esa comisión podía ser paritaria era absurdo, una verdadera tropelía jurídica, un atentado al orden y a la cultura jurídica. Bueno, ningún jurista en su sano juicio, ningún abogado, aunque hubiera cursado su carrera en las academias Vázquez, haría una interpretación tan errada y obtusa de la ley.''

En fin, Moreno Collado y González Rebolledo dejaron para sus correligionarios un proyecto de reformas a la Ley Orgánica que busca ``otorgar facultades que permitan al Legislativo federal fortalecer su calidad de representación popular, así como aumentar su injerencia y capacidad de decisión en los asuntos nacionales'', y prevé, entre otras cosas, las siguientes:

Desaparecer la Gran Comisión, que sería sustituida por una Comisión de Gobierno integrada por todas las bancadas; crear la figura de presidente de la Cámara, función que correspondería al coordinador de la fracción mayoritaria de la Cámara. El presidente de la Cámara sería el representante legal de la misma.

El proyecto priísta prevé incluso la conformación de una Guardia del Congreso, un cuerpo de vigilancia que estaría bajo las órdenes de los presidentes de cada Cámara. Esto para garantizar la seguridad de los recintos parlamentarios y acabar con las críticas que, año con año, en cada Informe de Gobierno, se hacían al Estado Mayor Presidencial, cuyos elementos se apoderaban del Palacio Legislativo.

Resabios del pasado monolítico

Por lo que respecta al Partido de la Revolución Democrática, éste argumentó una y otra vez que ``ante la radical crisis de representatividad'' por la que atravesaba y como parte fundamental de la reforma del Estado, el Poder Legislativo debía reformarse.

Eran los tiempos en que amplios sectores de la oposición seguían creyendo que iba a pactarse una reforma del Estado. Aunque al final sólo pudieron consensuarse las modificaciones constitucionales para la reforma política.

Muchos avizoraban ya un cambio abrupto en la correlación de fuerzas en las cámaras. Urgía que el marco jurídico lo previera. Los coordinadores de las fracciones representadas en la Cámara de Diputados: Humberto Roque Villanueva, PRI; Ricardo García Cervantes, PAN; Jesús Ortega, PRD, y Joaquín Vela, quien aún encabezaba la del PT, llegaron a suscribir un documento en el que se comprometían a desahogar ese tema, independientemente de si había o no otros acuerdos en la mesa de Gobernación.

En cuanto a las propuestas del PRD, éstas centran sus baterías en la necesidad de ``eliminar los resabios del pasado monolítico''. Es decir, coinciden en la urgencia de acabar con la Gran Comisión y de propiciar la democracia al interior del Legislativo, ``lo cual implica la salvaguarda de los principios de igualdad esencial de los individuos y grupos parlamentarios que la componen''.

Jesús Zambrano, uno de los diputados perredistas que más se metió en el tema, rememora que en aquellos días en que había jaloneos por los puntos que debían incluirse en la llevada y traída Agenda Nacional, su bancada insistía en que uno de los primeros debía ser la reforma al Legislativo.

``Me acuerdo de algunas de las conversaciones que tuvimos con Moreno Collado, en las que advertíamos `ustedes, los priístas, no van a ser siempre mayoría. Piensen en salvaguardar sus derechos a futuroÉ'. Nunca lo creyeron, la realidad se impuso y en esta Legislatura parecen estar acorralados en una suerte de negociación en la que cada vez que se mueven, se hunden más.''

Los perredistas consideraban entonces como condición necesaria para la reforma parlamentaria la aprobación previa de cuatro iniciativas que ellos habían presentado y que, como casi todas las de la oposición --salvo una del PAN relacionada con el uso del Escudo Nacional y alguna otra--, el PRI las desechaba o las mandaba a la congeladora, y que eran:

Creación de la figura del referéndum ratificatorio ; participación del Poder Legislativo en la designación de los secretarios de despacho; establecer en la Constitución la posibilidad de someter a juicio político al Presidente de la República y el otorgamiento de facultades en materia de planeación económica al Congreso.

Por lo que toca al PAN, éste argumenta en su propuesta que el Congreso vive una ``declinación'' de su dignidad y decoro por la sumisión de muchos de sus integrantes a los designios del Ejecutivo y por la negligencia e inaudita irresponsabilidad de algunos de sus integrantes para cumplir con sus obligaciones mínimas.

Una de las primeras cosas que el PAN establece es la desaparición de la Gran Comisión, ``órgano de control excluyente, oneroso y burocratizado, que en un Congreso cada vez más plural ya no tiene razón de ser''; busca reducir el número de comisiones; sustituir el término ``fuero'' por ``inmunidad'', y reforzar las facultades para integrar comisiones investigadoras, entre otras cosas.

Hubo muchos proyectos, pero faltó voluntad y visión. Hoy los hechos obligan a los legisladores a darse un marco más acorde con la realidad que vive el país.