La Jornada 19 de septiembre de 1997

Judiciales y agentes del MP serán juzgados por el caso Yéssica Díaz

Triunfo Elizalde y Emmanuel Salazar, corresponsal Ť En tanto que el procurador general de Justicia de Durango, Ismael Mejorado Oláguez, anunció que en cumplimiento a la recomendación 75/97 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en torno al caso de la menor Yéssica Yadira Díaz Cázares, miembros de la Policía Judicial estatal y agentes del Ministerio Público ``serán cesados y deberán hacer frente a responsabilidades de acuerdo con la Ley de Servidores Públicos'', María Eugenia Cázares de Díaz, madre de la hoy occisa, dijo saber que hoy (viernes) familiares de los presuntos ultrajadores de su hija ``tratarán de entrevistarse en México con el secretario de Gobernación para exponerle la verdad de los hechos''.

Vía telefónica, la señora Cázares de Díaz subrayó saber que dichos familiares (de José Alfredo Almeraz Lozano, Jesús Rafael Almeraz Miranda y Jesús González Cisneros, él único que ha sido detenido) viajaron ayer (jueves) acompañados del abogado Jesús Rivera Ortiz, conocido como El Milocho, quien fue presidente de la Barra de Abogados de Durango hace varios años.

A la vez, informó que hoy enviará, vía fax, a la doctora Mireille Roccatti, presidenta de la CNDH, ``un recurso de impugnación a su recomendación en favor del caso de mi hija, porque en ella no se pide ninguna acción en torno al proceder del ex procurador general Juan Francisco Arroyo Herrera, ni tampoco contra el ex subprocurador Godofredo García Ríos, quienes fueron los que principalmente violaron las leyes que debían proteger a Yéssica''.

Hizo saber que ``desde el martes 8 de este mes tuve comunicación telefónica con el licenciado Jorge Luis Arenas, secretario particular del primer visitador, Mario Alvarez Ledezma, a quien le manifesté que iba a presentar un recurso de impugnación, a lo que me dijo que sería bueno que esperara las determinaciones que vaya tomando el procurador Mejorado Oláguez. A la vez le dijo que tanto el ex procurador como el ex subprocurador, por el hecho de haber dejado el cargo, no están exentos de ser llamados a investigación. Hoy (ayer) traté de hablar con él para comentarle las declaraciones que hizo dicho funcionario y ratificarle que enviaría mi inconformidad''.

Comentó que luego de las pláticas sostenidas con el gobernador Maximiliano Silerio Esparza, ella y su familia han dejado de ser víctimas de amenazas, ``aunque no vivimos confiados, porque con estas personas uno nunca sabe qué pueda ocurrir''. Agregó que sigue siendo asesorada por la Misión del Ombudsman de la Niñez de Durango y que en este día ``trataré de entrevistarme con el señor gobernador si el procurador no me atiende''.

Por su parte, el procurador Mejorado Oláguez, en entrevista con La Jornada hizo saber que está recibiendo información ``de que casi terminamos con la recomendación de la CNDH; faltan nada más las declaraciones de algunos elementos que nos puedan ayudar a valorar y pienso que en pocos días podremos ya empezar a calificar la responsabilidad de los inculpados''.

Precisó que alrededor de 20 funcionarios y ex funcionarios de la PGJE se encuentran involucrados en los hechos; asimismo, señaló se han recabado poco más de 20 declaraciones en las averiguaciones previas abiertas que se iniciaron para atender la recomendación de la CNDH. De hecho, la PGJE a su cargo está tratando de concluir las averiguaciones en un plazo menor de 30 días, tiempo otorgado por la CNDH.