La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) llega a su cuarto aniversario en un entorno difícil. El estremecedor crecimiento de la delincuencia y de la inseguridad que ha tenido lugar en la capital del país en años recientes, sumado al grave descontrol imperante en las corporaciones policiacas y a la descomposición de las instituciones capitalinas, se ha traducido en una mayor vulnerabilidad de los habitantes de esta urbe frente a la criminalidad y frente a los servidores públicos.

En los últimos tiempos la sociedad capitalina ha atestiguado vendettas entre bandas delictivas, de operaciones policiacas en las que se cometen atropellos y violaciones a la ley, y de ejecuciones extrajudiciales que obligan a evocar los escuadrones de la muerte que, en otras naciones, medran al amparo de mandos policiacos o militares.

En días recientes varios informadores han sido víctimas de agresiones inadmisibles que, a decir del procurador capitalino, Lorenzo Thomas Torres, pueden tener como propósito preservar la impunidad de delincuentes o de policías-delincuentes.

En estas circunstancias exasperantes empiezan a surgir voces favorables a una política de ``mano dura'' contra la delincuencia, política que, de manera inexorable, llevaría implícita la extralimitación, el abuso de poder y las generalizadas violaciones a los derechos humanos.

Estas indeseables circunstancias por las que atraviesa la población capitalina fueron ilustradas ayer por el presidente de la CDHDF, Luis de la Barreda Solórzano, quien, en su cuarto informe, presentó una preocupante radiografía de la inseguridad imperante y de la ineficiencia, la impunidad y las inequidades que caracterizan a las corporaciones policiacas y al sistema de procuración e impartición de justicia.

Más allá del ámbito de la ciudad de México, la sociedad asiste a una notoria y preocupante pérdida de eficiencia y de rumbo de las comisiones de derechos humanos, incluida la Nacional. En varios estados se ha evidenciado un progresivo sometimiento de las comisiones mencionadas a los poderes locales o, cuando menos, una marcada complacencia ante el desempeño de los servidores públicos. La Comisión Nacional de Derechos Humanos, por su parte, ha actuado en forma errática ante diversos sucesos que habrían requerido su intervención puntual y enérgica, empezando por la ocasión en que los trabajadores de limpia de Tabasco fueron injustificadamente agredidos por la policía en la madrugada del 20 de enero de este año frente a las puertas de la sede de esa institución.

En este contexto, el desempeño de la CDHDF ha sido mucho más consistente que el de entidades análogas de los ámbitos estatales o federal. Tanto por esta consideración como por la necesidad de avanzar en el combate a la impunidad y a los abusos de autoridad, que a últimas fechas cobran proporciones gravísimas, es claro que esta institución debe ser fortalecida, consolidada e impulsada por la sociedad misma.

Hace dos días, el presidente Ernesto Zedillo propuso la ratificación de De la Barreda Solórzano para que continúe otros cuatro años al frente de la CDHDF. Independientemente de la persona que la encabece, es indudable la necesidad de preservar y robustecer la independencia de la Comisión y de respaldarla en su labor de protección de los derechos humanos de los capitalinos y de promoción de la cultura cívica y legal de los ciudadanos.