Compareció Gutiérrez Rebollo; descalifica la justicia militar sus declaraciones
Gustavo Castillo Ť El general Jesús Gutiérrez Rebollo, ex director del Instituto Nacional de Combate a las Drogas (INCD), preso desde febrero pasado en la cárcel de máxima seguridad de Almoloya de Juárez por sus presuntos vínculos con algunos capos del narcotráfico, implicó ayer en su declaración ministerial, sin presentar pruebas, a familiares del presidente de la República, Ernesto Zedillo, en los negocios ilícitos del cártel de los Arellano Félix. De igual modo aseguró que el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Enrique Cervantes Aguirre, era puntualmente informado de las operaciones y contactos que él hizo durante su etapa al frente del INCD.
Las acusaciones de Gutiérrez Rebollo fueron rechazadas por el procurador militar, Rafael Macedo de la Concha, que calificó lo dicho por el reo como ``apreciaciones meramente personales que no le constan y que atentan contra las instituciones de nuestro país y contra la vida del Ejército''.
Agregó que Gutiérrez Rebollo ``intenta llamar la atención sobre algo que no tiene mayor relevancia para el proceso jurídico que se le sigue. Sus intereses son aviesos y atentar contra la primera figura de nuestro país y su familia es reprobable''.
Macedo de la Concha estimó que las declaraciones de Gutiérrez Rebollo son un hecho muy lamentable que ``rompe con la doctrina propia de las fuerzas armadas y con la lealtad institucional, así como con los valores que nos han inculcado en la carrera de las armas''.
Por su parte, Alfonso Navarrete Prida, subprocurador de Control de Procesos de la PGR, explicó a los reporteros que el ex comisionado del INCD ``básicamente mencionó a algunas personalidades con referencias vagas de que tenían relación con el narcotráfico''. Agregó que el militar realizó las anteriores declaraciones ``con el objetivo de desviar la atención en un proceso muy concreto que se le sigue y generar esta sensación de caos en donde él queda como una víctima de abusos por parte de la autoridad''. En la ampliación de las declaraciones en el caso que se le sigue por delitos contra la salud, Gutiérrez Rebollo afirmó que en 1996 la DEA financió una serie de investigaciones sobre los hermanos Amezcua, ``ya que para ellos -la referida organización- era de vital importancia, pues se consideraban como los principales introductores de efedrina y otras drogas sintéticas a Estados Unidos''. Con este señalamiento, precisó, salieron a la luz las presuntas relaciones de algunos familiares del presidente Zedillo con el mundo del narcotráfico.
Gutiérrez Rebollo señaló en su declaración que la información recabada al respecto en los estados de Jalisco y Colima, y que fue obtenida por Octavio López Vega, fue del conocimiento del Presidente de la República, al igual que la supuesta amistad entre algunos familiares de Zedillo Ponce de León con los hermanos González Quirarte, ``cuya información se le había hecho llegar año y medio o dos años antes''.
De acuerdo con una versión sobre la ampliación de la declaración que hizo el militar, entregada por la defensa de Gutiérrez Rebollo, se establece también que el actual director de la Policía Judicial Federal, general Guillermo Alvarez, ``colaboraba con Amado Carrillo Fuentes, ya que éste contaba con credenciales de esa dependencia, firmadas por el militar, hecho similar al ocurrido cuando se detuvo a Ignacio Coronel, quien iba escoltado por tres agentes y al cual se le decomisó una credencial que lo acreditaba como subteniente oficinista perteneciente a la Policía Judicial Militar''. Durante la audiencia en Almoloya, Gutiérrez Rebollo mencionó que de todos los operativos e investigaciones que realizaba como comandante de la V Región Militar informó de manera oportuna al secretario de la Defensa Nacional, Enrique Cervantes Aguirre, al igual que había ocurrido con lo acontecido durante la detención de Eduardo Salazar Carrillo, ex delegado de la PJF en Sinaloa, quien supuestamente entregaría 400 mil dólares a Adrián Carrera Fuentes, ex director de esa misma corporación.
El militar aseguró que Carrera Fuentes era también el contacto del ex subprocurador Mario Ruiz Massieu con Amado Carrillo Fuentes y el narcotraficante Mayo Zambada.
Asimismo el ex comisionado del INCD señaló que ``el gobierno de Estados Unidos está exigiendo que los agentes de la DEA destacados en México porten armas debido a que han recibido amenazas de muerte del cártel de los Arellano Félix, lo cual para este gobierno representaría una seria responsabilidad, pues, a diferencia de nuestro país, la pérdida de un agente de la DEA constituye un serio problema internacional''.
Respecto a su relación con Eduardo González Quirarte, Gutiérrez Rebollo aseguró que éste se había convertido en un importante informador para atacar al cártel de Amado Carrillo Fuentes y también ``para conocer más a fondo el movimiento del narcotráfico en México''.
Gutiérrez Rebollo aseguró que el secretario de la Defensa Nacional, Enrique Cervantes Aguirre, tuvo contacto con Eduardo González Quirarte, quien supuestamente le planteó al funcionario, de manera indirecta, la posibilidad de un arreglo entre el cártel de Juárez y el gobierno mexicano.
Según Gutiérrez Rebollo fueron tres los acercamientos con el propio secretario: el primero de ellos durante la aprehensión de los hermanos Lupercio Serratos, el segundo durante una visita previamente acordada con el general Cervantes Aguirres y que se llevó a cabo en la sala de juntas de la oficina del jefe del Estado Mayor de la Sedena, ``donde informó de un supuesto arreglo que estaba llevándose a cabo, para no afectar a Amado Carrillo, entre el narcotraficante y unos licenciados de la Presidencia de la República. El trato era que la policía del INCD no llevara a cabo operativo alguno y que iban a aportar a dichos licenciados la cantidad de 60 millones de dólares y que ya habían dado como adelanto 6 millones de dólares''.
Según Gutiérrez Rebollo estas entrevistas se realizaron entre diciembre de 1996 y los primeros días de enero de 1997. La tercera y última entrevista de Cervantes Aguirre con Eduardo González Quirarte ``se realizó en la Secretaría de la Defensa Nacional y fue para hacer entrega de una importante información de la forma en que operaba el cártel de Amado Carrillo Fuentes, el narcotráfico desde el ámbito internacional y la situación de la Policía Judicial Federal en el resto de los estados''.
De igual manera el ex comandante de la V Región Militar mencionó que el general Cervantes Aguirre ordenaba los operativos y la forma de trabajar de la Secretaría de Seguridad Pública, de la Policía Judicial del Distrito Federal, de la Judicial Federal y de la Policía Fiscal. Señaló que 800 elementos pertenecientes a los Grupos Aeromóviles de Fuerzas Especiales (Gafes) y que actualmente se encuentran bajo las órdenes exclusivas del secretario de la Defensa Nacional, pasarían a formar parte junto con sus armas y vehículos de la Procuraduría General de la República, y que 200 elementos militares quedarían destacamentados en la ciudad de Guadalajara para continuar investigando y llevando a cabo operativos antinarcóticos.