En una banda amarilla que portaban los integrantes de uno de los contingentes del Agrupamiento Especial Emiliano Zapata del EZLN, podía leerse: ``Somos viento''. Y eso eran los zapatistas que arribaron a la capital: el viento que llegó del sureste mexicano para cimbrar al resquebrajado edificio de las instituciones políticas autoritarias del país, para poner en el centro de la agenda nacional la cuestión indígena y la urgencia por alcanzar una paz digna.
La movilización del 12 de septiembre en la ciudad de México fue un nuevo primero de enero de 1994. Sacudió la conciencia nacional y precipitó una oleada de optimismo y esperanza en las posibilidades de la transformación social. Sin embargo, a diferencia de aquella, ésta fue pacífica y participaron no sólo los zapatistas, sino también cientos de miles de indígenas y ciudadanos. La jornada de lucha que se inició con la movilización de más de 15 mil rebeldes en San Cristóbal, mostró que el EZLN es hoy mucho más fuerte de lo que era hace tres años y nueve meses. Fue un desmentido a quienes aseveran que el factor tiempo actúa contra los zapatistas y que éstos se encuentran desgastados y aislados.
La ofensiva zapatista de septiembre se desplegó en cuatro terrenos. Primero, en la caravana hacia la ciudad de México, que mostró una amplísima capacidad de convocatoria que abarca a amplios sectores sociales, de manera destacada al mundo indio. Segundo, en la formación del FZLN, opción civil y pacífica para el zapatismo no armado, que nació como una fuerza con futuro. Tercero, en la apertura de una enorme espacio político para el mundo indio agrupado en el Congreso Nacional Indígena, que, con el estímulo del zapatismo, ha ganado visibilidad, articulación política y unidad programática. Finalmente, en el espacio internacional, en el que cerca de 30 mil italianos se movilizaron en apoyo del EZLN, y éste recibió el León de Oro, máxima distinción que el ayuntamiento de Venecia otorga a los jefes de Estado o de gobierno que lo visitan. Y en todos los terrenos logró un impacto profundo, al punto de poner al gobierno mexicano ``contra las cuerdas'' en la batalla por la opinión pública.
El gobierno federal abordó la ofensiva zapatista con un esquema de contención. Ante el dilema de enfrentarla frontalmente, y entonces escalar el conflicto, o tratar de administrarla presentándola como parte de un esquema de reinserción de los rebeldes a la vida civil, apostó por la segunda opción, y trató de hacer creer a la opinión pública que los zapatistas se integrarían al FZLN. Apostó a que la ciudad de México absorbería la presencia zapatista diluyendo su impacto político, y que el ``espíritu'' de las fiestas patrias menguaría las muestras de simpatía hacia ellos, y se dedicó a tratar de proteger la imagen presidencial y del Ejército. Aprovechando los homenajes hacia el Batallón de San Patricio y de los Niños Héroes, alertó en contra de los peligros de la desintegración nacional, la pérdida de la soberanía y la balcanización, para deslizar la idea de que la reforma constitucional propuesta por la Cocopa puede provocar que esas calamidades se hagan realidad.
Su esquema de contención reventó más pronto que tarde. Primero, por el enorme apoyo popular que los zapatistas lograron. Segundo, porque una vez más perdieron ante la opinión pública la batalla de la credibilidad: es evidente que, a pesar de lo que digan, se niegan a cumplir los acuerdos de San Andrés. Tercero, porque el PRD ha asumido la defensa de la iniciativa de ley de la Cocopa. Y cuarto, porque el EZLN señaló con claridad que no pretendía disolverse en el FZLN y que estaba dispuesto a enfrentar, por igual, el reto de la guerra o de la paz. El revire gubernamental fue violento. A través de declaraciones del general Miguel Angel Godínez o de voceros oficiosos, se ha hecho público el enojo de sectores del Ejército y veladas amenazas de emprender acciones militares ofensivas, al tiempo que se insiste en la intransigencia zapatista.
Pero el gobierno tiene grandes dificultades para vender la idea de que los zapatistas son intransigentes. Para muchos es claro que la negociación sobre derechos y cultura indígenas ya se dio y que el gobierno pretende reabrirla. Asimismo, resulta evidente que no se pueden desarmar ni mostrar su identidad ahora, pues su vida corre peligro. Si el gobierno no reconoce lo pactado en San Andrés, ¿quién garantiza que cumplirá respetando su vida o su libertad en caso de que se desarmaran ahora? Por lo demás, sería una locura que pretendiera emprender una nueva ofensiva militar contra los rebeldes o sus dirigentes con el apoyo popular con que éstos cuentan ahora.
Es hora de que el gobierno cambie de actitud. Debe escuchar la voz de los miles de miles de mexicanos que le dijeron al EZLN: ``No están solos''. De seguir incumpliendo su palabra, correrá el peligro de que los nuevos vientos se conviertan en huracanes.