Edomex: formal prisión a cinco ex ediles acusados de peculado

Ana Salazar, corresponsal, Toluca, Méx., 18 de septiembre Ť Este día se dictó auto de formal prisión a cinco ex presidentes municipales y a tres ex tesoreros acusados de peculado de recursos estatales y federales, y se les negó la libertad bajo fianza. La situación jurídica de otro ex alcalde se definirá el próximo lunes.

En tanto, la Procuraduría de Justicia estatal informó que siguen prófugos ocho ex servidores públicos y se presume que les avisaron de la liberación de órdenes de aprehensión en su contra.

Entre los ex ediles encarcelados está el priísta Héctor Gustavo Frías Rivapalacio, de Apaxco, a quien la juez Gloria Guadalupe Acevedo le dictó el auto de formal prisión y se declaró incompetente para conocer del caso con base en la territorialidad de su jurisdicción, por lo que el caso se turnará al distrito de Zumpango.

La situación jurídica del ex alcalde de Villa Victoria, el priísta Raunel Gómez Bernal, y de su ex tesorero, Fermín Castillo Velázquez, se definirá el próximo lunes, cuando venza la ampliación del plazo constitucional solicitada por la defensa. Ambos están acusados de peculado por 3 millones 283 mil pesos.

Quienes siguen prófugos y con órdenes de aprehensión pendientes son los ex alcaldes de San Salvador Atenco, el panista Salvador Sánchez Vázquez, y el priísta Abel Eduardo Peña, de Amanalco de Becerra, y los ex tesoreros Alejandro Gómez Morales, de esta última localidad; Fernando Miranda Ríos, de San Salvador Atenco; Miguel Vergara Monroy, de Apaxco; Carlos García Hernández, de Santa Cruz Atizapán, y José Francisco Sánchez Carmona, de Otzolotepec.

Acusaciones en el Congreso local

Legisladores de las fracciones de oposición acusaron a priístas de congelar la iniciativa de reformas a la Ley Orgánica de la Contaduría General de Glosa del Congreso local, que ha ejercido en forma ``deficiente'' sus funciones de fiscalización de los recursos públicos, lo cual le ha impedido detectar con oportunidad conductas ilícitas de funcionarios y ex funcionarios públicos.

Los panistas Amado Olvera, Francisco Gárate Chapa y José Briseño afirmaron que con la creación de la Secretaría de Contraloría y mediante convenios con la Federación le arrebataron facultades al organismo fiscalizador, cuyas funciones se han limitado a emitir recomendaciones y aplicar sanciones administrativas y económicas.

Dicha situación, explicaron, ha propiciado anomalías en el ejercicio del presupuesto, que este año será de 25 mil millones de pesos, de los cuales 98 por ciento se destinó al gobierno estatal y a sus dependencias.