Gobernar con mucha política y poco dinero

ALONSO URRUTIA Y VICTOR BALLINAS

La integración del nuevo gobierno de la ciudad de México abre escenarios inéditos tanto de forma como de fondo. Quedan atrás 69 años de designaciones presidenciales y se inaugura una etapa de cambios, que incluyen un nuevo proyecto de ciudad, innovadoras concepciones de la relación gobierno-sociedad y la ruptura con los añejos intereses y cacicazgos que dominaban esta urbe.

Una ciudad que funcionó al ritmo que marcaban la corporativización priísta, los intereses económicos y políticos asociados al propio PRI y organismos que evidenciaron el agotamiento institucional de participación social, aguarda el tránsito hacia nuevas formas de organización poniendo énfasis en la participación social.

En esta transición, comienza también, bajo buenos auspicios, una inevitable relación entre el Ejecutivo federal y el nuevo gobierno electo. Por primera vez un gobernante de la ciudad posee información pormenorizada de la realidad urbana con cinco meses de anticipación a su llegada al cargo, y este no es un hecho menor, si se considera que ni siquiera los gobernantes surgidos del PRI han tenido condiciones propicias para iniciar su administración. Manuel Camacho Solís, por ejemplo, un hombre cercano al entonces jefe del Ejecuti-

vo Carlos Salinas de Gortari, conoció su designación 20 días antes de iniciar sus funciones. y el caso de Oscar Espinosa Villarreal es aún más ilustrativo.

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En la primera reunión de transición, el regente deslizó al nuevo jefe de gobierno: ``Usted va a contar con toda la información que se tiene de la ciudad, programas y proyectos, participará en la elaboración del presupuesto. Es la ventaja de asumir el cargo meses después de la elección. Yo tuve media hora de conversación con el regente Manuel Aguilera y sólo 15 días para integrar el equipo de trabajo''.

Definida por algunos colaboradores cercanos a Cuauhtémoc Cárdenas como una transición ``institucional, inédita para un gobierno de oposición'', este proceso posibilitará que ``el cambio de gobierno no sea traumático para la ciudad y se garantice la funcionalidad de servicios, aun en los primeros días de la nueva administración''.

La herencia del Diablo

Sin embargo, más allá de la formalidad republicana, la problemática que se hereda es por demás compleja: una inseguridad creciente que amenaza con desbordarse; un proceso de modernización del transporte que fracasó ante el cúmulo de intereses y la falta de financiamiento; megaproyectos postergados por los vaivenes de la economía nacional, e innumerables protestas vecinales.

Para confrontar esta problemática, el nuevo gobierno enfrentará primero las restricciones presupuestales y una deuda que creció mil 500 por ciento en la administración de Oscar Espinosa Villarreal. La carga que este déficit representa se vislumbra ya como un tema central a negociar con el Presidente de la República.

Además, la caída de las participaciones federales de la ciudad de México se conjuga con un endeudamiento creciente. Los 13 mil 500 millones de pesos que debe el gobierno capitalino representan 30 por ciento del total de los recursos ejercidos durante 1997.

En los últimos años, con el fin de que la ciudad recobrara la credibilidad perdida en los mercados financieros y fuera sujeta de crédito nuevamente, aumentaron en forma sensible tanto los impuestos como los precios y tarifas de bienes y servicios.

Al concluir la actual administración, documentos oficiales del Departamento del Distrito Federal establecen que los créditos obtenidos se asociaron necesariamente al crecimiento anual de los ingresos de la ciudad vía el incremento de tarifas e impuestos. Así, en dos años la tarifa del Metro se incrementó 300 por ciento y el costo del agua casi cien por ciento.

Además, a pesar de los incrementos en las tarifas del transporte, los organismos públicos representan una de las mayores cargas para las finanzas públicas, ya que se otorgan 2 mil 100 millones de pesos como subsidio al transporte y se canaliza una cifra casi similar al servicio de agua potable.

Al estrangulamiento financiero que enfrentan los organismos públicos de transporte, se agrega la herencia del fracaso más sonado de la actual administración: la modernización del transporte.

A dos años de la desaparición de Ruta 100, las inversiones del sector empresarial que preveía la regencia no han llegado; los poderosos intereses del transporte concesionado no han sucumbido ante los programas oficiales y los organismos públicos no tienen posibilidad de incrementar su oferta. En tanto, el crecimiento del Metro se ha financiado básicamente por la vía del endeudamiento.

El entramado de intereses económicos y políticos en el sector transporte --líderes de rutas asociados al PRI cuyos intereses han llegado a detener incluso la aplicación de la nueva legislación, derrama de recursos económicos en rutas clave y la corrupción asociada con la autoridad, entre otros-- es sólo parte de la complejidad social de la metrópoli.

Signo de los nuevos tiempos

A pesar de que la infraestructura de la ciudad supera el 90 y 95 por ciento en dotación de agua, drenaje y energía eléctrica, durante la crisis económica de 1994-1995 el nivel de bienestar social registró un retroceso estimado oficialmente en diez años.

Asimismo, de acuerdo con análisis realizados en la UNAM, se desplomó el ingreso per cápita, retrocediendo a un nivel similar al de cinco años atrás, y se deterioró aún más el nivel de vida de la población, de la cual 50 por ciento percibe dos salarios mínimos o menos. En tanto, si bien el empleo comienza a recuperar de manera incipiente el terreno perdido, crecen las tensiones en el mercado de trabajo.

Por otra parte, el auge de la inversión inmobiliaria del sexenio pasado enfrenta hoy, además de la crisis económica, una mayor oposición vecinal: cien millones de dólares están paralizados por la oposición ciudadana a la realización del megaproyecto Alameda; la construcción del estadio Azul fue cancelada; la edificación de una torre en Cuicuilco y otra más en Reforma está a discusión; el proyecto carretero de La Venta, detenido, y lo mismo ocurre con el Tren Elevado.

Estos son parte de los megaproyectos que presentan conflictos y que heredará el nuevo gobierno que emerge bajo la oferta electoral de mayor participación social.

``Es el signo de los nuevos tiempos en la ciudad'', señalan urbanistas.

Gobernada durante décadas por la discrecionalidad de la autoridad, la transición en la ciudad alentará las hasta ahora incipientes formas de participación social cuyo fracaso más evidente fue la desaparición de los consejos ciudadanos.

Sin embargo, la transición democrática que vive la ciudad ha sido promovida, en gran parte, por el constante reclamo social de mayor participación. Mas de mil marchas anuales expresan y sintetizan la demanda de una nueva institucionalidad para esta ciudad.