Héctor Aguilar Camín
Chiapas: genio y figura
Recuerdo haber leído en La Jornada que en los distritos indígenas la votación del 6 de julio pasado fue mayoritariamente priísta. Lo fue también en el propio municipio de Ocosingo, que alberga los dominios del EZLN, el cual intentó boicotear los comicios con procedimientos que a cualquier otro partido político le hubieran costado la condena unánime. El EZLN se asume como representante universal de esos votantes. Ya que dice mandar obedeciendo, podría obedecer el mandato mayoritario de los votos indígenas e ingresar al PRI. Antes, ya que mandan obedeciendo, podrían haber obedecido el mandato nacional de respetar las elecciones, y antes el mandato nacional de que dejen las armas y negocien la paz.
La falta de seriedad política y jurídica con que el gobierno asumió primero y abandonó después las negociaciones de San Andrés Larráinzar, ha dado a los zapatistas un argumento serio para desobedecer todos los mandatos y echar, como siempre, la culpa de sus decisiones a los demás. Dada la forma irresponsable y olvidadiza como el gobierno aceptó la suspensión del diálogo con el EZLN hace trece meses, no dejó de ser inesperada su celebración de la marcha zapatista sobre la capital y su oferta de seguridad pública: 20 mil efectivos policiacos cuidando a representantes de una organización armada que sigue formalmente en guerra con el gobierno.
Pensaba el gobierno, con la misma simpleza de su olvido anterior, que ofrecerle al EZLN un puente de plata para que formara su organización no militar era una manera de ganarle con su propio impulso y llevarlo a la vida política pacífica aprovechando las urgencias de visibilidad del neozapatismo, recluido en sus terrenos y en una franja significativa pero exigua de la opinión pública. El EZLN aceptó la hospitalidad, hizo su marcha y formó su frente político, pero en el mismo acto se deslindó de él, manteniéndose expresamente como organización armada, en guerra con el gobierno constituido.
El gobierno se cansó de ofrecer tácitamente a los zapatistas el reinicio de un diálogo para consensar una redacción legal adecuada del proyecto de reformas constitucionales en materia indígena. Los voceros y representantes del EZLN exigieron que el gobierno cumpla los acuerdos de San Andrés que firmó. Esos acuerdos no pueden cumplirse sin la reforma constitucional y ésta no puede iniciarse sin un texto que la exprese. El único texto que hay es el de la Cocopa, la comisión de la legislatura anterior que redactó un proyecto de ley que ellos mismos desestimaron como viable, al no volverlo nunca iniciativa de ley ni llevarlo al Congreso para su discusión y aprobación. Al exigir que el gobierno cumpla los acuerdos, el EZLN y sus aliados parecen estar exigiendo que acepte la redacción de la Cocopa y la apruebe tal cual.
Curiosamente, la organización que sigue en guerra contra el gobierno, espera de éste un ucase que resuelva su demanda. El problema es que, aún si lo quisiera, el gobierno no tiene ya suficiente fuerza para imponer esa iniciativa. La reforma constitucional necesita las dos terceras partes de los votos en el Congreso, y en la Cámara de Diputados el gobierno no tiene siquiera la mitad. Aun si el gobierno disciplinara a todos los diputados del PRI --lo cual está por verse-- le faltarían los votos aprobatorios de otros cien diputados. En ningún caso la reforma constitucional podrá darse sin un debate del texto propuesto. Y un debate puntual del texto de la Cocopa producirá en el Congreso tantas o más divergencias que los que produjo ya en el Poder Ejecutivo y en los expertos constitucionalistas que se han manifestado sobre la materia.
Durante un debate abierto en el Congreso, los promotores de la iniciativa podrían llevarse la desagradable sorpresa de que en el Poder Legislativo, nacido genuinamente de las elecciones del 6 de julio, las reformas constitucionales indígenas tienen menos simpatizantes y más adversarios de lo que permite suponer la blanda retórica proindígena de tantas declaraciones sin costo ni compromiso real con esa causa. Sin el apoyo vertical del gobierno, quizá la causa indígena resultara tan minoritaria en el Congreso como lo es, por desgracia, en la realidad social y económica de México.
De manera que, pese a la falta de seriedad que el gobierno ha tenido hasta hoy en esta materia, lo sensato es lo que ha propuesto el nuevo comisionado gubernamental para destrabar el asunto: consensar una nueva redacción legal que llegue al Congreso conocida y pactada, de modo que la reforma pueda darse. Pero la sensatez no ha sido la marca de fábrica del EZLN, del mismo modo que la seriedad política e institucional no ha sido hasta hoy la marca de fábrica del gobierno en el manejo del conflicto de Chiapas. Genio y figura...