La democracia no se agota en su dimensión electoral, es sólo un punto de partida necesario que puede o no destrabar otros procesos necesarios para tener calidad democrática en nuestro sistema político. En efecto, el país ha tenido notables avances para llegar a tener elecciones limpias y equitativas. La competencia ha generado cambios políticos y alternancias de gobierno que resultan muy positivas. Sin embargo, existen otras áreas de la vida cotidiana que se encuentran en fases completamente atrasadas y sometidas a la ley de la selva: una de ellas es la del mundo del trabajo.

En México no se cumplen las mínimas normas internacionales de respeto a los trabajadores. Puede sonar muy fuerte, pero la realidad es que en este país no existe libertad sindical, de la misma forma en que hace algunos años no había elecciones libres. El principio fundamental del mundo del trabajo es sin duda la libertad sindical, la cual implica dos cosas: que los trabajadores puedan elegir a sus dirigentes y que participen en la negociación de sus condiciones de trabajo. Este principio básico es el punto de partida para otros logros, al igual que con la democracia electoral. Sin libertad sindical no puede darse una productividad real del trabajo, procesos de capacitación, acuerdos bilaterales auténticos, en suma, no se podrá lograr la vinculación que urge tener en México, productividad con bienestar.

La falta de libertad sindical tiene diversas expresiones, las cuales se pueden agrupar en dos grandes paquetes: por una parte, las que se desprenden de la misma legalidad y las prácticas burocráticas, como el secreto y las trabas que rondan a los registros sindicales, los famosos contratos de protección que son una simulación jurídica y sindical (se calcula que en el DF el 93 por ciento de los contratos son de este tipo), y las violaciones para establecer la titularidad de los contratos colectivos; por otra parte, y para estar a tono con la descomposición social de estos días, existe un creciente fenómeno de violencia que se ha generalizado. Los casos se multiplican y cada vez que hay un recuento se da un clima de golpes, violencia y amenazas. En días pasados, el 9 de septiembre, la empresa Itapsa S.A. de C.V. filial de una gran empresa trasnacional, Echlin, dedicada a la fabricación de balatas, con un sindicato de la CTM que pertenece a la sección 15, fue el campo de batalla de un recuento: como ya es costumbre un grupo de golpeadores --de los cuales hay varias bandas como los ``chiquiticos'', ``chombos'', ``narconiños'', ``punk'', grupos controlados por algunos de los ex candidatos a diputados en la pasada elección que usaron el registro del PDM, como Daniel Castillo o Carlos Cuevas-- se apoderó de la empresa y bajo la coordinación del abogado de la empresa (Luis Enrique Roel) y del director de Relaciones Laborales (Marcelo Aragón) crearon un clima de violencia con el fin de evitar un recuento sindical, y las autoridades muy bien, gracias. Se ha generado todo un mercado de golpeadores al mejor postor que un día le pegan a trabajadores y otro a abogados patronales.

Los recuentos deben ser secretos como lo indica el Artículo 931 de la Ley Federal del Trabajo. De la misma forma como antes los alquimistas deformaban el voto ciudadano, hoy se viola la libertad sindical y la legalidad. La ley es muy clara y señala que se debe ``asegurar la representación auténtica de los agremiados mediante elecciones directas y secretas''. Es urgente romper el círculo vicioso de autoridades temerosas que no ven ni escuchan, patrones violadores de la legalidad, que tienen un pie en la ideología de la ``calidad'' y otro en la Edad Media, ya que quieren esclavos y no trabajadores, y sindicatos charros que simulan representar a los trabajadores y que negocian a sus espaladas.

En este momento histórico en el cual vivimos el inicio de una división real de poderes, se hace indispensable que el Congreso asuma su papel para lograr una reforma laboral mínima que contenga: a) transparencia en los registros sindicales y en los contratos colectivos; b) establecimiento del carácter secreto y democrático de los recuentos sindicales y terminar con la violencia que hoy es práctica común; c) prohibición y castigo a los contratos de protección. El reto también será sin duda para el gobierno de Cárdenas. La situación es urgente y grave porque la violencia se está imponiendo no sólo en las calles, sino también en las empresas. La democracia significa el establecimiento de una fuerza civilizatoria que pueda contener la violencia y la ruptura social. En este camino, la conquista de la libertad sindical es imprescindible.