Miremos el último trayecto de acuerdos y desencuentros entre el Ejército Zapatista (EZ) y el gobierno, según el registro de los medios de prensa. Después de acordar unos ``principios de conducta'', las partes tuvieron 17 reuniones durante 1995. Primer tema sobre la mesa: ``distensión proporcional y recíproca''. El EZ adujo sus argumentos: no estaba dispuesto a entregar las armas (desde entonces el EZ no ha cambiado su posición: hace un mes Marcos reiteró a la prensa: ``La guerrilla zapatista no se convertirá en fuerza política legal con la fundación del FZLN, porque no está acabado el recurso de las armas'').

Después aquella negociación se desplegó en múltiples voces: agenda, reglas de negociación, invitados y asesores, mesas de debate, ciclos paralelos de actividades. Las partes y sus invitados y asesores exhibieron conocimientos, y lúcidos argumentos a favor de la legitimidad histórica de las demandas indígenas, así como argumentos a favor de la integridad del Estado. Ese tramo termina con frutos promisorios: dos plenarias finales y acuerdos generales para cuatro temas: derechos y cultura indígenas, democracia y justicia, derechos sociales (el asunto agrario centralmente), y derechos de la mujer.

A partir de ahí surgieron dificultades cada vez mayores: era necesario acordar acerca del alcance de los acuerdos. En los temas acordados cuya circunscripción fuera el estado de Chiapas, el alcance era el de un compromiso con los poderes Legislativo y Ejecutivo locales para pasar a ser instrumentados de inmediato. Esos mismos asuntos, en el plano nacional, no podían ser compromisos; debían ser llevados a los poderes Ejecutivo y Legislativo federales dadas sus competencias legales, su fuero, su autonomía y la existencia de muchas otras organizaciones indígenas. Y en los que fueron llamados temas nacionales, sólo habría pronunciamientos.

Se acuerda, así, en relación con los derechos y cultura indígenas y con los derechos sociales, una nueva relación entre el Estado y los pueblos indígenas: 1) ``reforma del Estado'' (transformación de las instituciones especializadas en la atención a los pueblos indígenas); 2) programas de gobierno específicamente dirigidos al desarrollo de las comunidades indígenas; 3) reformas jurídicas, para reconocer como derechos las demandas históricas legítimas de esas comunidades.

No se avanza, en cambio, por disconformidad del EZ, en el tema Democracia y Justicia. En septiembre de 1995 el EZ rompe con la comisión del gobierno. Esta daba cabida en este tema a asuntos como el plebiscito o el referéndum, pero no a otros asuntos de orden político, señaladamente la cuestión electoral. Y es que, desde febrero de ese año, la mesa de Barcelona entre el gobierno y los partidos políticos estaba procesando la reforma electoral. El EZ no acepta ser excluido de este acuerdo y ello lo lleva al rompimiento. En su momento, en este espacio, opiné que en efecto el asunto electoral no podía estar sujeto a acuerdos con el EZ, y que no podía sino ser asunto de alcance nacional de las organizaciones políticas, no guerrilleras (probablemente otro factor que determinó el rompimiento fue la aparición a ``la izquierda'' del EZ, del EPR).

De otra parte, por cuanto en Larráinzar no podía ser acordado un texto jurídico sino arribar a unos acuerdos políticos, la Cocopa venía trabajando con la Secretaría de Gobernación en la reforma a los artículos 4 y 115 constitucionales --en relación con los acuerdos de Larráinzar--, de modo de llegar a una propuesta consensuada, que fuera aceptable para el Ejecutivo y para por el Legislativo federales.

Pero el rompimiento llevó al empantanamiento. La Cocopa intentó entonces resolver el problema elaborando ella misma una propuesta que presentó al EZ y al gobierno. El EZ la acepta, pero el gobierno presenta prevenciones en tres áreas: soberanía, integridad territorial y unidad nacional, y propone cambios en una propuesta de la Cocopa que recogía textualmente diversas expresiones de los acuerdos de Larráinzar. Así el pantano se configuró completamente.

Desde entonces algunos miembros de la Cocopa expresaron que su propuesta era perfectible, pero no hubo más trabajo. Las partes bajaron drásticamente el tono público de sus posiciones por un lapso prolongado y se sentaron a esperar el 6 de julio de este año. Con la nueva Cámara de Diputados el debate se reanima.

Muñoz Ledo una y otra vez insiste en que el texto de la Cocopa de ninguna manera vulnera la integridad nacional y que en él se recogen fielmente los acuerdos de San Andrés. El Congreso Nacional Indígena (CNI) declara que la tesis del gobierno según la cual ``si se concede la autonomía a los pueblos se fragmentaría al país, no tiene base lógica ni jurídica''. En general, PRD, PT y PVEM han dicho que promoverán el proyecto sobre derechos indígenas en sus términos ``originales''.

Posiciones como las de la CNI o las de Muñoz Ledo, y las de muchos otros militantes y simpatizantes del EZ no han sido mucho más que declaraciones: hasta ahora no se ha creado el espacio apropiado (en el Congreso), donde a la luz pública se dirima racionalmente si hay o no razón jurídica en las prevenciones gubernamentales.

Políticamente el mango del sartén se halla obviamente en las manos del PAN. Felipe Calderón, a la llegada de los mil 111 dijo que mientras el EZ no deponga las armas y abandone la clandestinidad no podrá ser reconocido como un movimiento social con demandas auténticas. El senador panista Beningno Aladro advirtió que es viable llevar a cabo las adecuaciones planteadas por el gobierno a la iniciativa sobre derechos indígenas y consideró que el EZ debe dejar ``el empecinamiento'' y las posturas de todo o nada.

Y en una posición que no quiere comprometer aún su postura final, Carlos Medina, coordinador de la fracción panista, señaló que el trabajo de sus diputados buscará establecer vías y destrabar obstáculos para que se reanude el diálogo entre los zapatistas y el gobierno federal.

Está claro: si el EZ no llega a un entendimiento con el gobierno, el PAN se verá compelido a inclinar la balanza hacia el lado que ya se advierte en sus posiciones.