La Jornada 23 de septiembre de 1997

Podrían las procuradurías actuar luego de esa pesquisa interna, dice

José Gil Olmos Ť Por ``propia salud'', la jerarquía católica debe investigar si esa Iglesia ha recibido dinero producto del narcotráfico, bajo la forma de limosnas u obras de caridad. ``Sólo de esa manera se podrá salvar el prestigio de la institución'', advirtió Ausencio Chávez, subsecretario de Gobierno de la Secretaría de Gobernación.

A raíz de las declaraciones del canónigo de la Basílica de Guadalupe, José Raúl Soto Vázquez, el pasado viernes 19 de septiembre sobre las ``limosmas'' y obras sociales que hicieron a la Iglesia narcotraficantes como Rafael Caro Quintero y Amado Carrillo, el funcionario dijo que en dicha investigación debe esclarecerse perfectamente bien si la Iglesia católica ha recibido este tipo de aportaciones.

``Es importante por la salud de nuestras instituciones y la de nuestra Iglesia, sobre todo para quienes somos creyentes, que este tipo de cuestiones sean esclarecidas, para que en la opinión pública no vaya a quedar una concepción equivocada'', indicó el subsecretario en entrevista, luego del abanderamiento de la escolta del IPN en las instalaciones de la Secretaría de Gobernación.

El subsecretario indicó que hasta después de que la propia jerarquía eclesiástica realice su investigación, las procuradurías podrían efectuar las indagaciones respectivas. No obstante, reconoció que al Estado le corresponde investigar estos hechos con profundidad y responsabilidad a fin de que este tipo de señalamientos queden perfectamente aclarados para el buen prestigio de las instituciones.

-¿Podría llamarse a algunos de los clérigos para que expliquen esta situación?

-Pienso que hay dos etapas diferentes, la primera es que ellos mismos, por el prestigio de la institución a la que sirven, hagan las investigaciones correspondientes y, según la veracidad de estos señalamientos, tendría que participar la autoridad como una segunda medida.

Aceptó más tarde que ``es responsabilidad del gobierno investigar cuando hay estos señalamientos que pudiesen afectar el prestigio de las instituciones''.

En cuanto a si la subsecretaría de Asociaciones Religiosas de la Secretaría de Gobernación tendría que investigar también esta situación, precisó que las autoridades competentes son las procuradurías y que habrán de actuar cuando existan evidencias.