De distintas maneras y a través de diferentes voceros el Ejecutivo federal señaló en días pasados que el ``gobierno de Ernesto Zedillo'' no pretende renegociar los Acuerdos de San Andrés, y que el problema que existe se reduce a su traducción jurídica en la Constitución. ¿Cómo juzgar la veracidad de las declaraciones gubernamentales? Simple y llanamente a partir de un criterio: la prueba de los hechos.

Han pasado más de 18 meses de que los Acuerdos sobre derechos y cultura indígena fueron firmados por el gobierno federal y el EZLN. Desde entonces nada ha hecho el gobierno para cumplir con lo pactado. El tiempo transcurrido habría sido más que suficiente para promover las reformas a la Constitución y a las leyes secundarias que se requieren para hacerlos realidad. Más aún, si se considera la celeridad con la que el gobierno ha promovido la modificación de otras leyes. Pero esto no se hizo. Y, por el contrario, el jefe del Ejecutivo vetó la iniciativa de reforma constitucional elaborada por la Cocopa, que habría resuelto el problema. Sin ir más lejos, en la agenda legislativa para el resto del año que el presidente Zedillo hizo llegar al PRI, el tema de derechos indígenas está ausente.

La única propuesta pública que el gobierno federal ha hecho para legislar sobre el tema es la que envió al EZLN el 20 de diciembre de 1996. En aquel entonces varios representantes gubernamentales reconocieron que su iniciativa era distinta a la pactada en San Andrés. Para justificar su incumplimiento de los Acuerdos señalaron que ello se debía a que, de manera simultánea a las negociaciones con los zapatistas, se había realizado una Consulta Nacional sobre Derechos y Participación Indígena, y que era necesario incorporar también sus conclusiones a una reforma constitucional. Aunque los resultados de esa Consulta no diferían en lo esencial de lo acordado en San Andrés, el gobierno reconoció entonces que no pensaba respetar lo que había firmado con los rebeldes.

Esta afirmación es congruente con la propuesta gubernamental del 20 de diciembre de 1996. Un análisis cuidadoso muestra que el gobierno dio marcha atrás en puntos que antes había aceptado. Entre otros, el documento oficial nulifica tres aspectos centrales de la autonomía: la capacidad de los pueblos de autogobernarse, la posibilidad de aplicar sus sistemas normativos internos, y el uso y disfrute de los recursos naturales de sus tierras y territorios. No define el sujeto del derecho, esto es, los pueblos indios, y no reconoce a las comunidades como entidades de derecho político. Todos estos puntos se encuentran claramente establecidos en los Acuerdos de San Andrés, pero la propuesta gubernamental los ignora.

Más aún, durante la comparecencia del secretario de Gobernación en la Cámara de Diputados el pasado 10 de septiembre, éste se opuso a puntos explícitamente pactados en San Andrés, como la redistritación electoral de acuerdo a la distribución demográfica de los pueblos indios, y a la posesión de sus propios medios de comunicación.

Así las cosas, si han pasado más de 18 meses sin que los Acuerdos se cumplan, si en enero de 1997 diversos representantes gubernamentales reconocieron que la propuesta de reformas constitucionales del 20 de diciembre de 1996 era diferente de la de San Andrés, si ésta da marcha atrás en lo pactado entre el EZLN y el gobierno federal, y si el mismo secretario de Gobernación objeta puntos firmados por el Ejecutivo federal con el EZLN, es falso que el gobierno quiera cumplir con lo pactado. Las afirmaciones oficiales no corresponden a la realidad.

Obviamente el problema no es, tampoco, como lo señala la parte oficial: la concreción jurídica de los Acuerdos a la Constitución, ni tampoco su precisión jurídica. El problema es mucho más sencillo: con el argumento de la perfectibilidad, el gobierno quiere reabrir la negociación de San Andrés para echar atrás lo que firmó. No quiere una mejor redacción de la iniciativa sino acotarla y limitarla para hacer posible su cumplimiento (lo que los juristas llaman su eficacia).

Ciertamente la negociación se encuentra en un círculo vicioso. La intransigencia del Ejecutivo federal, su negativa a cumplir cabalmente lo que pactó, la ha llevado a este punto. Para romperlo, el gobierno federal debe retirar su propuesta del 20 de diciembre de 1996 y honrar la palabra empeñada. Allí está el problema, y su posible solución.