Detrás de la explotación de los sordomudos mexicanos de Nueva York y del escandaloso tráfico de niños guatemaltecos revelado por La Jornada (22/9/97) se encuentra el espectro descarnado del dólar estadunidense. Las notas periodísticas presentan el aspecto humano, revelan la tragedia y exhiben a los culpables. Pero al final, ambas historias se resumen en una desalmada multiplicación de dólares por seres humanos. En el caso de los niños, el apetito de los padres adoptivos se estimula con fotografías publicadas en algunas de las principales revistas estadunidenses, en las que organizaciones ``piadosas'' presentan, con tecnología de Madison Avenue y escenarios de Hollywood, fotografías desgarradoras en blanco y negro de pequeñines latinoamericanos descalzos, de ojos grandes y mirada triste, con un pie de página dirigido a las conciencias de matronas millonarias en el medio oeste de Estados Unidos: ``¿Quieres liberar a Lupita de una habitación en la que viven ocho seres humanos sin luz ni agua corriente?''. En ocasiones, las publicaciones se limitan a solicitar cinco dólares diarios: ``¡conviértete en madrina de Lupita!''. En otras, se invita a las parejas ``de doble ingreso'' a considerar la adopción de niños desheredados como una alternativa a la sobrepoblación. Este tipo de lógica aplaca las conciencias de los ``compradores''. Pero, ¿qué justificación tienen los ``vendedores'': abogados, notarios, médicos, jueces, funcionarios públicos y agencias de adopción? La única posible, es la avaricia generada por el precio corriente en el mercado: 20 mil dólares por niño.

Por el lado de los vendedores, además de la avaricia, se encuentra la mitad complaciente de sistemas jurídicos y políticos en los cuales no impera aún con plenitud la regla de derecho. La Jornada infiere, con razón, que el tráfico de niños guatemaltecos es alentado por un vacío legal que no tipifica como delito la compraventa de niños. ¿Y la esclavitud, el plagio, la responsabilidad profesional y el abuso de autoridad? Ante el vacío legal, el gobierno guatemalteco debería esgrimir teorías jurídicas alternativas para impedir o castigar una conducta considerada delictiva en todos los países civilizados. La esclavitud en la antigua Roma se fundaba en el principio jurídico que consideraba al esclavo como una cosa, esto es, objeto mas no sujeto de derecho. En Estados Unidos, por el contrario, la esclavitud se basó en un hecho abominable: el comercio de negros. Con una siniestra eficiencia que hiela la sangre, los traficantes guatemaltecos satisfacen simultáneamente los principios sobre los cuales descansaban la esclavitud romana y la estadunidense. Nuestra legislación penal castiga la venta de menores, aunque con una inexplicable atenuante cuando la adquisición ilegal del menor tiene por objeto incorporarlo por adopción a otro núcleo familiar.

Podríamos también tomar la salida fácil y culpar a la economía, una excusa que hasta hace poco pretendía explicar la exportación de drogas, y que ahora parecería justificar el comercio internacional de sordomudos y niños. Pero sería más justo culpar a la corrupción en los sistemas de impartición de justicia en la mayoría de nuestros países latinoamericanos, ese cáncer que impide el desarrollo de la democracia, la confianza en los tribunales, la operación de las instituciones y, en los últimos meses, el respeto a la dignidad humana; como lo muestran los vergonzosos incidentes de los sordomudos mexicanos y los ninos guatemaltecos.

La Biblia opta por echar al mar a los corruptores de menores. ¿A dónde podríamos echar a los 80 abogados y notarios guatemaltecos que prostituyen la ciencia del derecho al operar un inmenso cunero aparentemente protegido por algunas de las más altas autoridades judiciales?