Con el control total, el Ejército agrede a la población civil, advierte

Triunfo Elizalde Ť Sería un error de graves consecuencias entregar el control absoluto de la seguridad pública al Ejército. Las fuerzas armadas no están preparadas para el contacto con actos criminales ni acciones políticas.

``Si el Ejército actúa como seguridad pública ¿quien fiscalizará al Ejército, sobre todo cuando la justicia militar ha demostrado ser incapaz de aplicar con claridad algún castigo y más bien tiene una función encubridora?'', afirmó ayer Javier Zúñiga, director del Programa para América Latina del Secretariado Internacional de Amnistía Internacional.

Junto con Miguel Concha, coordinador del Seminario sobre Derechos Humanos en América Latina, Zúñiga dictó una conferencia magistral en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM en torno de ``La teoría y la práctica de los derechos humanos en América'' y subrayó que ``por años me he obsesionado por la justicia militar. Por experiencia sé que los militares se han retirado del poder público, gubernamental, en la mayoría de las naciones latinoamericanas, pero no de la política, y desde allí continúan influyendo en acciones que afectan los derechos civiles''.

Citó como ejemplo a Chile, ``donde Augusto Pinochet dejó el poder público pero no el militar, desde el cual sigue mandando e intimidando. No es aceptable que la clase castrense se niegue a dejar de participar en la vida civil, en la vida política, al margen de mantener el control de las fuerzas armadas''.

Por su parte, Concha Malo hizo notar que existe una corriente ``apoyada por televisoras y algunos medios de comunicación'' para poner en marcha la pena de muerte en México, ``a petición de Estados Unidos'', lo cual se refleja en la forma como se están siendo tratados informativamente los operaciones policiacas en diversas partes del Distrito Federal, de los que ``es fácil concluir que la meta es bajar la edad punible de los adolescentes de los 18 a los 16 años de edad''.

La actitud del gobierno de México, agregó, es contraria a lo expresado en 1969, en la Reunión de San José de Costa Rica, cuando se comprometió a eliminar de las leyes mexicanas la pena de muerte -que sigue vigente pero no se aplica-, ofrecimiento que no ha cumplido y que ante la situación actual es preocupante por los reclamos de la Concanaco, la Concamin, la Coparmex que en entrevistas públicas televisivas tienden a exigir castigos más severos contra los adolescentes que por múltiples razones sociales y económicas se han transformado en delincuentes.

Zúñiga, integrante de la misión de ``alto nivel'' que encabeza el secretario general de Amnistía Internacional, Pierre Sané, y que desde el 17 de este mes visita nuestro país para conocer ``de viva voz'' la situación que enfrentan los derechos humanos de los mexicanos, dijo que los militares, una vez que toman el control de la seguridad pública ``cometen una serie de violaciones a los derechos humanos de gravísimas consecuencias para la población civil''.

Al censurar el hecho de que los jueces estadunidenses, que son elegidos públicamente, cuidan demasiado su reelección más que la aplicación de la justicia, y comúnmente sentencian a pena capital de latinos o gente de color ``antes que a güeritos de ojos azules'', afirmó que en América Latina ``en contubernios entre jueces, policías y abogados defensores se pagan sumas millonarias para no castigar a los violadores de los derechos humanos'', por lo que es común que quienes exigen castigo contra funcionarios violadores y protegen a los afectados sean las organizaciones no gubernamentales de derechos humanos, ``situación que se torna delicada ante la reaparición de escuadrones de la muerte en varias naciones centro y sudamericanas''.

Recordó que el gobierno mexicano, firmante de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ``no está cumpliendo con las recomendaciones que le hace dicho organismo para corregir violaciones a derechos humanos, y se sigue negando a aceptar la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en asuntos internos de México, pese a que es claro que las agresiones a derechos fundamentales van en incremento de manera alarmante''.

Para Concha Malo, la actitud del gobierno de no atender debidamente a la misión que encabeza Pierre Sané confirma que está viendo de manera negativa el interés de los organismos internacionales de derechos humanos que vienen para conocer la realidad en México de todas las denuncias sobre atropellos a derechos humanos que le envían ONG nacionales y personas afectadas. ``Es necesario que en México se acaten los acuerdos de la Convención Americana de Derechos Humanos, sobre todo en materia de desapariciones forzadas'', precisó.