Las comparecencias de los miembros del gabinete legal del Presidente han puesto de relieve la urgencia de llevarlas a cabo con un enfoque revisado desde dos perspectivas complementarias. Una donde el acento sea puesto en el atributo evaluatorio de la Cámara respecto al accionar del Poder Ejecutivo. La otra privilegiaría la discusión y los derivados acuerdos sobre programas, diagnósticos, objetivos, leyes y recursos a emplear. El ánimo explícito de ello sería dar sustento y forma a los consensos necesarios para la continuidad de la tarea de gobierno, papel en el cual el Legislativo tiene un lugar preeminente que, en tiempos pasados, le fue escatimado con desprecio y soberbia.

La evaluación debe abarcar, claro está, tanto la eficiencia con que se hayan desarrollado las tareas sujetas a escrutinio como la pertinencia de los actores mismos frente a las responsabilidades encomendadas. Los secretarios del Presidente no pueden quedar al margen de las reconvenciones o de los reconocimientos a su labor si ello fuera lo conducente. Nada hay en la norma que obligue al Ejecutivo a remover o premiar a sus subordinados por la manera con que los legisladores los trataron, pero tampoco podrá seguir haciendo caso omiso de lo acontecido. La presencia de una ciudadanía atenta a los sucesos que la afectan es una poderosa razón que pondrá a prueba la sensibilidad de las cúpulas puesto que la legitimidad del mismo gobierno estará en juego. La otra palanca de atención la prestan las penalidades electorales que con ello van aparejadas en esta espumosa realidad que ahora definen los votantes efectivos. Ambas aristas forman parte consustancial de la transición democrática que empieza a perfilarse y contaminar todo aquello que ocurre en el ámbito colectivo.

Variadas y complejas serán las consecuencias para los legisladores y para aquellos integrantes del Ejecutivo llamados a comparecer. Ambos son elementos de una ecuación que tiene reglas del juego, resultados y participantes adicionales a los acostumbrados. El Presidente ya no puede, como ocurría en el pasado de todas las culpas y denostaciones, ser el único, magnánimo o severo referente que oirá, como un eco personal, la elocuente exposición de sus propias posturas, las defensas por supuestas asechanzas a su honor o los halagos a su desempeño, sino uno más de los actores implicados en el drama de los asuntos generales. Los secretarios del presidente, si pretenden ser apreciados como sujetos políticos, deberán discriminar entre numerosas opciones, pero una inevitable será la identificación de sus interlocutores; el multifacético legislador en primera instancia sin olvidar a la opinión ciudadana, los grupos de presión y el definitorio elector. Personajes que en una instancia son la encarnación misma de la soberanía, en otra el activo pacto federal y luego son partidistas acérrimos, amigos, rivales, factibles colaboradores, espejo infiel, nación, reactivo catalizador o caja de resonancia. Una gama de posibilidades que complica, al tiempo que enriquece, la vida organizada y dan el cariz político con que debe tratársele a cada paso, en cada persona y en todo momento.

Se terminaron los pasajes tranquilos y controlados que hacían de las comparecencias una sencilla pasarela donde se decantaban las figuras que pretendían concitar el favor y la voluntad del ``gran elector''. No, ahora tales apariciones ante las legislaturas serán parte de un tinglado evaluatorio que abarcará, sin duda, tanto a las personas como a las propuestas y concepciones expresadas ante un conjunto polivalente y de difícil o casi inapresable conducta. No se puede esperar que el desenvolvimiento ante los diputados o senadores pase sin consecuencias inmediatas para empujar carreras o para asegurar su misma continuidad individual. El valor, respeto por los auditorios y la densidad de la argumentación pasarán de inmediato a formar parte del sedimento sobre el cual puedan fincarse los acuerdos o las discordancias parlamentarias. Antes, los supuestos, las comparaciones y los datos usados en tales comparecencias eran simple reflejo de las herméticas y cerradas decisiones ejecutivas. Ahora cumplirán finalidades adicionales: convencer a los ciudadanos afectados, posibilitar el apoyo legislativo, preparar el campo para la concertación factible o introducir un grado adicional de confianza. Toda una gama de matices distintos y para los cuales la presentación habida fue discordante, tanto por lo tocante a los representantes de la soberanía pero, sobre todo, por las debilidades y torpezas de los mismos comparecientes. Más ausentismo se nota, sin embargo, en la crítica ciudadana, preparación de los cuestionadores y en la displiciente actitud del presidente.