La Jornada miércoles 24 de septiembre de 1997

Luis Javier Valero Flores
Las inversiones de barrio en Islas Caimán

Mentiras, ocultamiento de la información y contradicciones sin límite presiden la conducta del gobierno chihuahuense en el caso de la inversión de 3.5 millones de dólares en Islas Caimán, que ha ocasionado un severo daño al patrimonio del estado.

Mientras en Chihuahua los gobernantes admitieron haber depositado esos recursos en el paraíso fiscal caribeño, sólo hasta que públicamente se descubrieron las fichas bancarias, en las que funcionarios de Banca Confía asentaron haberlo hecho conforme a las indicaciones de Luis Enrique Terrazas, el poderoso director de Fomento Económico, en la ciudad de México Francisco Barrio y Felipe Calderón persisten en negarlo.

Enrique Medina, delegado de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, aseguró que los depósitos de Promotora de la Industria Chihuahuense y del Fideicomiso Salbárcar, organismos descentralizados del gobierno del estado, están fuera del país ``y no ganan más rendimiento de los que podrían ganar aquí''.

¿Quién miente? ¿Barrio o Felipe Calderón? ¿Ambos?

Más allá del manejo de recursos públicos, contrario al interés nacional, hay algo muy grave: el daño al patrimonio del estado. El principal responsable es el gobernador Barrio, presidente de los consejos de administración de ambos organismos.

Utilizar instrumentos extranjeros y no los nacionales, originó que se dejaran de percibir cerca de 8 millones de pesos, según calcula la Comisión de Vigilancia del Congreso local, ya que los depósitos en Islas Caimán generan intereses anuales de 6.5 por ciento, y en el lapso de 15 meses se pudieron haber captado intereses por poco más de un millón de dólares de haberse invertido en la banca nacional a tasas de 25 a 27 por ciento.

Quienes se ostentaban como excelentes y honrados administradores resultaron ser todo lo contrario. No dan margen a otra conclusión. ¿Quién vendrá a invertir a Chihuahua si el encargado de promover la inversión extranjera declara que enviaron los recursos a Islas Caimán porque no le tienen confianza a la política económica?

Los panistas chihuahuenses han demostrado poseer todos los atributos que la sociedad quiso desterrar al quitarle la dirección gubernamental a los priístas. Nada cambió. Hasta en las declaraciones se asemejan. El manejo inescrupuloso de los dineros públicos realizado por los gobernantes chihuahuenses no compagina en absoluto con sus enfáticas declaraciones del pasado contra los sacadólares y quienes ``apostaban contra México''.

¿O esconden tales depósitos otros objetivos y otras alianzas económicas?

Las respuestas de Francisco Barrio son ya muy preocupantes, demostrativas de su alto grado de intolerancia. Jamás atendió las recomendaciones del Legislativo para trasladar los fondos mencionados a cuentas nacionales. Además, a cada denuncia de anomalías en su administración responde que se trata de una campaña orientada a desprestigiar a él y a su gobierno.

Tan escabroso asunto no escapa a la dura contienda interna del PAN. La prensa local, inusitadamente, ha desplegado abundante información acerca de este conflicto y, contrario a lo sucedido en otras ocasiones, el secretario de Gobierno, Eduardo Romero, también fuerte aspirante panista a la gubernatura, permanece sospechosamente callado. Ahora le pegan a su más serio contrincante.

``Si tú le pones una mancha más al puerco enlodado, no se le va a notar; en cambio, si le pones una mancha de lodo al puerco limpio, pues ésa si se le va a notar''. Tal fue la imagen usada por Barrio para referirse a las críticas contra su gobierno, comparándolo con la anterior administración. No se equivocó. Son ejemplares de la misma especie, sólo que uno ya perdió el poder y el otro está disfrutándolo, aunque protesta porque la sociedad ya no es la misma y le reclama su proceder.

¿Los legisladores priístas se atreverán a llegar hasta las últimas consecuencias o pactarán, llegado el momento, si se tocan los intereses de la oligarquía chihuahuense, y acatarán disciplinadamente el telefonazo presidencial, como en los casos de la cuenta pública del 95 y del presupuesto para 1997