Bloquea Núñez censura al general; un priísta ayudó a redactarla
Elena Gallegos y Ciro Pérez Ť Luego de que el mayoritario bloque opositor censurara al general Enrique Salgado Cordero por hablar de toque de queda, le exigiera una rectificación, descalificara su gestión al frente de la policía capitalina y llegara a insinuar, en voz de Alejandro Ordorica del PRD, la posibilidad de entablarle juicio político, el PRI salió en su defensa y otro general, Ramón Mota Sánchez, calificó las posturas de sus adversarios como ``un inaceptable ataque sistemático al Ejército y al gobierno'' derivado de intereses partidistas.
Legisladores de varios partidos y priístas se enfrascaron así en una discusión en tribuna después del frustrado intento de tejer un punto de acuerdo que no pudo ser acordado con el tricolor --no obstante que en su redacción intervino el priísta Miguel Quiroz--, ya que la bancada del PRI argumentó que los medios de comunicación habían tergiversado ``lo que en realidad'' había dicho Salgado.
En el debate no sólo se puso en entredicho la efectividad de los militares en puestos policiacos y la incapacidad e ineficacia de las autoridades para hacer frente a la delincuencia y a la corrupción generada por las bandas criminales, sino que el mismo Ordorica precisó tajante: ``yo le recordaría al general Salgado, por la ineptitud de los militares para llevar a cabo funciones del orden civil, que no basta con remitirlos a los cuarteles, sino recordarles su misión y exigirles su pleno cumplimiento''. Sin embargo, el PRD aclaró que no se ponía en duda la labor del Ejército, ``al que le manifestamos un profundo respeto''.
La ofensiva del bloque opositor
Mientras tanto, en el documento suscrito por el PAN, PRD, PT, PVEM y diputados independientes, se puntualizó que la suspensión de garantías individuales es facultad exclusiva del Congreso de la Unión y que no estaban dadas las condiciones ``para manifestar las expresiones que se atribuyen al secretario de Seguridad Pública'', por lo que ``deben ser enérgicamente rechazadas''.
El punto de acuerdo comenzó a negociarse desde la misma mesa directiva en la que el vicecoordinador Quiroz colaboró. ``Es un excelente abogado'', se le fue en elogiarlo a Porfirio Muñoz Ledo. Cuando el texto fue presentado al líder priísta Arturo Núñez, éste lo rechazó al señalar que no se podía hacer una moción de censura al general si no había dicho lo que los medios aseguraban. Ese fue --a decir de perredistas y de la misma Carolina O'Farril, una de las más activas promotoras de la declaración-- el argumento ofrecido por el PRI.
El texto de 15 líneas establece: ``los Grupos Parlamentarios y los diputados independientes que integran la LVII Legislatura de la Cámara de Diputados, manifiestan su preocupación por las declaraciones que los distintos medios de comunicación nacionales le atribuyen al secretario de Seguridad Pública del Distrito Federal, general Enrique Salgado Cordero, en relación a la eventual disposición para establecer un toque de queda, so pretexto de preservar el orden y la seguridad pública en la ciudad de México.
``Esto equivaldría a la suspensión de garantías que estipula la Constitución General de los Estados Unidos Mexicanos, siendo esta declaración violatoria del orden jurídico constitucional y reglamentario que nos rige, ya que ese estado de excepción en términos de lo dispuesto por el artículo 29 de la Constitución vigente sólo puede decretarse con la aprobación del Congreso de la Unión..''
El debate
Después y para fijar posiciones, subieron a tribuna nueve legisladores, pero el debate central estuvo en las intervenciones de Ordorica y Mota Sánchez. El perredista hizo duras críticas a la manera en que las autoridades pretenden combatir la delincuencia; al referirse a la comparecencia de Salgado en la ALDF y la referencia al toque de queda, dijo: ``estos no son los tiempos del autoritarismo ni de la represión. Yo creo que se quiso fugar por el túnel del tiempo y se remontó a Chile en 1973, cuando un artero ataque de Pinochet acabó con un proyecto legítimo y genuino de la democracia en América Latina''.
Fue más allá: ``¡que el general Salgado ni ningún general se hagan ilusiones de que aquí vaya a haber toques de queda''. Más adelante y en tono de advertencia, preciso: ``a lo mejor lo que habrá serán juicios políticos''.
Aunque los priístas Héctor Castañeda Jiménez y Miguel Sadot Sánchez --uno tras otro-- subieron a defender la posición de su partido, a señalar que el general no había dicho exactamente lo que los medios le atribuían y a condenar también la violencia y convocar a todos a que se preservara el Estado de derecho, la discusión subió de tono cuando habló Mota (alguna vez encargado de la policía capitalina).
Pareciera que lo que más le había dolido era la mención de Pinochet. Fue como una afrenta y ese señalamiento quiso ubicarlo como una condena no a Salgado, sino al Ejército. De entrada, señaló que el Ejército Mexicano es el heredero del ejército de la Revolución, ``es un Ejército del pueblo''. Calificó de ilógica, incongruente, necia e innecesaria la discusión, al insistir que las palabras de Salgado habían sido sacadas de contexto. Pero al final sacó lo del militar chileno: ``aquí se ha hablado de Pinochet. Yo creo que debemos de respetar, todos los ciudadanos de México, a las fuerzas armadas del país y a su alto mando, porque son los responsables de mantener la soberanía de la Patria''.
Por el PAN, Sandra Segura trajo a colación que su partido se opuso rotundamente al nombramiento de Salgado al considerar que la formación de un militar no era la más conveniente para estar al frente la SSP, además de que se corría el riesgo de militarizar los cuerpos policiacos, ``desfortunadamente el tiempo nos dio la razón''.