Diputados: conciliable, la autonomía indígena con la Constitución

Ciro Pérez Silva y Elena Gallegos Ť Al integrarse ayer el grupo de diputados que representarán a la 57 Legislatura en la Comisión de Concordia y Pacificación (Cocopa), las cinco fracciones parlamentarias manifestaron su rechazo a las salidas militares como vía para resolver el conflicto en Chiapas y señalaron que es posible conciliar la legítima demanda de autonomía indígena con el orden constitucional vigente. Si no hay paz en Chiapas, advirtieron, ``no habrá paz ni desarrollo en el país''.

La Cocopa quedó integrada de la siguiente forma: por el PRI, Roberto Albores Guillén y Javier Guerrero García; por el PRD, Gilberto López y Rivas y Carlos Morales Vázquez; por el PAN, Felipe Vicencio Alvarez y Germán Martínez Cázares; por el PVEM, Aurora Bazán López y Miguel Angel Garza Velázquez, y por el PT, Gerardo Acosta Zavala y José Luis López López.

Al fijar posiciones, los oradores del bloque opositor enfatizaron que una prioridad de la comisión es buscar mecanismos para reiniciar de inmediato el diálogo entre el gobierno y los zapatistas --suspendido hace más de un año--, mediante el reconocimiento cabal de los acuerdos de San Andrés Larráinzar y la eliminación de los ``vetos'' del gobierno al proyecto elaborado por la Cocopa y aceptado hasta ahora por el Ejército Zapatista de Liberación Nacional.

El PRI consideró que con la finalidad de facilitar el trabajo legislativo ``en aquellos puntos donde exista discrepancia entre las partes'', como la autonomía de los pueblos indígenas, es necesario buscar coincidencias ``sin fines protagónicos ni posiciones irreductibles'', para así concretar las reformas constitucionales por la vía del consenso.

En la tribuna, el vicecoordinador del PRD, Pablo Gómez Alvarez, sostuvo que el fondo del conflicto sobre el texto propuesto por la Cocopa es que el gobierno no ha reconocido que en México los pueblos indios existen más allá de sus comunidades. ``En México predomina aún la idea de que la cuestión india es agraria y cultural, pero nunca política. Tenemos que unir a todas las fuerzas empeñadas en una nueva visión del problema para poder derrotar la visión racista que predomina en el gobierno, la visión discriminatoria, la visión antidemocrática''.

La Cocopa, dijo, debe exigir al gobierno que desarme a las guardias blancas y a los ``sicarios al servicio de políticos y finqueros'' en el norte del estado. ``En Chiapas hay una revolución en curso. Entendamos esto o no podremos enfrentar el problema, porque no habrá paz con declaraciones ni discursos, sino con reformas sociales, derechos políticos y reivindicaciones'', reiteró.

En nombre del PAN, Felipe de Jesús Vicencio Alvarez dijo que las demandas de los rebeldes en Chiapas son ``justísimas'' y exigen una solución definitiva. Negó que la vía armada sea un método eficaz para atender las causas del conflicto y advirtió sobre la preocupante devaluación de las palabras de las partes en conflicto.

``Es impropio que el gobierno y el EZLN asuman una postura intransigente como la única solución o, lo que es peor, que se arroguen la representación de la nación. Mucho alienta la esperanza de paz el compromiso expresado por el EZLN de luchar por hacer inútiles las armas, pero esa misma paz se aleja cuando el Ejército Zapatista mantiene su determinación de seguirlas empuñando.

``Mucho alienta también el reiterado llamado al diálogo que hace el gobierno a través de la Secretaría de Gobernación, pero esa paz se aleja cuando el mismo gobierno de la República mantiene las provocadoras movilizaciones del Ejército en la zona de conflicto y aumenta cada día su ilegal presencia en distintas esferas de la vida nacional''.

Vicencio Alvarez sostuvo que es ``perfectamente posible'' conciliar la legítima demanda de autonomía indígena y, en general, de todas las comunidades que conforman el país, con el orden constitucional garante de la unidad de la nación.

En su oportunidad, el priísta Roberto Albores Guillén dijo que les corresponde ahora iniciar una era de sensibilidad, inteligencia y compromiso político ``para interpretar y comprender la esencia de los problemas de los indígenas y para encontrar las vías de solución al conflicto''.

En nombre del Partido del Trabajo, Luis Patiño Pozas sostuvo que la suspensión del diálogo se debe al incumplimiento de los acuerdos de San Andrés sobre derechos y cultura indígenas, firmados el 16 de febrero de 1996. ``Los ofrecimientos oficiales de cumplirlos y no tratar de negociarlos son parte de la paz retórica ofrecida por el gobierno'', sentenció.

Patiño Pozas aseveró que el rechazo gubernamental a la iniciativa de ley de la Cocopa y su campaña en contra de las reformas indígenas ``fue una verdadera puñalada por la espalda a la negociación. Acabó de tajo con la escasa confianza que se había construido a través de un largo camino''.

El petista llamó a no partidizar las posiciones de los integrantes de la nueva Cocopa, pues de lo contrario sus posibilidades de funcionamiento estarían condenadas al fracaso. Aseguró que anteponer criterios partidistas a los acuerdos entre las partes es poner por delante el ``estrecho'' interés de grupos sobre las posibilidades de solución del conflicto.

Aurora Bazán López, del Partido Verde Ecologista, aseveró que el gobierno deberá tener ``la suficiente madurez'' para reconocer la importancia de cumplir con lo convenido. ``La solución no está en ver cuánto puede ganar cada parte, sino en que éstas cedan lo necesario de manera lógica, olvidándose de intereses personales''.

Bazán López insistió en que las partes deben establecer un compromiso real, pues cada vez que se quebrantan las promesas la desesperanza reaparece y consigo otras alternativas que en algunos casos tienden a la violencia.