Ninguna incoherencia en la línea oficial en Chiapas, aseguró secretario

José Gil Olmos y Andrea Becerril Ť Emilio Chuayffet Chemor, secretario de Gobernación, aseguró que el gobierno del presidente Ernesto Zedillo no apuesta a la guerra, al estancamiento ni a la simulación para resolver el conflicto en Chiapas. Frente a las posturas de los senadores del PAN y el PRD, el responsable de la política interior atajó: ``No hay cerco militar en Chiapas. El Ejército Mexicano ha sido un ejército de paz. Su estancia en Chiapas ha garantizado la paz''.

Ayer, en distintos momentos del debate que tuvo con los legisladores de la Cámara de Senadores, el secretario de Gobernación aseguró que no hay ``incoherencias'' en la línea gubernamental en las negociaciones con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN). Incluso aseguró que ``la conciliación y el diálogo'' han sido las constantes gubernamentales desde que se iniciaron las mesas de San Andrés Larráinzar, en abril de 1995.

Además, ante el cuestionamiento al trabajo que realizó Marco Antonio Bernal como jefe de la delegación oficial en las negociaciones con el EZLN, Chuayffet aseguró: ``Por supuesto, cumplió con su responsabilidad, ajustándose a los principios y las bases del diálogo''. Y sin mayor explicación, comentó que se le relevó porque ``optó por una candidatura del PRI al Senado de la República''.

El secretario de Gobernación reiteró en la tribuna del Senado lo que ya había sostenido ante los diputados en el Palacio de San Lázaro, hace una semana: la determinación del gobierno federal de no renegociar los acuerdos de San Andrés y volver lo antes posible a la mesa de diálogo con el EZLN.

También insistió en que no se trata de invalidar la iniciativa de reformas constitucionales en materia de derechos y cultura indígenas elaborada por la Comisión de Concordia y Pacificación (Cocopa) con base en los acuerdos firmados en la primera de cuatro mesas del diálogo de San Andrés, sino de hacer algunos ajustes de técnica jurídica.

``¿Cuáles son las razones que tiene el gobierno para no enviar la iniciativa?'', se le preguntó a Emilio Chuayffet y éste respondió: ``Ya lo hemos dicho. El gobierno no está en contra del reconocimiento de los pueblos indígenas a sus derechos políticos; a la autonomía, a sus sistemas normativos para resolver sus conflictos internos; al desarrollo, fomento y protección de sus lenguas, de sus culturas; a la admisión y homologación jurídica de sus prácticas y costumbres; al aprovechamiento de los territorios y tierras que constituyen la totalidad de su hábitat; a la adquisición, posesión y administración de medios de comunicación social; a la redistritación y a la remunicipalización con base en la distribución geográfica de la población indígena''.

Chuayffet explicó que las observaciones hechas por el gobierno a la iniciativa elaborada por la Cocopa ``son de técnica jurídica'' y no un capricho o parte de una política de estancamiento. ``Simple y sencillamente creemos que estas observaciones, de ser recogidas, no atentan contra el reconocimiento de todos estos derechos que firmamos en San Andrés y que vamos a seguir sosteniendo porque tendremos que honrar nuestra palabra''.

De lo contrario, si se lleva a la Constitución un texto que ``en interpretación o alcance pueda generar equívocos, errores en temas fundamentales, constituiría una grave falta por parte del gobierno, cuyos funcionarios protestan cumplir y hacer cumplir la Constitución Política''.

El secretario de Gobernación fue cuestionado por los senadores Héctor Sánchez, del PRD, y Benito Rosel Isaac y Natividad Jiménez Moreno, del PAN. Este último señaló que la ausencia del tema en el tercer Informe del presidente Ernesto Zedillo muestra una ``profunda confusión'' del gobierno federal para solucionar el conflicto, mientras que su correligionario le dijo: ``¿Fue ésta la estrategia de la secretaría a su cargo? ¿Empantanar las negociaciones durante un año por no tener a la fecha una idea clara de solución al conflicto armado?''

Poco antes, el senador perredista hizo rectificar a Chuayffet, quien al inicio de su comparecencia calificó los acuerdos de San Andrés Larráinzar de ``acercamientos'' para la paz.

Actual presidente de la Cocopa, Héctor Sánchez recordó que hace 11 meses no reciben una propuesta ``seria y responsable'' del Ejecutivo Federal para destrabar las pláticas de San Andrés, suspendidas desde septiembre de 1996.

``Le quiero decir, señor secretario, que el fondo de que se diga que son acercamientos es la manera en que se pretende tergiversar los acuerdos de San Andrés. El gobierno aceptó que los pueblos indios tuvieran el uso y disfrute de sus recursos naturales, sus tierras y territorios, incluyendo su hábitat, salvo aquellos recursos que son propiedad de la nación. Ahora lo quieren cambiar tratando de proteger los intereses de los grandes finqueros, los intereses de los que tienen las concesiones de los bosques no solamente de Chiapas, sino de todo el país'', dijo el perredista.

Además, sostuvo que no es correcto que sólo se atiendan las necesidades de las comunidades indígenas de Chiapas, sino las de otros estados, entre ellos Oaxaca. El senador consideró que el diálogo debería abrirse a otros grupos armados, en referencia al EPR.

Desde el inicio de su intervención, el secretario de Gobernación insistió en que el gobierno federal tiene voluntad para superar el conflicto chiapaneco, atender las demandas de las comunidades indígenas y llegar a un nuevo pacto constitucional entre el Estado y los pueblos indígenas del país.

Más adelante, al explicar la postura gubernamental en las negociaciones con el EZLN y la presencia de las tropas en Chiapas, Chuayffet aseguró que desde los combates de enero de 1994 en el conflicto chiapaneco no ha habido derramamiento de sangre, represión ni rechazo a las vías de negociación.

``El Ejército en Chiapas es un Ejército de paz; ha contribuido al retorno de 20 mil chiapanecos que fueron desalojados durante las primeras semanas del conflicto o que abandonaron sus lugares de origen'', afirmó Chuayffet tras aclarar que los conflictos en la zona norte de Chiapas son ``otro problema''.

Al igual que en la Cámara de Diputados, el funcionario citó en el Senado las obras sociales desarrolladas en Chiapas como muestra de voluntad para resolver las raíces del conflicto. Aseguró que en tres años se invirtieron 55 mil 777 millones de pesos, con los cuales se incrementó la matrícula de preescolar y las de educación básica y media. Subrayó, además, que los índices de mortalidad infantil y en general ahora están por debajo del promedio nacional.

Para finalizar, recordó que no hay plazos determinados para resolver un problema de este tipo. ``Nosotros --sostuvo-- queremos resolver cuanto antes el conflicto (...) El gobierno no apuesta a la guerra, el gobierno no apuesta a la simulación. El gobierno, que quede claro, no apuesta al estancamiento. Toda idea, de donde venga, es bienvenida para reactivar el diálogo. No hay soberbia, no nos creemos dueños de la verdad; queremos, incluso, el apoyo y la colaboración de todos para dar cauce a un problema, a un conflicto que nos hiere como mexicanos''.