Rechazan todos los sectores el toque de queda
Andrea Becerril y José Gil Olmos Ť Hay que reconocer que la inseguridad pública nos está ganando la batalla, expresó el secretario de Gobernación, Emilio Chuayffet, y dio cifras que pintan el ``desbordado'' crecimiento de la delincuencia: en un periodo de 12 años, los delitos del fuero común se elevaron 115 por ciento, y los referidos al narcotráfico, 370 por ciento.
Rechazó en entrevista la posibilidad de instaurar el toque de queda ya que, expuso en su comparecencia, la delincuencia debe abatirse frontalmente, haciendo uso de todos los recursos con los que cuenta la sociedad, ``pero sin poner en riesgo, de ninguna manera, nuestro régimen de garantías individuales y de respeto a los derechos humanos''.
Durante su comparecencia ante el pleno del Senado de la República, una de las preocupaciones planteadas por los representantes de todas las fuerzas políticas fue la inseguridad. El perredista Héctor Sánchez expuso que últimamente se han escuchado versiones ``irresponsables y poco serias'' de llegar al toque de queda para combatir la delincuencia, cuando lo que se requiere es acabar con la corrupción y la alianza entre cuerpos policiacos y bandas de malhechores.
En nombre del PRI, el senador José Trinidad Lanz Cárdenas dijo que ``una obligación principalísima en la política interior del país es que se reduzca y resuelva el problema de la seguridad pública'', porque lo hecho hasta el momento no ha frenado la delincuencia.
``Ya no sabemos, señor secretario, cuando salimos todos los días al cumplimiento de nuestras obligaciones, utilizando una expresión popular, si nos va a tocar ese día o no, dentro de la terrible inseguridad que vivimos.''
Experto constitucionalista, considerado uno de los duros para el debate en la fracción del PRI, Lanz Cárdenas exigió al funcionario ``encontrar las vías idóneas para combatir la cada vez más creciente ola de delincuencia e inseguridad''.
En su primera respuesta, Chuayffet dijo que el problema se ha agravado porque son muchos años de atraso, de falta de recursos, ya que en países que tienen niveles aceptables de seguridad pública se invierten sumas superiores al uno por ciento del producto interno bruto y durante los últimos diez años en México sólo se han destinado ``ocho milésimas de punto porcentual del PIB''.
Expuso que de acuerdo con datos de la ONU, el crimen en el mundo ha crecido a un ritmo de 5 por ciento, pero en México es más grave ya que de 1983 a 1995 los delitos del fuero común han crecido 115 por ciento y los del orden federal, ``principalmente contra la salud, concretamente narcotráfico, han crecido en 370 por ciento''.
Reflejo de ese crecimiento desbordado de la delincuencia, agregó, está en el sistema carcelario, que el año pasado albergaba a 104 mil internos y en la actualidad a 111 mil. Es decir, de enero a la fecha ingresaron a las reclusorios del país 7 mil personas más.
Reconoció que los cuerpos policiacos no se han modernizado y que proliferan los casos de corrupción, y lo procedente es articular el sistema nacional de seguridad, que apenas es incipiente, y capacitar y profesionalizar a los cuerpos policiacos, aunque sin perder de vista que una reforma integral de la policía en ciudades como Nueva York les tomó 12 años.
Al planteamiento del panista Norberto Corella, sobre la instauración de la guardia civil, Chuayffet respondió que cuerpos de seguridad de este tipo no operan en países como México, con estructura federal.
Por otra parte, Chuayffet precisó que se han expedido ya 2 millones 703 mil cédulas de identidad ciudadana y la meta es que cada mexicano tenga su cédula para el año 2000, ``porque, entre otras cosas, será un instrumento que permita el voto de los mexicanos que habitan en el extranjero''.
Lanz Cárdenas planteó que el gobierno debe actuar con urgencia para evitar que la nación siga creciendo a ritmos exagerados (400 por ciento en cuatro décadas). Chuayffet admitió que es un crecimiento impresionante, aunque el índice bajó a 1.62 por ciento y la meta para el año 2005 es que llegue a 1.2 o 1.3.
Alonso Urrutia y Miriam Posada Ť El presidente de la Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), Martí Batres, señaló que cualquier comparecencia es útil para los habitantes de la ciudad, porque es posible preguntar al funcionario de manera directa, pero ``nosotros no somos responsables de lo que digan los funcionarios o haga el gobierno''.
En el caso del secretario de Seguridad Pública, Enrique Salgado Cordero, ``quedó evidenciado ante un gran sector de la sociedad del riesgo que representa mantener a los militares al frente de la policía''.
Batres sostuvo que el mensaje final de Salgado --que nadie pudo refutar por el formato de la comparecencia, además de que los diputados locales lo desconocían debido a que no se incluyó en el documento previo-- ``no representa un punto en contra de la Asamblea, sino del propio gobierno de la ciudad''.
``La advertencia de Salgado al decir que son preferibles los operativos en este momento o más adelante será necesario someter a la población a toques de queda, no fue una reacción a los cuestionamientos de los diputados. El general ya llevaba escrito su mensaje que no sólo se torna peligroso sino hasta cínico y chantajista''.
El también coordinador de la fracción perredista explicó que también la intención de cualquier comparecencia es que los ciudadanos conozcan cuál es la situación del área que le compete, aunque aclaró que la ALDF ``no puede ser responsable de lo que diga el funcionario o lo que haga el gobierno de la ciudad''.
Batres advirtió que la postura del general Salgado Cordero obliga a la Asamblea a fungir como ``el contrapeso de las acciones que afecten a la ciudadanía. No respaldaremos ninguna acción policiaca que vaya contra la ley, ni detenciones sin órdenes de aprehensión''.
En la ALDF no se deben dirimir diferencias partidarias: Narro
Por otro lado, el presidente de la Comisión de Vigilancia de la Contaduría Mayor de Hacienda, José Narro, dijo que esta instancia no puede ser un espacio donde los partidos diriman sus diferencias y se tergiverse la crítica a la administración saliente o entrante por esta pugna.
Consideró que la comisión que preside debe ser un espacio efectivo de lucha contra la corrupción, para lo cual requeriría aplicar mecanismos ágiles no sólo de vigilancia del ejercicio presupuestal del gobierno capitalino, sino de mayor participación ciudadana en esta vigilancia.
El coordinador de la fracción del PT aseveró que para tal efecto deberán buscarse mecanismos que faciliten la denuncia ciudadana sobre todos aquellos casos donde se detecte corrupción gubernamental, a fin que la comisión pueda investigarla y darles seguimiento. Para el efecto, se pretende difundir teléfonos y otras formas de comunicación; además, dijo que propondrá al conjunto de la comisión y de la ALDF la creación de un consejo similar al que funciona en la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, para que personalidades reconocidas pudieran coadyuvar y fortalecer en su desempeño.
El ombudsman capitalino, Luis de la Barreda, dijo que la disyuntiva operativos o toque de queda no tiene base de sustento convincente. ``Parece partirse de una petición de principio según la cual los dispositivos están abatiendo el índice delictivo, planteamiento que no encuentra apoyo en los datos disponibles. Invocar el toque de queda, aun como posibilidad, tiene sabor de impotencia'', precisó.
La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) no se opone a ninguna acción policiaca que tenga por objetivo prevenir o perseguir delitos respetando la ley. La policia no sólo puede, sino que está obligada a cumplir con esas funciones, aseguró De La Barreda en un comentario que envió por escrito, con la condición de que sólo se le formulara una pregunta.
El texto subraya que la oposición es a cometer atropellos, como la detención de inocentes, allanamientos sin orden judicial, golpizas, destrucción injustificada de bienes. Adicionalmente, apunta, ``los operativos no parecen ser razonablemente eficaces'' porque detener a cientos para tener que liberarlos después por falta de elementos, ``no parece tener sentido''.
En torno a la presencia política, indica que si es esporádica tampoco inhibe a los delincuentes ``como se prueba con las espectaculares escenas de la colonia Doctores que hemos presenciado, atónitos, en la televisión''. Lo deseable es una presencia constante, porque sorprenden que no la haya en las esquinas donde la gente señala que ocurren frecuentes asaltos.
Consideró que oponerse a que la policía cometa atropellos y afecte inocentes ``no se traduce en ventajas para los delincuentes; en cambio la ineficacia los estimula y les reporta el beneficio de la impunidad''. Las mejores policías del mundo son eficaces en alto grado y escrupulosamente respetuosas de los derechos humanos. El objetivo es ``evitar ultrajes y lograr buenos resultados'', porque ``la seguridad pública es un derecho humano'', dijo. (Ricardo Olayo)