Años de abandono causaron la crisis judicial: procurador mexiquense
Humberto Ortiz Moreno, enviado, y Silvia Chávez González, corresponsal, Tlalnepantla, Méx., 25 de septiembre Ť Ya es hora de que el Poder Legislativo emprenda un cambio estructural en materia jurídico-penal, como resultado de una consulta entre la sociedad que permita la revisión de todos los organismos de seguridad pública y procuración de justicia, porque la autoridad enfrenta límites de competencia y el crimen organizado ya no reconoce fronteras, territorios, fueros ni leyes, manifestaron ayer altos funcionarios gubernamentales.
Reunidos por la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Agustín Ricoy Saldaña, secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública; Enrique Salgado, titular de la SSP; procuradores de estados circunvecinos; subprocuradores de las procuradurías General de la República y del Distrito Federal, y el gobernador de Tlaxcala, dibujaron un dramático panorama en la materia y reconocieron que ``hoy las garantías son para el delincuente y no para la víctima''.
Vislumbraron la necesidad de crear una policía nacional de inteligencia que contrarreste el poderío económico, logístico y criminal de las mafias.
A juicio de Everardo Moreno Cruz, subprocurador de Averiguaciones Previas de la PGR, el problema de la corrupción es el más grave que aqueja a ``todas las procuradurías''. Aseguró que por eso la institución impone toda una ``batería'' de exámenes a los aspirantes a ingresar en ella, con el fin de garantizar honestidad en su proceder.
``La obligación es nuestra para responder con hechos a la sociedad'', recalcó, y dijo que las puertas de la PGR están abiertas para escuchar el clamor social, en respuesta a la propuesta patronal de organizar audiencias públicas quincenales con el procurador Jorge Madrazo.
Crisis de seguridad
El procurador mexiquense, Luis Aguilar Basurto, aseveró que las recientes reformas legales ``han reducido, en la práctica, la capacidad de acción del Ministerio Público y su policía'', al quedar impelidos a concluir la investigación cuando hay detenido en el término de 48 horas, debiendo en ese plazo comprobar todos los elementos de tipo penal para ejercer la acción correspondiente.
``Los cambios al marco jurídico, junto con la creación de las comisiones de Derechos Humanos -cuestionó-, tuvieron excelentes propósitos pero no tomaron en cuenta la capacidad real de investigación de las policías ni consideraron la preparación de sus elementos, su equipamiento, su carencia de recursos, sus bajos salarios, con lo que pretendimos saltar de una investigación empírica a una científica sin tener antes la corporación preparada para ello ni los elementos materiales necesarios''. Un kilómetro de construcción del Metro, ilustró en cuanto a la astringencia presupuestal, cuesta 5 mil millones de pesos, o sea el presupuesto total de todas las procuradurías del país.
Ese sistema, añadió, aunado a una política equivocada que hasta hace poco tiempo tuvo en el abandono a las instancias responsables de la seguridad pública y la procuración de justicia, ``ha conducido a la crisis de seguridad que hoy se padece''. Se manifestó por la unificación de las corporaciones en la creación de una policía federal preventiva, seleccionando cuidadosamente a sus integrantes para terminar con la multiplicidad de funciones.
Ricoy Saldaña reseñó los avances legales en materia de seguridad pública, y reveló que 52 por ciento de los elementos policiacos del país ni siquiera terminó la primaria. El titular del SNSP señaló obstáculos estructurales a revertir, y consideró necesaria una mayor inversión por el rezago que prevalece. Los recursos federales y estatales, dijo, representan seis veces más que todo lo presupuestado en la materia en los últimos siete años.
``Pero significan -ilustró- sólo 0.008 por ciento del PIB, lo que aclara las razones de la inseguridad que padecemos''. Habló de capacitar y rehabilitar a los agentes actuales, ``siempre y cuando sean rehabilitables'', y de sanciones y castigos.
Esta semana, informó, se aplica un examen de control de confianza a policías: médico, sicológico, físico, de conocimientos básicos, aptitudes, antidoping y entorno socioeconómico, con el fin de descubrir cómo y en dónde viven, analizar sus declaraciones patrimoniales y compararlas con el ingreso que perciben.
``Es -afirmó el funcionario- una radiografía que permitirá saber con precisión en manos de quiénes estamos y cómo afrontar el problema''. Indicó los primeros pasos para formar un sistema nacional de inteligencia en contra de una delincuencia organizada que ``no tiene fronteras ni reconoce fueros ni territorios, frente a una autoridad acotada en su funcionamiento por la ley''.
El examen abarcará registros de 270 mil miembros actuales de policías, 178 mil armas registradas y 105 mil agentes procesados y sentenciados en el país.
Ricoy llamó a presionar a las autoridades municipales y estatales para integrar y hacer funcionar a los comités ciudadanos.
Asimismo, convocó a un cambio estructural en materia jurídica, que confluya en una revisión de todos los organismos del ramo y, si la sociedad está de acuerdo y lo apoya, hacer propuestas al Legislativo.
Evaluó la queja de que hay más garantías para el delincuente que para la sociedad, y consideró que es producto de una ``serie de inercias y presiones sociales, pero también por culpa en muchas ocasiones de abusos y excesos en que han incurrido algunos miembros de cuerpos policiacos''.
Comentó que a nivel nacional se estableció un sistema computarizado que constituye una red de archivos sobre la operación de grupos delictivos, el cual permitirá el intercambio de información y apoyo entre 100 ciudades del país, donde se concentra 90 por ciento de los índices delictivos y 70 por ciento de la población. Explicó que en esa red se integraron 700 mil huellas dactilares y en breve se incorporarán mil 300 más para llegar a un universo de 2 millones, además de un listado de órdenes de aprehensión pendientes.
Por otro lado, dijo que en materia de seguridad pública para este año se invierten 57 mil 157 millones de pesos, y que en breve se dispondrá de un presupuesto adicional de 2 mil 450 millones, ``recursos siete veces mayores a los destinados en los últimos años''.
Seguridad en carreteras
Antonio Arizpe Mireles, director de la Policía Federal de Caminos, informó que de enero a agosto de este año han ocurrido 253 asaltos a camiones de carga; 330 a autobuses y 121 a vehículos particulares, o sea un total de 704, con promedio de 2.89 al día, y un aumento de más de 11 por ciento respecto del año pasado.
Y mientras el parque vehicular ha crecido en 37.50 por ciento, el personal de vigilancia de la PFC sólo se incrementó en 6.11 por ciento. El más alto índice de asaltos a camiones de carga ocurre en Veracruz, San Luis Potosí, Querétaro y el estado de México; a autobuses de pasajeros en esta última entidad, Veracruz, Jalisco y Guerrero, y a particulares en Coahuila, estado de México, Veracruz y Jalisco.
Lo que más roban los delincuentes es gasolina, cemento, café, azúcar y fertilizantes, pero también computadoras, cobre, varilla, mezclilla y algodón, entre otras mercancías.