Declaración PAN-PRD en la ALDF contra amenazas de Salgado

Ricardo Olayo Ť Los partidos Acción Nacional y de la Revolución Democrática firmaron un pronunciamiento de rechazo a la ilegalidad de los operativos efectuados por la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y contra el lenguaje ``fuera de lugar'' que utilizó su titular para plantear la solución a la inseguridad.

El presidente de la Comisión de Gobierno, Martí Batres, dijo que el general Enrique Salgado pretende hacer un ``chantaje'' al poner la disyuntiva operativos o toque de queda.

Para Miguel Hernández Labastida, coordinador de la fracción del PAN, el tono de Salgado es de ``amenaza'' y no coincide con el momento que vive la ciudad, ni con la tranquilidad que se debe dar a los ciudadanos.

Ambos dijeron que sus fracciones recomendarán al jefe de gobierno electo, Cuauhtémoc Cárdenas, que en la Secretaría de Seguridad Pública no haga nombramientos de personas con ``mentalidad militar'', sobre todo a la luz de los acontecimientos.

El texto del pronunciamiento será entregado al resto de las fracciones para tratar de darlo a conocer por consenso, explicó Batres durante una entrevista.

El perredista aseveró que la población no tiene que pagar por el mal desempeño del general y dijo que entre los ciudadanos hay ``irritación e indignación por las acciones de la policía. No hay dilema entre realizar o no operativos. La policía tiene que realizar acciones continuamente, pero debemos preguntar por qué no hay también operativos para ejecutar órdenes de aprehensión rezagadas''.

El pronunciamiento será en un tono ``enérgico'' porque las cinco fracciones están en contra del toque de queda y porque no hay lugar para esas medidas extremas que violentan la ley, dijo. ``Afortunadamente'' pronto terminará el periodo de Salgado y habrá tiempo para intentar otro esquema que no sea ignorante de la ley, precisó.

El panista Hernández Labastida dijo que el PAN se sumó de inmediato al pronunciamiento porque ``no se le debe hablar en este tono a la ciudadanía''. Aún hay mucho que hacer, no se puede poner en el plan de todo o nada, dijo en relación al planteamiento de Salgado durante su comparecencia en la Asamblea Legislativa, de que deben permitirse los operativos porque si no la salida serían los toques de queda o zonas gobernadas por la delincuencia.

El texto, dijo Labastida, hace un llamado a respetar la vía legal y rechaza las ``amenazas'' a la tranquilidad de la población.

Más críticas a Salgado

Ana Salazar, corresponsal, Toluca, Méx., 26 de septiembre Ť Mireille Rocatti, presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), calificó de graves los planteamientos de Enrique Salgado, secretario de Seguridad Pública, sobre las posibilidades de toques de queda si se suspenden los operativos policiacos.

Esta medida sólo podría tomarse en condiciones de extrema urgencia, como en ``un estado de guerra y como lo contempla el artículo 29, en donde tendríamos que suspender las garantías constitucionales'', apuntó.

Las posibilidades planteadas por el militar ``son graves'', afirmó Mireille Rocatti, quien agregó que para combatir a la delincuencia se requiere fundamentalmente instrumentar medidas para la prevención del delito que resulten de modelos altamente tecnificados y policías bien adiestrados, que sustituyan a agentes golpeadores y personal que no respeta a la ciudadanía.

El problema reside sustancialmente en que los operativos policiacos para combatir a la delincuencia no respetan el estado de derecho, ``como sucede en países civilizados'', anotó la titular de CNDH.

Rocatti Velázquez fue entrevistada en un receso de los trabajos del Seminario nacional Los derechos humanos de la víctima del delito, organizado por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México.

En este sentido, el comisionado Miguel Angel Contreras Nieto dijo que la elevada ola de criminalidad e inseguridad pública que padecemos ha provocado que los gobiernos de todo el orbe, y en particular de los países en desarrollo, eleven su inversión para sostener grupos diversos que intentan garantizar la seguridad pública, diseñar sistemas carcelarios y de justicia penal cada vez más complejos.

No obstante que la asignación presupuestaria está entre el 9 y 14 por ciento del presupuesto gubernamental para combatir la delincuencia , la criminalidad aumenta y los recursos a la obra social disminuyen, aseveró el comisionado.