En 1995, como parte de las garantías exigidas por el Fondo Monetario Internacional y la administración Clinton para otorgar a México los préstamos necesarios para hacer frente a la crisis económica, el gobierno mexicano aceptó iniciar un proceso de privatización de empresas estatales, entre ellas, las dedicadas a las telecomunicaciones de punta y al transporte ferroviario de personas y mercancías.

En la primera de estas ramas, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes envío hace unos días a la Comisión Federal de Telecomunicaciones, para su revisión y aprobación, los documentos presentados por los diferentes grupos privados nacionales y extranjeros interesados en la adquisición de la infraestructura satelital actualmente en manos del Estado, a fin de continuar con los trámites de licitación de los satélites Morelos II, Solidaridad I y II y uno más, que se encuentra en construcción.

Cabe señalar que la privatización del sistema satelital del país, por la importancia estratégica que actualmente tienen los satélites y por la que, sin duda, tendrán en las próximas décadas, no debe considerarse una simple operación comercial, ni deben prevalecer en ella criterios de índole puramente económica y de mercado ni compromisos que comprometan la soberanía nacional.

Los satélites son el fundamento de las telecomunicaciones modernas y son la base para la inserción de México en un mundo cada vez más globalizado y vinculado a las nuevas tecnologías. El control de los satélites representa el control de la información, uno de los valores clave de la época contemporánea. Entregar a un grupo privado, sean quienes sean sus socios o accionistas, la operación de los satélites representa otorgarle poderes de decisión sobre cuestiones fundamentales para la soberanía y la libertad de un país, como son la libre expresión -los medios electrónicos, la telefonía y las nuevas tecnologías de comunicación resultan hoy inviables sin los servicios que ofrecen las redes satelitales-, la difusión de la cultura, el derecho a la información y a la privacidad de las comunicaciones y la equidad en el acceso a los medios. Pensar en los satélites únicamente como instrumento de lucro para las corporaciones que los adquieran, soslaya su importante función social y las implicaciones que, para la soberanía nacional, tiene el manejo de estas tecnologías avanzadas. Las autoridades deberían tener en cuenta estas consideraciones, y atender las opiniones de la ciudadanía sobre este asunto, antes de continuar con su programa de privatizaciones, más aún cuando, como lo demostró el reciente ``rescate'' de las autopistas concesionadas, la transferencia de empresas estatales al sector privado no representa ninguna garantía de que éstas serán administradas con eficiencia, probidad y respeto a los derechos y garantías de los individuos y a los intereses de la sociedad en general.

En la cuestión ferroviaria, el señalamiento formulado ayer por el director del ferrocarril Pacífico-Norte, Francisco Gorostiza, en el sentido de que la línea interoceánica que se construirá a través del Istmo de Tehuantepec será operada por una empresa estatal y no por particulares, constituye una decisión atinada dada la enorme importancia estratégica que este ferrocarril tendrá para el país, tanto por cuestiones de soberanía como por consideraciones económicas, ecológicas y sociales.

La soberanía y el desarrollo económico de las naciones en el futuro se sustentarán, de forma importante, en su infraestructura de telecomunicación y de transportes. En la medida en que el manejo de este patrimonio responda a los intereses de la sociedad -sin privilegiar a ciertos sectores económicamente poderosos ni acatar presiones injerencistas de gobiernos extranjeros o de organismos internacionales- y se administre de manera eficiente y transparente, es que México podrá defender y mantener su soberanía, su competitividad, su identidad, sus valores y los derechos de su población en un mundo cada vez más globalizado.