EL TONTO DEL PUEBLO Ť Jaime Avilés
Chuayffet, palabra incumplida
El año pasado, recuerda el tonto del pueblo, cuando el Ejército Zapatista de Liberación Nacional rompió el diálogo con la administración de Zedillo, el subcomandante Marcos fijó cinco condiciones para reanudarlo. Una de ellas era, y sigue siendo, que las autoridades federales pongan fin a la violencia incontrolable que afecta a las comunidades indígenas del norte de Chiapas. A esto, el secretario de Gobernación, Emilio Chuayffet, respondió que la demanda era ``atendible''. Sin embargo, más de un año después, hace 48 horas apenas, la palabra no se cumple.
La guerra de baja intensidad en el norte de Chiapas -aunque desde luego no la llamó así- es ``otro problema'', dijo ante el Senado. ¿Qué tipo de problema? Eso no lo aclaró. Para el funcionario, los frecuentes reportes de muertos, heridos, presos y desplazados en los municipios de Palenque, Tila, Tumbalá, Sabanilla y Salto de Agua, originados por las constantes agresiones del grupo paramilitar Paz y Justicia, y las consecuentes réplicas de los zapatistas, simplemente no existen:
``Desde 1994, en el conflicto chiapaneco no ha habido derramamientos de sangre'', aseguró (La Jornada, 26/09/97).
Todo, según esta estrechísima y despistada concepción de la crisis político-militar del sureste mexicano, se reduce a una serie de ``observaciones de técnica jurídica'' que, mientras Chuayffet siga siendo el titular de Bucareli, el régimen de Zedillo mantendrá como contrapropuesta a la famosa iniciativa de ley que hace diez meses redactó la primera Comisión de Concordia y Pacificación (Cocopa), y que representaba la primera piedra del camino hacia la paz.
Pese a lo que digan las ``autoridades'', el régimen continúa empeñado en buscar soluciones aparentes a las verdaderas causas de la guerra en Chiapas. La nueva Cocopa, que acaba de ser integrada, si algo habrá de inspirar al EZLN -te lo apuesto, me dice el tonto del pueblo- será una profunda y renovada desconfianza.
En lugar de ser una instancia capaz de tender puentes entre el régimen de Zedillo y los rebeldes, hoy parece más bien una asamblea dentro de la cual se expresarán los intereses de los grandes caciques chiapanecos. Véase si no el ejemplo de los diputados miembros del PRI.
El primero de ellos, Roberto Albores Guillén, se distingue por su doble lealtad a dos figuras nefastas de la política mexicana: Jorge de la Vega Domínguez, ex gobernador de Chiapas, y Carlos Hank González, ex gobernador del estado de México.
El segundo es Javier Guerrero García, quien de algún modo compensa la amenaza que entraña su compañero de curul. Guerrero ha sido un discreto operador de Mario Luis Fuentes, con el cual, durante el segundo semestre de 1994, compartió el encargo de llevarle al subcomandante Marcos algunas de las cartas secretas del entonces presidente electo Zedillo, misivas, no está de más recordarlo, que Marcos hizo públicas en diciembre de ese año. Para algunos observadores, Guerrero cumplirá en la nueva Cocopa el papel que desempeñaba el ex diputado Jaime Martínez Veloz.
Pero el nombramiento que resulta más desalentador, y parece incluso alarmante, es el del diputado del PRD Carlos Morales Vázquez, a quien Porfirio Muñoz Ledo incrustó en la Cocopa violando un acuerdo unánime de la dirección de su partido, que se había inclinado por Jesús Martín del Campo.
¿Quién es Carlos Morales Vázquez? En primer término, dice el tonto del pueblo, es hermano de mi dilecto amigo Plácido Humberto Morales, ex presidente del PRI de Chiapas, ex brazo derecho de Eduardo Robledo y ex ``embajador'' del gobierno de Chiapas en el DF. Claro, algunos responderán que a los hermanos no se les escoge, pero los antecedentes del nuevo cocopo perredista sugieren que éste comparte las aspiraciones políticas de la familia.
En 1988, cuando Cuauhtémoc Cárdenas iniciaba su campaña a la Presidencia de la República, Carlos Morales Vázquez fue comisionado por el PRI para organizar a las huestes chiapanecas contra el actual gobernador electo de la ciudad de México. Y después, a lo largo de la rebelión zapatista, se caracterizó, no por su comprensión del problema, sino por su lealtad a los intereses que acaudillaba Eduardo Robledo, hasta que Raúl Salinas logró que éste fuera sustituido por Julio César Ruiz Ferro.
En la peor de las perspectivas, la inclusión de Morales Vázquez en la nueva Cocopa alienta una mala sospecha: que la dirigencia del PRD en la Cámara de Diputados está preparando un acuerdo con la bancada del PRI, y con el gabinete político de Zedillo, para llevar a cabo la reforma sobre derechos y cultura indígena... sin el EZLN.
Por lo pronto, y a menos que las bases y los votantes del PRD reaccionen para exigir y obtener la destitución de Carlos Morales Vázquez en la Cocopa, éste cumplirá dos funciones: neutralizar al diputado, también perredista, Gilberto López y Rivas y llevar los planteamientos del robledismo al seno de la comisión legislativa.
Mientras, los discursos, las declaraciones y los artículos de prensa generados por el nuevo comisionado gubernamental para el diálogo en Chiapas, Pedro Joaquín Coldwell, y las plumas mercenarias que en los principales diarios del país le hacen eco, apuntan hacia un objetivo que si bien parece claro, no por ello les será tan fácil alcanzarlo.
Coldwell, y todas las voces que por él hablan (véanse al respecto los recientes análisis de Héctor Aguilar Camín en este diario o de Jesús Silva Herzog nieto en Reforma), se ha dado a la homérica tarea de ``demostrar'' que el EZLN no es el principal interlocutor del mundo indígena, y que por lo tanto sólo se representa a sí mismo.
¿Hacia dónde pretender ir por esta vía? Una vez más, a consolidar una reforma constitucional sobre derechos y cultura indígenas que no incluya a los zapatistas, pero tampoco al Congreso Nacional Indígena ni a las organizaciones que éste agrupa, sino, por así decirlo, al indigenismo oficial, para el cual los acuerdos de San Andrés son un punto de referencia, no un compromiso contraído personalmente por el presidente Zedillo.
Una vez más, como si esta clase de tácticas no hubiese probado su inoperancia desde 1994, el régimen parece buscar al problema de la guerra en Chiapas una solución ilusoria que en el fondo apuesta a que se agudice aun más la descomposición en aquella entidad, para desencadenar la violencia general entre los pobres de uno y de otro bando, y justificar ante el mundo la intervención directa del Ejército.
El francotirador escondido en un tinaco de Yabteclum, la tarde del jueves, bien pudo haber hecho uso de su rifle máuser de un solo tiro sobre la manifestación de indígenas zapatistas y perredistas desarmados. De lo que se trataba, quizá, era de poner a prueba un nuevo esquema de provocación, al que ahora sólo falta enriquecer con mejores tecnologías, cambiando el viejo máuser por unos cuantos fusiles de repetición automática...
Lo que está detrás de todo -y a esto seguramente se refería Chuayffet al hablar de ``otro problema''-, no es la lección de dignidad que siguen impartiendo heroica, pacífica y exitosamente los indios del sureste, sino los yacimientos de petróleo y las vetas de Uranio que harán más feliz al México que se sueña blanco.
El miércoles primero de octubre quedará constituida, dentro de El Barzón, una nueva estructura llamada Movimiento Jurídico Nacional El Barzón, que saltará a la palestra con un doble objetivo: organizar ``una presentación masiva de juicios de nulidad'', para tratar de seguir frenando por las vías legales la monstruosa usura bancaria y, simultáneamente, lanzar una campaña, denominada Vigilantes de la justicia, que ofrecerá una modalidad novedosa.
``Vamos a poner bajo observación estricta a los jueces del país que atienden nuestras demandas'', informa José María Imaz, como dirigente de esta nueva agrupación barzonista. ``Vamos a averiguar cuánto cobran de sueldo, pero también a saber en qué restaurantes comen, cuánto gastan en sus comidas, cómo obtuvieron sus vehículos y viviendas, cuánto valen los trajes que usan.''
El programa Vigilantes de la justicia y la idea de orquestar juicios masivos de nulidad son iniciativas que han atraído y renovado las esperanzas de barzonistas dispersos en 22 estados, afiliados a El Barzón Empresarial, que se movilizarán por todo el país combatiendo otra gravísima solución ilusoria de la administración de Zedillo.
Según estimaciones de analistas bursátiles tan reconocidos como Salomon Bro-thers, por ejemplo, al final de 1997, y a lo largo de los tres primeros años del actual sexenio, el ``gobierno'' mexicano habrá destinado un total de 48 mil millones de dólares a la desesperada misión de salvar a los bancos mexicanos.
Sí, 48 mil millones de dólares (o 12.4 por ciento del producto interno bruto) que no han servido para dotar al país de una banca que financie el desarrollo de las actividades productivas, sino, todo lo contrario, para mantener a flote a una élite que ha demostrado con elocuencia su incapacidad. Pero lo equivocado de la opción de Zedillo por los más ricos se hace aun más evidente cuando vemos que del total de los deudores de la banca, más de la mitad, 53 por ciento para ser exactos, se encuentra en cartera vencida, y el valor de ésta asciende a poco menos de 50 mil millones de dólares.
Gracias a la diligentísima intervención del abogado Bernardo Bolaños, el lunes pasado, la juez Marina Rossberg estudia en estos días un proyecto de sentencia que la próxima semana, muy probablemente, permitirá la excarcelación definitiva del tonto del pueblo. Seguiremos informando...