El PRI, inconforme por la ``polémica'' ley sobre gastos de campaña en Jalisco
Oscar Camacho Guzmán, enviado, Guadalajara, Jal., 26 de septiembre Ť A veinte días de iniciadas las campañas políticas para renovar el Congreso y las alcaldías de Jalisco, partidos políticos y candidatos han comenzado a resentir los efectos de la ``anemia económica electoral'', producida por una contradictoria ley que establece un tope máximo de 134 millones de pesos para gastos de campaña a los ocho partidos en su conjunto, mientras que por otra parte, limita a 29 millones de pesos el monto máximo de financiamiento para cada uno de ellos.
Asimismo, hay candidatos verdaderamente desesperados y ya ``sin un quinto'' para seguir sus campañas, pues la misma ley establece que el monto máximo de gastos en cada municipio se obtendrá del resultado que arroje multiplicar 2.76 pesos por el número de electores potenciales que haya en cada alcaldía.
Esto ha provocado que haya municipios, como el de Ejutla, donde el tope máximo de campaña es de 3 mil 500 pesos por aspirante, al tiempo de que en alcaldías como la de Guadalajara cada aspirante tiene autorizado un monto límite de 3 millones de pesos.
A pesar de todo, la reacción ha sido diferente, pues mientras el PAN es el partido que menos se ha quejado de esta situación, el PRI está convertido en un mar de quejas que a diario demanda mayores recursos para sus candidatos, e incluso ha expuesto ya tal necesidad de recursos extraordinarios a la dirigencia nacional del tricolor.
Para conocer de esta situación y también con el fin de expresar su respaldo a los candidatos de su partido, este sábado llegará a Guadalajara el dirigente nacional del PRI, Mariano Palacios Alcocer, quien permanecerá hasta el domingo y tendrá una intensa jornada de audiencias con los candidatos priístas.
En un análisis de los propios representantes de partido y de consejeros del Consejo Estatal Electoral se da cuenta de que 30 de los 134 municipios de Jalisco tendrán topes de gastos menores a los 10 mil pesos para la campaña, y que en ellos se asienta 2.3 por ciento de votantes potenciales.
De acuerdo con el mismo análisis, 25 municipios tendrán topes que van de 10 mil a 20 mil pesos; 22 alcaldías tendrán topes de entre 20 y 30 mil pesos; mientras que otros 12 ayuntamientos tendrán topes de entre 30 y 40 mil pesos.
En nueve ayuntamientos más el tope será de entre 40 y 50 mil pesos por candidato; el tope de otros seis municipios fluctúa entre los 50 y los 70 mil pesos; diez ayuntamientos más tendrán un máximo fijado de 70 mil a 100 mil pesos; mientras que cinco alcaldías tendrán topes que van de 100 mil a 200 mil pesos.
La lista se completa de la siguiente manera: dos municipios tendrán topes de entre 200 mil y 500 mil pesos; uno, de 500 mil a un millón; uno, de 1 millón a dos millones, y finalmente Guadalajara, que tendrá un tope de 3 millones.
Todo lo anterior da como resultado que el Consejo Estatal Electoral aprobó un monto máximo de campaña global para todos los candidatos de los ocho partidos por 134 millones de pesos.
Sin embargo, los partidos y candidatos no podrán ni siquiera acercarse a dicho gasto, pues por otra parte la misma ley establece que en conjunto los ocho partidos inscritos en la lid electoral (PAN, PRI, PRD, PT, PPS, PC, PDM y PVEM), no pueden recibir más de 29.26 millones de pesos como financiamiento, tanto público como privado.
El PAN recibió un financiamiento público de 6 mil 509.335 millones de pesos, y por ley no puede recibir por financiamiento privado una cantidad superior al proveniente de las arcas públicas, por lo que su tope de financiamiento será de 13 millones 18 mil 669 pesos.
El tope máximo de financiamiento del PRI por ambas vías es de 9 millones 307 mil 229 pesos; el PRD tiene un tope de un millon 948 mil 557 pesos; el Partido del Trabao, un millón 138 mil 7476 pesos; el Partido Demócrata Méxicano, un millón 118 mil 29 pesos; el Partido Cardenista, 937 mil 822 pesos; el Partido Popular Socialista, 904 mil 296 pesos; y el Partido Verde, 899 mil 37 pesos.
Cuestionado sobre el carácter contradictorio de esta ley, el presidente del Consejo Estatal Electoral, José Manuel Barceló, prefirió denominarla tan sólo ``polémica''.