Aumentar los impuestos constituye una medida casi siempre impopular, pero disminuirlos puede resultar peligroso para un Estado que desde hace más de un decenio ha reducido los gastos (en términos reales y per cápita) en los rubros más necesarios para el futuro de la sociedad en su conjunto: la inversión en el desarrollo social y económico, en educación y salud.

Lo que estará en juego en el debate legislativo sobre el presupuesto es la dirección a largo plazo del desarrollo del país. Teniendo en cuenta el enorme retraso de las demandas sociales de las mayorías, se van a necesitar más recursos para el Estado, ya que la empresa privada no invierte en bienes públicos o sociales.

¿Pero de dónde obtener los recursos fiscales? En los últimos tiempos se han formulado diversas propuestas para reducir impuestos indirectos como el IVA, pero ello solamente disminuiría los recursos para la inversión social. Otra posibilidad consiste en proponer aumentos en el Impuesto Sobre la Renta, sea a nivel de ingresos personales o de las empresas. El primero, de acuerdo con la jerga fiscalista, se denomina el impuesto sobre personas físicas y, nada extrañamente, despierta la suspicacia de todo el mundo. Igualmente fuerte es el rechazo de los empresarios (personas morales) a un incremento en la tasación de sus negocios, aun cuando las tasas que ellos pagan son bajas, en términos internacionales.

Existen alternativas financieras a los tributarios para producir más recursos, pero suelen tener riesgos. Por ejemplo, el Banco de México podría flexibilizar la política monetaria y crediticia actual que es excesivamente rígida, pero tomando las precauciones necesarias para evitar un brote inflacionario. En segundo término, la Secretaría de Hacienda puede contratar más deuda externa y/o interna; sin embargo, conocemos los peligros de estas políticas de endeudamiento que se aplicaron alegremente por los más ortodoxos tecnócratas en 1994, con las desastrosas consecuencias conocidas. Por ello, inevitablemente, las cámaras tendrán que fijar topes a la deuda para evitar esos riesgos.

Por último, existen los ingresos del petróleo y de las privatizaciones previstas. En el caso de Pemex, debe observarse que sus ingresos dependen estrechamente de la evolución de los precios a nivel mundial; por este motivo no hay seguridad de contar con el mismo nivel de ingresos del año pasado, que fue bastante alto. Por su parte, la experiencia previa con privatizaciones en México no da confianza de que éstas vayan a llevarse a cabo de manera transparente; además, dichas ventas no pueden producir un flujo de ingresos sostenido, sino por una sola vez.

En resumidas cuentas, en el debate sobre los impuestos los diputados y senadores deberán tener en cuenta las consecuencias a largo plazo de sus decisiones. Lo fundamental es garantizar que se mejore el perfil del gasto en desarrollo social y económico. Y para ello se necesitan más recursos, no menos. Para que se acepte un aumento de los impuestos, sin embargo, se necesita mejorar los bienes públicos que ofrece el Estado. El quid de la cuestión consiste, por consiguiente, en ofrecer más y mejores servicios a la gran masa de los contribuyentes para que acepten el nivel vigente en los impuestos.