La iniciativa formulada por el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Juventino Castro y Castro, en la que se propone la creación de una Comisión Nacional de Lucha contra la Corrupción, encargada de investigar y denunciar ante las procuradurías las prácticas corruptas, así como de proponer medidas para prevenirlas y erradicarlas y para tipificar una serie de delitos relacionados con la corrupción, representa un proyecto pertinente que merece ser atendido y analizado, tanto por su contenido propositivo como por la urgente necesidad de establecer mecanismos y estrategias efectivos e integrales para hacer frente a un problema que es por demás alarmante y que se registra en múltiples instancias de la administración pública del país.

La corrupción no sólo atenta contra la adecuada impartición de justicia y contra la vigencia de los derechos de la ciudadanía, sino que es causa de severas distorsiones y vicios en los ámbitos judiciales, políticos, administrativos y económicos de la nación, y de una degradación general de la moral y de los valores de la sociedad. Por ello, ampliar y robustecer la lucha contra la corrupción en todos las instancias públicas y privadas es una tarea que debe llevarse a cabo de manera pronta, profunda y decidida.

En el documento denominado Estrategia de una cruzada contra la corrupción social, Castro y Castro ha propuesto también que las actuales comisiones Nacional y estatales de Derechos Humanos se transformen en un nuevo organismo dedicado a erradicar la corrupción y que éste sea integrado por representantes de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.

Aunque la participación de los tres poderes puede resultar saludable para lograr una mayor comunicación y cooperación institucional en esta materia -la colaboración activa del Congreso, dada su nueva pluralidad y equilibrio, daría a esta comisión mayores márgenes de maniobra en cuestiones de posibles reformas legales y de fiscalización-, la desaparición de las comisiones de derechos humanos actualmente existentes podría tener consecuencias negativas para la salvaguarda de las garantías y derechos fundamentales de los mexicanos que no debieran soslayarse, especialmente cuando el país atraviesa por momentos difíciles en esta materia y cuando múltiples voces entre la sociedad demandan la permanencia y el fortalecimiento de estas importantes instituciones.

Ha de reconocerse que la propuesta de Castro y Castro plantea alternativas que deben ser analizadas y tomadas en cuenta dentro de la urgente labor de moralización y saneamiento de todas las instancias y niveles del gobierno. En esta perspectiva, cabe señalar, deberán también tener cabida las diferentes organizaciones de la sociedad que se encuentran comprometidas con el combate a las prácticas y actitudes corruptas, a fin de permitir que la ciudadanía en su conjunto participe con sus propuestas y acciones en la impostergable tarea de educar a la población en el rechazo y la prevención de la corrupción, una de las mayores lacras que enfrenta el país.