``Altamente politizada'', la seguridad pública en el DF: Garay Propone que otras dependencias se unan a las acciones policiacas
Ricardo Olayo/II y última Ť La seguridad pública en la ciudad de México está ``altamente politizada'', primero por el propio gobierno, que utiliza a la policía como un sustituto en la responsabilidad de otras dependencias en marchas y plantones; y por los partidos políticos, que ven en ella un tema redituable, sostuvo en entrevista David Garay, ex secretario de Seguridad Pública.
Dijo que en la SSP se requiere acabar con los rezagos en las prestaciones laborales y en la seguridad social de los uniformados que no tienen condiciones de vida dignas. Además, propuso diseñar una estrategia de investigación con ``policía encubierta'', que permita conocer la forma de operar de la delincuencia y anticiparse a los hechos.
Por definición, dice Garay, los operativos policiacos --que él empezó a aplicar y se les conoció como RIMA (Reacción Inmediata de Máxima Alerta)-- deben permitir a los preventivos conocer el modus operandi de las bandas y funcionar como estrategia para hacer detenciones en flagrancia.
``Pero no hay que dejarlo todo en los operativos, como sucede ahora. ¿Por qué no se hacen acciones conjuntas con las autoridades de Hacienda para cerrar refaccionarias fuera de la ley? ¿Por qué no se afecta a la delincuencia con delitos aledaños, como corrupción de menores o asuntos fiscales, sobre todo donde se presume que hay asociaciones delictivas?''
Y por qué no son las autoridades de cada ramo las que tratan de resolver los problemas antes que la actuación de los cuerpos policiacos. Cuando llegan los maestros en marcha al DF el problema parece quedar en manos de la policía, al igual que la protesta para regularizar vehículos o la instalación de ambulantes. ``¿No se podría argumentar el retiro de los comerciantes de vía pública, porque violan las leyes sanitarias, porque es ilegal que se cuelguen de la energía eléctrica? Las soluciones están en otras dependencias y no en la actuación de la policía'', señaló Garay ante estudiantes de la carrera de derecho de la ENEP Acatlán, donde dio una conferencia después de la cual fue entrevistado.
Precisamente su salida de la SSP se generó por un enfrentamiento de la policía con maestros que pretendían llegar a Los Pinos el 23 de mayo de 1996. El Presidente de la República determinó su separación del cargo y del hecho, el ex funcionario sólo indicó que a la distancia --16 meses-- se puede advertir que la seguridad pública no ha mejorado con la llegada de los militares.
Los retos del próximo gobierno
Entre otras responsabilidades, Garay ha sido funcionario de la Procuraduría de Justicia en el estado de México, titular de la Dirección General de Reclusorios, luego se sumó al área jurídica del PRI Nacional y posteriormente arribó a la SSP. Obtuvo un posgrado en Estados Unidos y actualmente realiza tareas de asesoría en una empresa de televisión.
En la entrevista, se le planteó que si el general Enrique Salgado sugirió el toque de queda, él durante su gestión se manifestó a favor de la pena de muerte; ambas medidas son polémicas, se le dijo.
Precisa: ``no hay porqué negar de manera simplista las medidas que puedan contribuir al combate a la delincuencia. Con lo que estoy en contra es en que a priori se diga que la pena de muerte no disuade la acción delictiva, porque en sentido estricto, ninguna lo hace. La prisión por ejemplo, ha demostrado que no funciona para disuadir a la delincuencia''.
Sin embargo, criticó la intención de algunos medios de comunicación de someter la ley a una encuesta donde se diga qué es correcto y qué no lo es. Cuando fue jefe de la policía, recuerda que un magnate de la televisión, alarmado por el alto número de robos de autos en la zona de Polanco, ofreció instalar 100 cámaras y una sala de monitoreo para observar las calles. Personal de la SSP tendría la tarea de vigilar los monitores y en caso de alarma llamar a las patrulla que llegarían a copar a los delincuentes.
En ese esquema de trabajo que parecía adecuado, las grabaciones en video servirían para inculpar al asaltante. Sin embargo, nunca se puso en funcionamiento. Ahora, subrayó, el gobierno de Cuauhtémoc Cárdenas debe desarrollar una política de investigación preventiva como un eslabón de la seguridad pública; lograr que se legisle en materia de crimen organizado para el fuero común, dar condiciones de vida dignas a los policías y asegurar que el jefe de la policía dependa directamente de él y no del Ejecutivo Federal.