La oposición señaló anomalías del gobierno en cambios de uso de suelo

Alonso Urrutia, Patricia Vega y Miriam Posada Ť El secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda del Departamento del Distrito Federal (DDF), Juan Gil Elizondo, aseguró ante la II Asamblea Legislativa que en cuanto sea requerido por el juzgado primero de distrito en materia administrativa para tratar el caso Cuicuilco, ``lo haré de la manera más transparente y sin encubrir a nadie''.

Durante su comparecencia, el funcionario evadió por lo menos en cuatro ocasiones tocar el punto relacionado con la autorización del megaproyecto que desde hace varios meses se construye sobre la zona arqueológica.

Desde las galerías, vecinos, antropólogos y demás defensores de la zona arqueológica de Cuicuilco exhibieron mantas y pancartas en las que exigían que se detenga la autorización y construcción del megaproyecto, el cese a las violaciones del uso de suelo y la defensa y el rescate del patrimonio histórico.

No fue sino hasta la intervención del perredista Rodolfo Pichardo, quien se manifestó por la derogación del Reglamento de Desarrollo Urbano, cuando Gil Elizondo abordó el tema de Cuicuilco. Señaló que ayer mismo ``un juez ordenó la suspensión provisional de las obras, por lo que cuando nos llame a comparecer en las audiencias, acudiremos para exhibir la documentación que se requiera de la manera más transparente y sin encubrir a nadie''.

Antes, advirtió que los megaproyectos se seguirán promoviendo por ser una forma de satisfacer las necesidades de los capitalinos. Pero, dijo, de acuerdo con la nueva legislación deberán ser sometidos a consenso y presentarse los estudios de impacto que sean necesarios. De no autorizarse esas obras, subrayó, en 20 o 30 años las necesidades de la ciudad habrán sido rebasadas.

El diputado perredista Ignacio Ruiz enfatizó que las autoridades capitalinas incurrieron en diversas irregularidades y actuaron de manera discrecional al autorizar alrededor de 3 mil cambios de uso de suelo, así como al otorgar licencias y autorizaciones, especialmente en el caso de megaproyectos.

Instó al titular de la Seduvi a asumir el compromiso de revisar las autorizaciones de proyectos que han causado inconformidad ciudadana como el de Cuicuilco y Ciudad Deportiva, así como las invasiones y venta de predios fraudulentos. Le pidió revisar de manera rigurosa las autorizaciones otorgadas entre 1996 y 1997, así como el trabajo realizado en barrancas, asentamientos irregulares y programas parciales.

Al fijar la postura de su partido, la priísta Angélica Luna advirtió que en materia de desarrollo urbano y vivienda es necesario diseñar mecanismos más ágiles y sencillos que garanticen el desarrollo sustentable y eleven la calidad de vida de los capitalinos.

Dijo que es urgente que se definan mecanismos transitorios de participación ciudadana para evitar que se genere un vacío legal que propicie el desbordamiento de la vocación de algunas zonas de la ciudad, así como la simplificación de trámites para evitar que se den nuevas autorizaciones en medio de la discrecionalidad, corrupción y negligencia administrativa.

La panista Pilar Hiroishi señaló que a pesar de que en el Distrito Federal existe un marco legal que define y busca garantizar el derecho de propiedad, no hay garantías ni procedimientos adecuados para que cuando sea invadido un predio éste le sea restituido con prontitud a su propietario y le sean resarcidos los daños causados.

Esa situación, dijo, es inadmisible, al igual que aceptar que la autoridad permanezca inmóvil, ``como rehén y muchas veces cómplice de violentar los derechos de particulares propiciando así la anarquía social que quebranta las normas de todo programa de desarrollo urbano''.

En materia de vivienda los legisladores señalaron que hay sectores de la población que no tienen acceso ni a los programas de financiamiento más baratos.

Gil Elizondo respondió que es necesario trabajar con programas protegidos de vivienda. Destacó que en la ciudad existen cerca de 500 asentamientos irregulares en los que viven alrededor de 40 mil familias. Por lo menos 300 de esos asentamientos se encuentran en áreas de reserva ecológica y 200 en áreas urbanas. Todas son invasiones, de las cuales el 70 por ciento, afirmó, se consolidará en programas parciales.