Más criminalidad en países que aplican la pena de muerte: funcionario de EU en reunión internacional
José Gil Olmos, enviado, Ixtapan de la Sal, Méx., 29 de septiembre Ť La pena de muerte no es la solución para frenar el incremento de la delincuencia, aseguraron ayer funcionarios mexicanos y estadunidenses al iniciar el Seminario Internacional de Sistemas Penitenciarios. Incluso, advirtieron, ha llegado a impulsar los índices de criminalidad en los países donde se aplica.
Ricardo García Villalobos, subsecretario de Protección Civil y Prevención y Readaptación Social de la Secretaría de Gobernación, aseguró que son más intimidatorios 50 años de cárcel que la penal capital, en tanto Rubén Troncoso, ex consejero y coordinador de intercambio de presos de Estados Unidos con México, advirtió: ``la pena de muerte ha aumentado la delincuencia''.
Al iniciar el seminario al que asisten 95 especialistas de México, España, Estados Unidos y Argentina, el subsecretario García Villalobos reconoció que el deterioro de las condiciones de bienestar de la población ha incidido en el aumento de la inseguridad pública. Sin embargo, a pregunta expresa descartó la aplicación de la pena de muerte en México para detener los altos índices de criminalidad.
Dijo que en el país debe mantenerse la cárcel como el principal instrumento de prevención del delito y de readaptación social del delincuente, aunque reconoció que ésta, como medida de advertencia, ha resultado insuficiente.
``Estoy convencido de que la pena máxima no es la solución a la lucha contra el hampa. No creo que lo sea en los países donde existe'', sostuvo el funcionario gubernamental al pronunciarse más por medidas preventivas.
Rubén Troncoso, ex consejero y coordinador en el intercambio de presos del Centro Correccional Metropolitano (federal) de San Diego, California, afirmó que no ha visto que la aplicación de la pena de muerte minimice la delincuencia. ``Al contrario, ha aumentado'', sostuvo, al considerar que ``no tiene sentido usar la pena máxima como tope para el crecimiento de actos delictivos''.
García Villalobos, al inaugurar los trabajos del seminario, había ya reiterado la necesidad de buscar opciones de readaptación social y de transformar el concepto de prisión a una idea más humanista porque, admitió, es lamentable que en ocasiones el delincuente que pasa algunos años en prisión salga peor de como entró.
Cuesta al gobierno 170 pesos diarios cada reo peligroso
Por otra parte, en entrevista, Luis Rivera Montes de Oca, director general de Prevención y Readaptación Social, informó que el gobierno federal gasta 170 pesos en la manutención de cada uno de los 700 presos que se encuentran en los penales de alta seguridad de Almoloya y Puente Grande. Con base en esta información, la permanencia hasta el momento de Raúl Salinas de Gortari en el primero de estos centros penitenciarios, sería de 159 mil 800 pesos, mientras que la de Mario Aburto sería de 250 mil 750 pesos.
Frente a esta situación, García Villalobos planteó como posibilidad que en las próximas reformas a las normas penales se prevea que los reos paguen, ya sea directamente o con trabajo, los gastos de su per- manencia en los centros penitenciarios.
De acuerdo con los datos proporcionados por Rivera Montes de Oca, y el secretario de Gobernación, Emilio Chuayffet, en su reciente comparecencia ante el Senado, se puede estimar que el gasto anual del gobierno federal en la manutención de los 700 reos que se encuentran en los dos Centros Federales de Readaptación Social (Cefereso) es de 42 millones 840 mil pesos, mientras que en los 112 mil internos que están en el resto de los 338 centros penitenciarios que hay en el país, el gasto federal y estatal en este mismo lapso (41 pesos diarios por cada uno), sería de más de 273 millones de pesos.
García Villalobos, en conferencia de prensa, dijo que para fin de año se prevé el crecimiento de la población penitenciaria en 13 mil reos. Anunció que para el año entrante se pondrán en funcionamiento 8 nuevos Centros de Readaptación Social (Ceresos) y dos penales más de alta seguridad o Ceferesos en Matamoros, Tamaulipas, y Hermosillo, Sonora, con una capacidad para más de 10 mil nuevos internos y una inversión de mil 200 millones de pesos en su construcción.
Aseguró que la Federación ha incrementado 700 por ciento la inversión en materia de seguridad pública en los últimos 15 años. Argumentó que no se trata de una ``mala inversión'', sino de una ``adecuada y perfecta'' porque se trata de evitar ``fenómenos inadecuados''.
No obstante, advirtió que no es con la creación de más cárceles como se puede combatir el crecimiento de la delincuencia en el país, sino con un mejoramiento en el sistema legislativo para dar mayores alternativas de readaptación social.
Urge la profesionalización del personal penitenciario
Bajo este contexto, descartó la posibilidad de que se privatice la administración de algunas cárceles, como ya se ha propuesto. ``Por el momento, la determinación de las autoridades mexicanas es en el sentido de que el sistema penitenciario seguirá siendo responsabilidad exclusiva del Estado, pero no queda cerrada la posibilidad de cualquier alternativa'', aclaró.
A su vez, Agustín Ricoy Saldaña, secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, reconoció la urgente necesidad de profesionalizar el personal penitenciario, ya que la mitad apenas terminó la primaria y no han tenido cursos de capacitación.
Indicó que será hasta marzo cuando se dé a conocer la evaluación de los ``exámenes de confianza'' que se están aplicando a 11 mil mandos superiores y medios de los cuerpos de seguridad pública de todo el país, cuyos primeros resultados podrían estar hasta enero del próximo año.
Dichos exámenes consisten en pruebas físicas, sicológicas, antidrogas, de detección de mentiras o polígrafo, conocimientos básicos, así como investigaciones de situación económica y financiera de cada uno de ellos.
``Los operativos, fundamentales para combatir la impunidad''
Respecto a los operativos policiacos efectuados en la ciudad de México y zona conurbada, tanto Ricoy como García Villalobos los consideraron como ``fundamentales'' para combatir la impunidad de ciertos grupos en determinadas zonas como la colonia Buenos Aires. Empero, este último señaló que estas acciones deben estar sustentadas en la legalidad, con las órdenes de cateo respectivas y sin violar los derechos humanos.
En cuanto a las reformas al marco jurídico del sistema penitenciario nacional, Rivera dijo que se tratará de sustituir la Ley de Normas Mínimas por un código y un Tribunal Federal de Ejecuciones de Sentencias donde el interno ya sentenciado podría tener un defensor particular o de oficio que vigile por sus derechos y cuide de la legalidad en la ejecución de la pena.