Es por demás grave el señalamiento formulado por el arzobispo Adolfo Suárez Rivera al presidente Ernesto Zedillo en el sentido de que existe en la jerarquía eclesiástica la sospecha de que los secuestradores del sacerdote jesuita Wilfredo Guinea sean integrantes de la Procuraduría General de la República (PGR). Esta sospecha es compartida, al parecer, por la Compañía de Jesús, según se desprende de lo dicho por David Fernández, miembro de esa orden, quien piensa que hay algún cuerpo policiaco involucrado en la desaparición de su colega.

La expresión de tales sospechas tiene por antecedente inmediato el fallido secuestro del catedrático universitario Sergio Camposortega Cruz, quien fue asesinado en el intento; la participación confirmada, pero no esclarecida, de funcionarios y empleados de la PGR en esos hechos, dio pie a esta dependencia para ejercer su facultad de atracción de la investigación correspondiente.

Estos simples elementos debieran ser suficiente razón para emprender una extensa, profunda y cuidadosa investigación al interior de la dependencia mencionada, de la Policía Judicial Federal, y de otras corporaciones policiales, para determinar si existe o no, enquistado en alguna o en varias de ellas, una organización delictiva dedicada al secuestro; o bien, si existen vínculos de complicidad entre efectivos policiales y una o varias bandas de secuestradores.

En el contexto de la corrupción y la impunidad que afectan a una buena parte de las instituciones policiacas del país, y de las cuales existen numerosos y documentados ejemplos, y a la luz de las explicaciones de la PGR sobre el homicidio de Camposortega Cruz, la presencia de plagiarios en tales instituciones es, por desgracia, una hipótesis que no puede ser descartada y que, de verificarse, debe dar lugar a un inmediato enjuiciamiento y a un castigo riguroso -apegado a derecho, por supuesto- de los involucrados, así como a una severísima depuración de la o las corporaciones correspondientes.

En otro sentido, resulta imperativo que la sociedad se movilice para exigir la aparición con vida de Wilfredo Guinea, quien fue secuestrado hace ya más de tres meses, y cuyo cautiverio es particularmente oprobioso para los valores éticos y humanos esenciales, dada su avanzada edad y su precario estado de salud. Por desgracia, y para vergüenza de todos, este plagio no ha suscitado una masiva respuesta de repudio por parte de la ciudadanía, y ni siquiera ha merecido una atención como la prestada por la opinión pública en episodios similares.

Sería deplorable y destructivo para el propio tejido social y las normas de convivencia nacionales, que la sociedad terminara por habituarse a la existencia de una industria del secuestro en el país, que las víctimas de esta actividad delictiva cayeran en el olvido social y que la impunidad de los plagiarios ganara la partida.