Varios analistas han señalado que el mejor camino para romper con el impasse en el diálogo de San Andrés es que la Cocopa presente al Congreso, en el corto plazo, su iniciativa o los acuerdos sobre derechos y cultura indígenas firmados el 16 de febrero de 1996.

Obviamente, tarde o temprano, el nuevo Congreso deberá discutir y aprobar la iniciativa de la Cocopa o una nueva propuesta de reforma constitucional basada en los acuerdos de San Andrés. Lo que no parece ser tan claro es que su presentación, en este momento, sea lo más adecuado para desatorar el proceso de paz. Enviar ahora una iniciativa de ley al Congreso, más bien podría empantanar y complicar mucho más las negociaciones entre el EZLN y el gobierno federal.

La nueva Cámara de Diputados tiene una composición en la que el PRI no tiene mayoría absoluta, pero el bloque opositor no garantiza que los acuerdos sean aprobados tal cual fueron firmados. El PAN ha manifestado, recientemente, su objeción a reconocer los derechos colectivos de los pueblos indios, tal y como quedaron redactados en San Andrés. Además, está buscando la oportunidad para deslindarse del bloque opositor, y este asunto le proporciona una oportunidad. Sin el apoyo blanquiazul el bloque opositor no podría alcanzar los votos necesarios para ganar una reforma constitucional.

Pero, más allá de la votación necesaria para materializar la reforma constitucional, está el problema de la situación que vive actualmente la Cámara de Diputados. Esta parte del Poder Legislativo atraviesa por una compleja crisis de funcionamiento. Fue necesario casi un mes para nombrar a los miembros de la Cocopa, a pesar de que en su composición ningún partido tiene supremacía. La integración del resto de las comisiones ha provocado una batalla campal, y no está definido cómo va a funcionar la Cámara. Además, los diputados tienen como prioridad inmediata la de discutir y aprobar el próximo presupuesto de la Federación. Enviar al Poder Legislativo en estas condiciones una iniciativa de ley indígena es condenarla a que se vaya al ``refrigerador''.

Por si ello fuera poco, algunos de los recientes nombramientos de integrantes de la Cocopa son una mala señal. Dos de sus miembros, uno del PRI y otro del PRD, están ligados a los grupos de poder en Chiapas. Su designación apuntala la intención gubernamental de ``chiapanequizar'' una comisión que requeriría tener una visión nacional del conflicto. Queda aún por definir quiénes serán los miembros de la Cámara de Senadores que formarán parte de la comisión. Desde enero de este año la Cocopa fue un corcho en el mar; no se hundió pero no fue a ninguna parte. Deberá definir en el corto plazo un programa de trabajo y replantear sus mecanismos de funcionamiento. Enviar una iniciativa de ley con una Cocopa sin rumbo y con integrantes provisionales sería una imprudencia.

Sin embargo, el problema de fondo en torno a la relación entre los acuerdos de San Andrés y el Congreso es la pretensión del PAN y del PRI de cambiar el alcance y contenido de lo pactado entre las partes, expresada en el rechazo a la iniciativa de la Cocopa (no hay nada en esta iniciativa que no forme parte de los acuerdos). Su actitud pone por encima de la causa de la paz sus particulares intereses partidarios.

Los acuerdos reconocen, a partir de lo establecido por la Ley para la Concordia, algunas de las causas que originaron el conflicto y cómo resolverlas. Son resultado de la negociación entre una fuerza no representada en el actual sistema de partidos y en rebeldía (el EZLN, pero también el movimiento indígena) y el gobierno federal. Tratar de imponer modificaciones a estos acuerdos desde la lógica de los partidos políticos implica violentar la ley y el proceso de paz. ¿Qué sentido tiene negociar con el gobierno una serie de reformas para que después los partidos legislen lo que quieran? ¿Qué habría sucedido en Guatemala si los partidos hubieran vetado los acuerdos firmados entre el gobierno y la URNG?

Presentar a la Cámara de Diputados, en este momento, una iniciativa de ley que materialice los acuerdos de San Andrés prolonga el impasse en el proceso de paz. Implica, además, darle al gobierno federal un espléndido regalo: el de tener un pretexto para no cumplir con lo que pactó, trasladando la responsabilidad de su falta a un Poder Legislativo que o no puede legislar sobre el tema o lo hará en sentido contrario a lo acordado.

La única vía eficaz para reanimar la solución del conflicto chiapaneco es probablemente más larga. Consiste en amarrar un compromiso entre los partidos presentes en el Congreso para aprobar la iniciativa de ley elaborada por la Cocopa, más allá de sus intereses particulares. Cualquier otro atajo, así se disfrace de división de poderes, lleva a un callejón sin salida.