Ni una ni otro. Algo turbio y podrido se desliza en el agua y en el aire, y aunque impreciso aún, se presiente una nueva etapa de negocios con la violencia, el rompimiento de códigos y el restablecimiento de alianzas entre la policía y el hampa por el nuevo gobierno de la ciudad de México. La violencia que existe es grave y la que no, la inventa y transmite la televisión que justificó la ejecución de tres jóvenes de la Buenos Aires, dados sus ``antecedentes penales'', para luego caer víctimas de la policía, pese a la alianza entre policía y televisoras desde que llegó a una de las direcciones ese hombre con la mentalidad de los creadores de la profascista revista Alarma!, que propagandizó durante años que la pobreza es sinónimo de delito y violencia, y que hoy, además, puede consumir licuadoras y grabadoras en Elektra.

Tal parece que los operativos tienen la finalidad de generar tal reacción entre los sectores preocupados por defender derechos constitucionales básicos, que en el futuro los lugares y actividades ilegales, donde se ha establecido por años la alianza entre hampa y altos mandos de la policía, queden protegidos de la acción penal. Los operativos actuales están vacunando a la ciudadanía con los actos indiscriminados en contra de derechos de la población; los pocos resultados obtenidos en contra de la delincuencia dejan abiertas las interrogantes sobre el propósito real de los militares, pero apesta. Este clima explica el hecho contradictorio de que a mayor represión en la Buenos Aires y Tepito, más asaltos y violencia en esas mismas colonias, como si policía y delincuentes estuvieran de acuerdo en mantener artificialmente la idea de una guerra y combates encarnizados para asegurar sus intereses creando una imagen de vulnerabilidad sobre la imagen prevaleciente de impunidad y protección del gobierno.

Al general Enrique Salgado le conviene más la guerra que la paz, pues no sólo desarrolla sus fantasías militaristas entre las que sueña imponer el toque de queda, sino que pretende legitimar la presencia militar fuera de los cuarteles.

La alianza estructural entre policías y delincuentes, ahora intenta sobrevivir al cambio de gobierno y desea redoblar su unión en contra de decisiones y políticas que pongan en peligro el gran imperio de la corrupción y el delito en la ciudad. Desde la perspectiva del desplazamiento de los militares en la policía, los operativos buscan establecer el nuevo código por encima de toda intención reformadora al nuevo grupo de jefes cardenistas que tendrían que aceptarlas o sucumbir frente a la violencia de la vieja estructura delictiva, unida a los intereses policiales desplazados. Cuando el doctor Zedillo entregó a Cuauhtémoc Cárdenas la facultad de nombrar al jefe de la Secretaría de Seguridad Pública, dejó establecido que la tarea de éste era cuidar no sólo la ciudad, sino la residencia de los poderes federales, y a él.

En la otra alternativa, Zedillo debería cuidar institucionalmente al gobierno de Cárdenas y proteger sus decisiones. Para no sucumbir frente a la corrupción y los grandes intereses que se desarrollan en torno a la inseguridad y la violencia, Cárdenas no tiene más opción que la reforma.

En un breve lapso de año y medio, los militares descubrieron que inseguridad y delito es negocio no sólo para los delincuentes, sino también para policías y que su futuro como casta y fuerza política está fuera de los cuarteles; la falta de contrapesos a las actividades de la policía, garantiza el éxito de la inseguridad como empresa.

En los crímenes de Aguas Blancas y la Buenos Aires hay un futuro común, si en el caso de la colonia capitalina la presión social y política logra la detención de los policías criminales.

Este futuro común se establecerá pues Salgado, al igual que Figueroa, dejarán que los responsables materiales se pudran en la cárcel, como es la historia de los policías estatales que dispararon por órdenes superiores en Aguas Blancas, mientras el responsable intelectual, el que concibió la matanza como acto de guerra ejemplar, permanece libre y políticamente activo.

En ambos casos se expresa una actitud cobarde, irresponsable y perversa pues tanto víctimas como victimarios fueron instrumentos de una operación de implicaciones siniestras de contrainsurgencia en el caso de Aguas Blancas y de protección a la más alta corrupción policial en el caso de la Buenos Aires. Los militares no abatieron la delincuencia pero encabezan una vieja estructura, parecida a una vieja mina, que no por antigua deja de producir riqueza.

Al grupo militar que se le dio en concesión la seguridad de la capital, se le atravesó el 6 de julio y una voluntad ciudadana de cambio por detener a este Frankenstein ambicioso.