Suspensión provisional de la torre de Cuicuilco, ordena un juez

Patricia Vega y Miriam Posada Ť El juez primero de distrito en materia administrativa, Jean Claude Tron Petit, resolvió y ordenó notificar desde el pasado viernes la ``suspensión provisional'' de la construcción del megaproyecto urbano (una torre de 22 niveles y la adaptación de un centro comercial) que el grupo Inbursa-Carso realiza en terrenos que son de su propiedad pero que, de acuerdo con las opiniones de diversos especialistas, forman parte del centro ceremonial de la zona arqueológica de Cuicuilco.

La anterior resolución forma parte del juicio de amparo número 666/97 promovido por Asociación Vecinal para la Defensa de Tlalpan, AC --representada por María Teresa Rendón Gan y Francisco González Estrada-- contra actos u omisiones de diversos funcionarios públicos y por el otorgamiento de permisos y licencias de construcción cuya ejecución afecta a esa zona arqueológica, motivo por el que solicitaron la suspensión de los actos reclamados.

Carso no emitió ninguna opinión respecto a la resolución judicial y señaló que hoy, Ignacio Cobo, consejero del grupo empresarial, dará a conocer su postura, aunque desde la semana pasada Carso había decidido cancelar la construcción de la torre proyectada por Teodoro González de León y proseguir con las obras del centro comercial.

Por ser una situación de urgencia, en lo que analiza todas las pruebas y elementos aportados por los quejosos, el juez Tron Petit concedió la suspensión provisional y señaló el día 3 de ocubre para la audiencia incidental y el 17 de noviembre para la audiencia principal. Aunque teóricamente no se podría mover ni una piedra en dichas obras, hasta que el juez acabe de analizar el expediente y emita el fallo respectivo, estudiantes de la Escuela Nacional de Antropología e Historia (ENAH) confirmaron que a las 12:25 horas de ayer lunes, observaron desde las instalaciones escolares movimientos de palas mecánicas y camiones de volteo que indicaban que las obras aún no habían sido suspendidas, desobedeciendo el mandato judicial. Más tarde, a las 14:30 horas, vecinos de Villa Olímpica confirmaron la misma información.

Pedirán que intervenga la ALDF

De manera paralela y coincidiendo con la resolución del juez, ayer mismo los diputados perredistas Miguel Bortolini Castillo e Ignacio Ruiz López, integrantes de la Asamblea Legislativa del DF, determinaron proponer al pleno de ese órgano que ``en tanto se realice un dictamen se solicite al Presidente de la República que, en su calidad de Ejecutivo Federal, suspenda temporalmente la construcción de las obras en el megaproyecto Cuicuilco''.

Esta fue la respuesta, en conferencia de prensa, a la petición de vecinos de Tlalpan, el sindicato de Académicos del INAH y el Consejo Técnico de la ENAH (La Jornada, 28/09/97, pág. 10) a los representantes del poder Legislativo para que ``de inmediato se pronuncien públicamente e intervengan por la conservación de Cuicuilco''.

Asimismo y haciéndose eco de las acciones emprendidas en defensa de la zona de monumentos arqueológicos, los legisladores anunciaron que ``conformaremos un equipo de especialistas, arqueólogos, antropólogos y nuestros propios asesores para que realicen a la brevedad posible un estudio y den una opinión sustentada científicamente con respecto al proyecto de Cuicuilco'' y que el próximo jueves 2 de octubre, por la mañana, visitarán la zona ``en compañía de este equipo de especialistas y asesores para que se inicie de inmediato este estudio y emitan una opinión en la que podamos basarnos en la asamblea. En la zona esperamos ser recibidos por Carlos Slim y su grupo de especialistas y asesores para que nos expliquen la situación; si no está ya no será responsabilidad nuestra, pero nosotros iremos con un grupo de asesores que llevaremos para que emitan un dictamen''.

En el mismo acto, Aldir González Morelos, a nombre de los académicos sindicalizados del INAH, señaló que ``estamos exigiendo al Presidente de la República, al secretario de Educación Pública y a la directora del Instituto Nacional de Antropología e Historia que en su carácter de miembros del poder Ejecutivo cuya responsabilidad es la salvaguarda del patrimonio cultural, suspendan de inmediato las obras de construcción de una torre de 22 niveles en el centro de la zona arqueológica de Cuicuilco''.

González Morelos leyó un documento en el que además de sintetizar diversas violaciones a la normatividad sobre desarrollo urbano, se critica a la dirección del INAH por ``las omisiones en su responsabilidad al no haber suspendido las obras desde febrero, a pesar de que la Ley Federal de Monumentos faculta a esta institución para ello, en la medida en que se afecta gravemente al patrimonio cultural de la nación. Esta ley ha sido usada por este instituto en innumerables ocasiones para defender al patrimonio arqueológico e histórico, pero en el caso del proyecto del grupo Carso, en Cuicuilco, el INAH se ha manifestado incompetente para actuar legalmente, entre otras cosas al omitir la integración del expediente técnico para la declaratoria de zona arqueológica''.

En opinión del Sindicato de Académicos del INAH, del Consejo Técnico de la ENAH y de la Asociación Vecinal para la Defensa de Tlalpan, AC, Cuicuilco ``tuvo que ser abandonada por la erupción del Xitle y esto hizo que sus restos fueran resguardados de manera prodigiosa. Los daños que no le ocasionaron la conquista española ni el transcurrir de 3 mil 950 años, se lo ha hecho parcialmente la especulación inmobiliaria durante las últimas tres décadas con la edificación de Villa Olímpica, las torres Electra, el edificio de Inbursa y la ENAH. Pero la construcción de este megaproyecto terminaría con el núcleo ceremonial de esta ciudad prehispánica en menos de tres años, pues quedaría sumergida en un mar de cemento, automóviles y torres ultramodernas''.

En cuanto al centro comercial, consideran que la ``venta de artículos de cocina, bar con tapas, áreas de fast food, etcétera, están muy lejos de dignificar la zona arqueológica y los monumentos históricos que constituyen las instalaciones fabriles. Un uso digno de ellos sólo podría ser cultural, público y coherente con la naturaleza de la zona arqueológica. Por esta razón hemos propuesto la expropiación de los predios del señor Slim y la declaratoria de la zona arqueológica, como los mecanismos idóneos para garantizar su conservación integral, así como la definición de su destino mediante consulta pública y sin afectar las condiciones de la calidad de vida en las colonias aledañas''.

Expropiar predios de Carso-Inbursa

La intervención de González Morelos se inició con la entrega oficial, a los diputados del Distrito Federal, de una carpeta con información arqueológica, científica, administrativa y legal que sirve como fundamento a la propuesta de expropiación de los predios de Carso-Inbursa. ``La importancia arqueológica de Cuicuilco a nivel mundial --añadió Aldir--, la serie de violaciones a los cambios de uso de suelo, la falta de acción oportuna de las instituciones culturales y la intransigencia del propietario de esos predios para cambiar su proyecto, nos ha hecho que la única forma que tengamos de defensa de la zona arqueológica de Cuicuilco sea pedir la expropiación''.

Por otro lado, los ejemplos del megaproyecto de Cuicuilco, el edificio Reichman ICA en Reforma, el acuerdo de las sucursales de Bital por toda la ciudad, sirvieron de referencia para que representantes vecinales afectados por una política de desarrollo urbano ``que ha sido la de beneficiar la inversión y favorecer los intereses particulares de los inversionistas en contra de la calidad de vida de los ciudadanos'', se pronunciaran por exigir la realización de una ``auditoría profunda tanto de estas contancias o certificados como de las licencias, regularizaciones y registros de obra expedidos por las dos últimas administraciones que han compartido tantos funcionarios claramente ligados con los intereses económicos'' y por la abrogación del Reglamento de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, ``instrumento que sirve de base a las acciones irresponsables y manipulación flagrante de los demás ordenamientos legales con que Seduvi ha contribuido al deterioro de la calidad de vida de los capitalinos y a la destrucción de nuestro patrimonio cultural, arqueológico e histórico, ya que lo importante no son las personas ni la ciudad sino el gran negocio que representa''.

Ambas propuestas forman parte de la nueva agenda de los representantes populares en el Distrito Federal.

``Creemos --finalizó Bortolini Castillo-- que ya es tiempo que los ciudadanos sean consultados y su opinión tomada en cuenta ante cualquier iniciativa de ley o cualquier obra que afecte su entorno. Estas acciones forman parte de la nueva cultura política que pretendemos implantar. Hay la necesidad de reducar políticamente para que se tome en cuenta las opiniones de los ciudadanos...''