Luis Linares Zapata
Decencia y negociación
El punto álgido alcanzado con motivo de la negociación para asignar las comisiones de trabajo legislativo, acarrea la urgencia de formular, de manera precisa, aquellas reglas que, a manera de principios, pueden sustentar los acuerdos y procesar las disidencias. La base de legitimidad para llevar a la inmediata práctica tales principios deriva del mandato emitido el 6 de julio pasado. Es a esa densa realidad a la que habrá de recurrir para justificar o rechazar las decisiones y actitudes adoptadas por los diputados y sus fracciones partidarias.
Así, el primero de los principios que se han santificado desde la instalación de la misma Cámara puede enunciarse como el de respeto a la nueva mayoría opositora. El segundo, de proporcionalidad respecto a los pesos partidarios logrados con los votos. Ella rige para las cuentas al interior de las comisiones. El tercero, de sutiles pero dramáticas consecuencias para la coalición en el poder, es la determinación de los electores de romper la hegemonía prevaleciente en la dirección del gobierno. Esto último no implica un quiebre total puesto que, el electorado mismo, impidió la mayoría absoluta del PRI pero le siguió otorgando un legajo sustantivo como respaldo para su presencia, amén de la inercia que el anterior ``estado de cosas'' trae consigo.
Si la nueva mayoría opositora ha de prevalecer, tiene que observar, con gran pulcritud, esos tres ordenamientos de las urnas, pues la legitimidad, bien se sabe, deriva del apego y la resonancia con la conciencia ciudadana. El esfuerzo por conservar la proporcionalidad interna de las comisiones es preciso continuarlo pues es el referente de la equidad con que se actúa. El peso de la nueva mayoría habrá de usarse para introducir las modalidades y cambios en la anterior hegemonía priísta. Así, la asignación de aquellas comisiones que tienen mayor influencia en la conformación del programa de gobierno no podrá quedar bajo el control del PRI puesto que ello daría al traste con el mandato del electorado de modificar el rumbo establecido. Por tanto, las comisiones definitorias: de Puntos Constitucionales (PAN), la de Hacienda (PRI) y la de Presupuesto y Cuenta Pública (PRD) bien se hizo en separarlas por fracciones parlamentarias. En un segundo término, entran a la disputa, por sus consecuencias en la definición del modelo en boga, las comisiones de Seguridad Social (PRD) y Educación (PRD) y, como balance obligado la Contaduría Mayor de Hacienda, un organismo de vigilancia sobre la conducta del Ejecutivo, tiene que recaer en un partido distinto al del gobierno (PAN). Las demás, aun cuando importantes para la conducción de los asuntos públicos, tienen un papel subordinado.
Pero la negociación, desafortunadamente, no sólo obedece a motivos racionales sino que se ha visto contaminada por sentimientos distintos, muchas veces enraizados en pasiones y rencores que, inevitablemente, surgen entre los hombres. Lo crucial de ello estriba en dominar, en absorber tales tendencias y no dejar que sean determinantes. Sin embargo, en las prioridades que el PRI ha sentado para buscar la continuidad a toda costa, la pasión viene jugando papel distorsionador, sobre todo en lo que respecta a dos comisiones, la de Presupuesto y la de Seguridad Social. Ninguna de las dos se quieren dejar en manos del diputado del PRD de origen independiente, el licenciado Ricardo García Sáinz. La experiencia de García Sáinz, su dedicación y conocimientos son, para el PRD y para otros muchos actores, motivo de confianza y seguridad de que, en tales asuntos, se obtendrían, por su responsable conducción, resultados óptimos. Pero el PRI, acicateado desde las alturas de la cúpula decisoria, viene intentando vetarlo tal y como se acostumbraba en tiempos ya idos. Tal proceder es, sencillamente, inaceptable para el conjunto de interesados, la misma opinión ciudadana incluida como referente último de juicio. El virulento rechazo al diputado proviene de su tenaz resistencia y oposición, desde que estaba al mando del IMSS, a la manera como se quería transformar al instituto y a la misma concepción solidaria que lo conforma. La homogeneidad perseguida por el grupo compacto que capitaneaba Salinas lo derrotó, pero la razón final de las transformaciones quedó por dirimirse. Los cambios que él empuja pueden tener profundas estribaciones en el bienestar de los trabajadores y en la justificación del PRD como un partido que busca establecerse como interlocutor confiable en el terreno financiero y de justicia social. El PRI, por su parte, en las controversias de la disputa, parece rebasar la misma raya de la decencia común y transita por los senderos escabrosos del desprestigio acelerado. Amenazar con no participar en comisiones, rechazar toda presidencia o utilizar al senado y a las legislaturas locales como medio de presión, son simplemente errores de apreciación y sentido común básico con un costo elevadísimo.