La agudización sin precedente de la violencia y los operativos policiales en las colonias calientes como respuesta gubernamental, han generado una polémica de gran importancia para la capital y sus ciudadanos, sobre la relación entre crisis política y social, violencia, aparatos y acciones policiales, impartición de justicia y derechos humanos, que debemos abordar con rigor, sin concesiones al conservadurismo, la ruptura del Estado de derecho y el uso mercantil del miedo y el sensacionalismo. Lo primero a indagar son las raíces profundas de la creciente violencia urbana para saber cómo hay que atacarla, pues se sustenta en una compleja trama de determinaciones económicas, sociales, políticas, culturales y territoriales.

Ni el patrón de acumulación capitalista con intervencionismo estatal, ni el neoliberal actual, que no logra superar la crisis de larga duración, han garantizado el pleno empleo; aunque la cifra oficial de ``desempleo abierto'' lo encubre, cerca de la mitad de la población económicamente activa (PEA) carece de empleo y/o sobrevive en actividades ``informales'' en precarias condiciones laborales y de ingreso. La crisis del campo y su propia violencia expulsan cada año hacia las ciudades a cientos de miles de campesinos carentes de condiciones para sobrevivir en ellas.

Más de la mitad de la PEA capitalina gana menos de 2 salarios mínimos diarios (unos 53 pesos), absolutamente insuficientes para adquirir los bienes esenciales, como efecto de 20 años de política oficial y empresarial de ``topes salariales'' que han quitado al salario un 70 por ciento de su capacidad de compra. La reducción drástica del gasto social, la privatización y mercantilización de los servicios públicos y la altas tasas de interés excluyen crecientemente a la población de bajos ingresos de servicios como vivienda, agua y drenaje, electricidad y teléfono, educación, salud y recreación, o reducen al mínimo su consumo. La miseria sin salida empuja a la delincuencia, que es violencia y se hace forma de vida.

La publicidad empresarial masiva crea nuevas necesidades de consumo; el dinero y la ganancia son los dioses de la economía de mercado y cualquier cosa es válida para adorarlos. Las actividades lucrativas al borde o fuera de la ley se multiplican sin control estatal: prostitución, giros negros, juegos de azar, usura, contrabando, venta de armas y narcotráfico, y producen de la noche a la mañana enormes fortunas; en una relación autoritaria y opresiva, ligan la necesidad de los pobres y la ambición de los ricos; los delincuentes espontáneos son la carne de cañón del crimen organizado. Los agentes de los múltiples cuerpos policiacos y de vigilancia privada, mal pagados, peor entrenados, inmersos en la corrupción, extorsionados por sus jefes, cobijados por la impunidad, son la parte más peligrosa y antisocial del ejército de la violencia. El sistema judicial, penetrado en su estructura por todo tipo de corruptelas, cierra la pinza dando impunidad a los violentos o aplicando la ley escrita sin justicia. En la ciudad, transa, mordida, gratificación, iguala y recompensa son lamentablemente parte de la cultura oficial.

El uso de la violencia con fines políticos, que no respeta estratos sociales, y sus guaruras, porros y golpeadores son parte de la crisis del régimen y de la estructura de la sociedad violenta. Los medios de comunicación, sobre todo radio, cine y televisión, difunden una cultura de consumismo y violencia combinados, que aparece desde las caricaturas para niños hasta los programas ``para adultos''. Hay medios que orientan su programación hacia la difusión de la violencia y el sensacionalismo, con mucha audiencia, aunque la mezclan con críticas moralistas cargadas de valores represivos y autoritarios. Por necesidad o ansia de enriquecimiento, la corrupción y su hermana la violencia, anidan entre banqueros y empresarios, funcionarios de todo nivel, políticos, jueces y policías, ciudadanos ricos y pobres.

La descomposición y violencia familiar causada por la crisis social y las patologías psicológicas no atendidas, la vivienda hacinada e insalubre, son otros factores de la violencia. La compleja metrópoli, segmentada política y administrativamente en dos partes descoordinadas, con organizaciones policiacas y judiciales separados, con sus enormes distancias e intrincada trama de calles y colonias carentes de infraestructura y servicios públicos adecuados, con vialidades saturadas, mal transporte y sin alumbrado, constituyen un territorio apto para la delincuencia. Para acabar con la violencia y la corrupción es necesario actuar sobre todo este andamiaje económico-social.

¿Es viable atacar esta situación estructural con operativos espectaculares, dignos de Rambo y otros seudohéroes, ineficaces, carentes de base jurídica, que agreden igual a inocentes y culpables?

¿Es válido aplicar la ley por cuenta propia al margen del sistema judicial, que empieza a practicarse y a defenderse públicamente? En ambos casos, creemos que no.