RESIDENCIA LEGAL, EL OBJETIVO

Jim Cason y David Brooks, corresponsales, Washington, 30 de septiembre Ť Un panel federal recomendó que Estados Unidos amplíe sus acciones de control fronterizo como la Operación Portero y la iniciativa Mantener la línea, incremente las sanciones a empresarios que contraten a indocumentados y reiteró su llamado para limitar aun más la inmigración legal a este país.

Al presentar hoy su informe final al Congreso, la Comisión sobre Reforma de la Inmigración añadió que cualquier estrategia para controlar la migración indocumentada debe incorporar medidas para abordar las causas de la misma en los países de origen.

Pero poco después de darse a conocer el informe, el vicepresidente de la comisión, Michael S. Teitelbaum, advirtió que reducir estas presiones podría tardar 30 o 40 años en naciones como México.

Añadió que en el corto plazo cambios económicos como la apertura al comercio internacional y la modernización económica han acelerado de hecho la migración hacia Estados Unidos.

El informe emitido hoy por la comisión bipartidista también propone la eliminación del Servicio de Inmigración y Naturalización (SIN) y la concentración de sus actividades en una agencia más fuerte dentro del Departamento de Justicia.

Además de esta propuesta para realizar una reorganización radical de la burocracia encargada de los asuntos migratorios estadunidenses, la comisión instó a la implementación de un nuevo programa ampliado para acelerar el proceso de americanización de nuevos inmigrantes, mediante cursos de inglés, y programas culturales y cívicos diseñados para este objetivo.

El presidente Bill Clinton calificó la presentación de este informe como ``una contribución más'' al entendimiento nacional sobre el asunto migratorio, pero no expresó su apoyo a la propuesta de la eliminación del SIN.

Aunque han apoyado muchas de las medidas de control fronterizo propuestas en este informe, el Departamento de Justicia y el SIN han rechazado la idea de eliminar al Servicio de Inmigración.

Uno de los aspectos más controvertidos del informe de la comisión es la propuesta para que en los próximos años el número de inmigrantes legales admitidos sea reducido a unos 220 mil, o un 30 por ciento.

Esta medida fue apoyada de inmediato por algunos republicanos en el Congreso, pero es resistida por varios grupos de defensa de los derechos del inmigrante.

Uno de los comisionados, Warren R. Ledien, también expresó su oposición a esta propuesta y no se presentó en la conferencia de prensa donde se presentó este informe. ``Nunca vimos ninguna evidencia de que los actuales niveles de la inmigración legal no estén dentro del interés nacional de Estados Unidos'', declaró a La Jornada.

Varios comisionados elogiaron hoy los nuevos esfuerzos del gobierno de Clinton y del Congreso para incrementar el número de agentes de la Patrulla Fronteriza, así como de inspectores y otro personal en la frontera con México, además de la puesta en marcha de iniciativas de control fronterizo como Mantener la línea, y las operaciones Portero y Resguardo.

Pero el informe señala que la inmigración ilegal sigue siendo un problema mayor en este país y estima que ``el mismo nivel de recursos y estrategias de prevención tienen que ser desplegados en todos los puntos de la frontera en donde puedan ocurrir probables violaciones significantes de la ley de inmigración de Estados Unidos''.

Más allá de ampliar estas medidas de control fronterizo, varios comisionados señalaron que la estrategia más importante para detener la inmigración ilegal es la ampliación de programas para prevenir la contratación de indocumentados por empresarios estadunidenses.

La comisión recomendó además la adopción de nuevas medidas para negar asistencia pública a los indocumentados con la excepción de emergencias.

Pero la presidenta de la comisión, Shirley M. Hufstedler, apeló en particular a que los legisladores revoquen una ley de 1996 que niega a inmigrantes legales el acceso a la asistencia gubernamental de salud, beneficios de desempleo y apoyo para jubilados.

La comisión respaldó esfuerzos diplomáticos para trabajar con los países de origen de los inmigrantes a fin de reducir los factores que generan la emigración.

``La comisión continúa instando al gobierno de Estados Unidos a priorizar en sus política exterior y política económica internacional la reducción a largo plazo de las causas de la migración no autorizada'', indica el informe.

México es identificado en este informe como la principal fuente de indocumentados que ingresan a Estados Unidos y los comisionados señalaron que mantuvieron una relación de trabajo ``muy cordial'' con México durante la preparación del presente documento.

``En el muy largo plazo, o sea más de 30 o 40 años, la única forma de reducir la presión para la migración es crear oportunidades en el país de origen que sean lo suficientemente atractivas como para retener sus propios nacionales'', afirmó Teitelbaum, vicepresidente de la comisión.

Pero añadió que en países como México, ``en el corto plazo esa fuerza no es muy efectiva y paradójicamente las fuerzas del desarrollo económico rápido podrían estar acelerando rápidamente la inmigración''.

Aprueban extensión de la Sección 245 hasta octubre

El presidente Clinton firmó la noche del martes la legislación que extiende hasta el 23 de octubre las provisiones de la Sección 245 (i), que permiten a los indocumentados que están a punto de legalizar su calidad migratoria obtener su residencia legal sin tener que abandonar el país.

Esta extensión de la Sección 245 (i), aprobada ayer por la Cámara y hoy por el Senado, permite técnicamente que personas a las que se les ha otorgado tarjetas verdes las reciban en Estados Unidos a cambio de pagar una multa de mil dólares.

Los conservadores sostienen que ese tipo de medidas sólo alienta a que más gente ingrese al país de forma ilegal, pero grupos pro derechos de los inmigrantes y varios legisladores latinos elogiaron la extensión promulgada este martes y señalaron que es aplicable sólo a aquellos inmigrantes que ya han sido identificados como elegibles para recibir su tarjeta verde.

Una coalición de legisladores que incluye a conservadores como Lincoln Díaz Balart y a los liberales Silvestre Reyes, Xavier Becerra y Luis Gutiérrez, instaron hoy al Congreso a aprobar una extensión permanente de la Sección 245 antes de que se venza el plazo del 23 de octubre.