ASTILLERO Ť Julio Hernández López

Una de las víctimas del raulsalinismo gobernante en Chiapas ha sido el ejercicio periodístico. Urgido de tapar sus cotidianas pifias, y necesitado de crear una apariencia de apoyo popular a su gestión, el gobernador Julio César Ruiz Ferro ha usado el dinero público para comprar voluntades directivas y oficios menores en algunos (¿o especialmente en alguno?) medios de comunicación de aquella convulsa entidad.

Pero, aparte de esa vocación corruptora que, por lo demás, comparte la inmensa mayoría de los gobernadores del país, el chiapaneco ha aportado un ingrediente de extrema gravedad: la conversión de estructuras periodísticas en instrumentos de delación y provocación e, inclusive, de creación de condiciones propicias para la represión de personajes y organismos vinculados con la defensa de causas sociales y de derechos humanos.

Habilitados como virtuales informantes para los centros civiles y militares de inteligencia, algunos directivos y empleados de medios chiapanecos asumen, en la práctica, la función pervertida de espías e infiltrados. Fotografías y grabaciones tomadas por esos ``periodistas'' ayudan al diseño de estrategias de contrainteligencia. Artículos, columnas y notas caminan en la dirección trazada desde los sótanos del poder.

El poder de las facturas

En ese contexto es explicable el editorial publicado este martes --con entrada en primera plana, para enfatizar la importancia que el diario da al asunto, a un día de que llegara el presidente Zedillo a Chiapas-- por el diario local Cuarto Poder, del que esta columna no puede aportar pruebas de que, como dice la voz pública, sea propiedad del gobernador Ruiz Ferro, aunque sí pudo mostrar, el 17 de julio pasado, copias fotostáticas de que en diciembre de 1996 facturó al gobierno chiapaneco casi 600 mil pesos por ``gacetillas'' (aunque luego Cuarto Poder dijo que las 19 facturas difundidas por Astillero, hechas en nueve fechas distintas, se habían elaborado erróneamente).

``El periodista de La Jornada, Hermann Bellinghausen, supone que el diario Cuarto Poder desarrolla una `campaña semántica', simplemente porque no hace eco de la industria desinformadora que tantos beneficios de distinta índole le ha reportado al diario en que trabaja'', comienza el editorial del diario dirigido por Conrado Cruz Jiménez.

Luego de practicar con pericia el halago en boca propia, Cuarto Poder descalifica el trabajo periodístico de Hermann y emite un riesgoso párrafo: ``Es probable que Bellinghausen tenga intereses identificados con la guerrilla de comunicados, con ciertas homilías episcopales, con las aportaciones de organizaciones no gubernamentales. En esa probabilidad cabe perfectamente su juicio adverso a nuestro trabajo, juicio de superficie deformadora, como suelen ser sus despachos''.

De lo semántico a lo incriminatorio

Uno de esos despachos, el publicado el pasado domingo 28 de septiembre, fue la causa de la irritación: ``Édesde los medios gubernamentales se ha desatado una campaña de desprestigio contra la Conai, y en especial contra el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las CasasÉ aparejado a esto va una campaña semántica en los medios locales contra `términos tan manoseados como guerra de baja intensidad, sociedad civil, guardias blancas y muchos otros', enumera Cuarto Poder en su editorial del 25 de septiembre, y de manera menos directa señala otro `término manoseado': los derechos humanos''.

El viernes de la semana pasada, en otro editorial, Cuarto Poder había pasado de la ``campaña semántica'' a la acusación directa contra el Fray Bartolomé de las Casas: ``El interés del CDHFBC es ganar prosélitos para la causa zapatista. En esta búsqueda ha generado odios y enfrentamientos hasta causar muertes violentas en varios municipios del norte y Los Altos de Chiapas. Es una forma de guerrilla protegida por la organización civil, acusadora permanente de violaciones a los derechos inherentes de hombres y mujeres, niños y adultos campesinos de la región''.

El siguiente párrafo de ese editorial dibuja con claridad el emparentamiento de los propósitos de Cuarto Poder con los de los órganos oficiales de inteligencia antizapatista: ``Estos hechos malsanos han sido denunciados en este diario, y así será, hasta que la opinión de los chiapanecos comprenda cabalmente la naturaleza de las acciones emprendidas en supuesto beneficio de los indios, condición ya sobreexplotada por sus falsos redentores; hasta que se descubran las subterráneas intenciones de todas estas ramas civiles de gran activismo desestabilizador''.

Hermann Bellinghausen, enviado permanente de La Jornada a cubrir la información del zapatismo, seguirá realizando el trabajo periodístico que ha merecido tanto el reconocimiento de los lectores como --dato menor aunque a los ojos progubernamentales de Cuarto Poder puede servirles-, el Premio Nacional de Periodismo, que no aceptó.

Aparte de estar atentos al desenvolvimiento de estas prácticas del periodismo policiaco, y del tono intimidatorio que expresa (``Cumpla Bellinghausen con sus intereses, que la Constitución lo protege de más'', dice el editorial en su párrafo postrero), conviene decirle al verdadero dueño del periódico, al que ``tantos beneficios de distinta índole le ha reportado'' a Cuarto Poder, que es responsable de cualquier incidente relacionado con este caso.

Astillas: Hoy estarán en San Lázaro, con diputados panistas y perredistas, representantes de los ciudadanos que en Colima impugnan al gobernador electo, Fernando Moreno Peña, y que mantienen su decisión de impedirle el paso al Palacio de Gobierno el próximo 1o. de noviembre. Se les pedirá a los diputados que analicen la conformación y actuación de la comisión estatal electoral, que tachan de parcial, y se propondrá que se investigue de manera oficial la presencia del centenar de sospechosos encuestadores electorales que aquí se denunció en entregas anterioresÉ Nerviosa, tirando tres veces el micrófono, peleando con los periodistas, Mireille Roccatti dio el martes una conferencia de prensa para denunciar la campaña que hay en contra de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y en beneficio de los violadores de esos derechos. Podría apuntar en la lista de sospechosos a su propia oficina, pues luego de la famosa recomendación fast track relacionada con el caso de la duranguense suicida, Yéssica Yadira Díaz Cázares, ahora la propia CNDH aprobó una prórroga de diez días al gobierno de Maximiliano Silerio para que cumpla lo que se anunció pomposamente y todavía no se cumple a plenitudÉ Ahora que tanto se habla de la democratización del PRI, convendría observar la elección de dirigente de la CNOP en el estado de Baja California Sur, donde el ex diputado federal Rodimiro Amaya busca el cargo por la vía democrática, mientras Román Pozo Juárez, director de Obras Públicas del gobierno estatal, con licencia para competir por el cargo, hace ostentosa campaña con el presunto apoyo del secretario general de Gobierno, Antonio SalgadoÉ