El llamado hecho ayer por el presidente Ernesto Zedillo, en San Cristóbal de Las Casas, para que todos los actores vinculados al proceso de paz en Chiapas den pasos definitivos hacia la pacificación en ese estado y para llevar la negociación hasta sus últimas consecuencias, representa una acción que puede traducirse en la necesaria reactivación del diálogo suspendido en enero pasado.

Para situar este mensaje en su correcta dimensión, es necesario realizar un recuento de los acontecimientos que llevaron al estancamiento del diálogo entre el gobierno federal y los zapatistas. Ha de recordarse que los acuerdos de San Andrés Larráinzar sobre derechos y cultura indígenas --firmados por los representantes gubernamentales y del EZLN--, fueron integrados en una propuesta de reformas legales redactada por la Cocopa, que fue rechazada por el Ejecutivo federal, el cual formuló una contrapropuesta. Este último hecho fue recibido por el EZLN como un desconocimiento gubernamental a lo ya negociado en San Andrés, y fue la causa de que los zapatistas decidieran retirarse de la mesa del diálogo, dando lugar al impasse que hoy vive el proceso de paz.

Esta situación dio pie a un debate, en el que el público en general ha tenido escasas posibilidades de participación debido a su carácter jurídico especializado, sobre cuál de las propuestas se apega más a los acuerdos de San Andrés y si el contenido de ellas es congruente o no con los principios constitucionales.

En esta perspectiva, cabe señalar que, luego de haberse concluido un proceso negociador con la aceptación expresa de sus términos tanto por el gobierno como por los zapatistas, es entendible la negativa de estos últimos a reabrir una negociación ya concluida y signada. Por otro lado, tampoco parece claro que el documento de la Cocopa, tal y como fue redactado, pueda ser aprobado en una Cámara de Diputados en la que, aunque existe una nueva pluralidad y equilibrio, no es seguro que los consensos entre las diferentes bancadas, e incluso al interior de ellas, sean lo suficientemente amplios y sólidos como para permitir la aprobación de esa iniciativa de ley.

Aunque ha de reconocerse la pertinencia del mensaje presidencial para reiniciar el proceso de paz, es necesario señalar que aún subsisten en Chiapas innumerables problemas, inequidades y lacras que deben atenderse para hacer posible una paz digna y justa en ese estado. Por ello, es necesario matizar las afirmaciones presidenciales en el sentido de que el escenario chiapaneco no es el mismo que el de enero de 1994, pues muchos sectores de Chiapas, especialmente los rurales, se encuentran en las mismas condiciones de miseria, marginación e insalubridad que hace tres años, con todo y los 55 mil millones de pesos en recursos federales que se han invertido en la región desde entonces.

En cuanto a las condiciones políticas que prevalecen en la entidad, es alarmante la proliferación de grupos paramilitares apoyados por caciques --como los chinchulines o Paz y Justicia-- que violentan las relaciones económicas y de convivencia entre indígenas y mestizos, la falta de cauces de representación política, la represión y violencia por parte de corporaciones policiacas sin control contra las comunidades indígenas y campesinas, y la presencia del Ejército, todo lo cual impide el desarrollo de las comunidades y ha propiciado la comisión de violaciones a los derechos humanos. El deterioro de la convivencia en la zona del conflicto es evidente y abre la grave posibilidad de que se produzcan nuevos enfrentamientos violentos en diversas regiones de Chiapas.

Ante estas circunstancias, el gobierno federal debe, por un lado, investigar el destino de los 55 mil millones de pesos que se canalizaron al estado, ya que existe una desproporción entre lo invertido y los resultados obtenidos, y existen fundados elementos para suponer que tales recursos no han llegado, en muchos casos, a sus destinatarios. Y por el otro, es urgente emprender acciones eficaces para lograr la necesaria distensión en Chiapas, como un paso indispensable para honrar la promesa presidencial de resolver el conflicto chiapaneco con honestidad y justicia.